"Pese a que el primer problema de la salud en Colombia son las EPS, el gobierno decide premiarlas"

El senador Jorge Enrique Robledo rechazó el anuncio del Gobierno de entregar a las EPS el servicio de salud del magisterio. Lo calificó como un premio a las EPS “recientemente sancionadas”.

Los maestros cuentan con un régimen especial, razón por la cual el servicio de salud prestado por las IPS que reciben los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ese régimen, de la misma manera que el de los empleados de ECOPETROL y de los militares, les da algunas ventajas a los maestros, en comparación con el servicio que reciben los demás ciudadanos. Por ejemplo, tienen acceso a una lista de servicios más amplia que la del POS.

La semana pasada, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció que la salud de los empleados del magisterio podría ser administrada por las EPS. Sin embargo, ella les salió al paso a los cuestionamientos y dijo que el Gobierno se compromete a respetar su régimen. Además explicó que lo que ocurre es que los contratos de prestación de los servicios de salud se vencen el próximo año y es necesario abrir una licitación para ver qué empresas van a prestar el servicio.

En criterio de Robledo, la medida anunciada por el Gobierno tiene tres propósitos:

“Primero, poner bajo el control del cartel recursos adicionales por 1,4 billones de pesos anuales. Segundo, tapar que las dificultades de este régimen especial se deben a que el Gobierno se ha apropiado ilegalmente de los recursos que se deberían invertir en la salud de los maestros. Y tercero, ocultar que las EPS sobran, pues hasta la fecha los maestros no han estado sometidos a estas empresas y sus derechos son superiores a los de los afiliados a las EPS”.

En criterio del senador, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones los abusos del sistema de salud, “esto equivale a premiar al cartel de las EPS, sancionado por la Superintendencia de Industria, que fue la que lo calificó como un cartel, con una multa que supera los 16.000 millones de pesos”.

E increpó a la Superintendencia de Salud diciéndole que “el cartel conformado por ACEMI y las 14 EPS sancionadas se creó para negarles a los colombianos los servicios de salud, cobrar dos veces por los mismos servicios y engañar al Estado para inflar el precio de la UPC, según lo expresó la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Además enumeró otras irregularidades del sistema de salud que, incluso, han sido denunciadas por el Gobierno.

“A pesar de que los hechos demuestran que el primer problema de la salud en Colombia son las EPS, el Gobierno decide premiarlas y de paso lesionar a más de 320 mil familias de educadores”, concluyó.