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| 1/30/2014 12:00:00 AM

Petro, a declarar ante la Fiscalía por basuras

El fiscal general, Eduardo Montealegre, desea escucharlo para valorar su testimonio en la caótica situación.

Para ampliar diferentes aspectos en los que aún tiene duda la Fiscalía, en el marco de las seis indagaciones que en esa entidad se desarrollan contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el ente investigador citará nuevamente al mandatario a interrogatorio.

La diligencia será programada en los próximos 15 días y luego de que se efectúe, entrarán a tomar determinaciones de fondo para establecer si el alcalde es responsable penalmente por el mal manejo que se le pudo dar al nuevo sistema de recolección de basura en Bogotá. Por este mismo caso, la procuraduría destituyó a Petro y lo inhabilitó por 15 años para el ejercicio de funciones públicas.

Según el fiscal general Eduardo Montealegre, los procesos contra Petro se desarrollan directamente por el despacho del vicefiscal José Fernando Perdomo. Aseguró que aún no se ha tomado ninguna determinación, porque la unificación de los mismos ha tomado algún tiempo.

Asímismo, el fiscal rechazó tajantemente que desde la entidad que lidera se hiciera algún tipo de alianza con los excontratistas Emilio Tapia y Manuel Sánchez para hacer ver que detrás de lo sucedido con el alcalde hay un complot.

Montealegre dijo que “la Fiscalía ha actuado con total transparencia y autonomía”. Dijo que él mismo denunció que las afirmaciones de testigos importantes del ‘carrusel de la contratación’ “querían sembrar un manto de duda sobre la Fiscalía, con la finalidad de obstaculizar los procesos”.

El pasado 12 de diciembre apoyándose en las pruebas que practicó la Procuraduría en el proceso disciplinario contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Fiscalía anunció que esperaba en un mes tomar las decisiones en el proceso penal del alcalde. Sin embargo, como lo manifestó el propio Montealegre ese tiempo no se ha podido cumplir por la complejidad del caso.

Montealegre manifestó en esa ocasión luego que se reunió con Petro este en el búnker de la Fiscalía, para escuchar de voz del mandatario capitalino, en una charla informal, los pormenores de cómo se instrumentó el sistema que provocó una crisis en la recolección de residuos en la capital, que no se tomarían determinaciones a la ligera.

“Fue un diálogo informal entre Fiscalía y el señor alcalde de Bogotá, me explicó muy detalladamente cuáles fueron las circunstancias que llevaron a cambiar el modelo de basuras y de aseo en Bogotá. Insistió en que la decisión que se adoptó no fue un modelo de estatización de servicios públicos en Bogotá, que se trata de un modelo mixto donde interviene una empresa pública con la posibilidad de que también intervengan operadores privados”, dijo el fiscal en esa ocasión.

Petro le explicó que uno de los motivos para el cambio de modelo fue una decisión de tutela de la Corte Constitucional, donde se determinó que debían existir dos modelos de operación de basuras en Bogotá.

“Fue muy enfático en señalar el señor alcalde que él consideraba que no existía ninguna violación al principio de que tiene que existir una capacidad técnica de la persona que va prestar el servicios de aseo, porque en este caso la empresa de Acueducto de Bogotá, tenía todas las condiciones técnicas para hacerlo”, explicó Montealegre.

Según lo dicho por el fiscal, Petro justificó la situación que vivió la ciudad los días posteriores al 18 de diciembre del 2012, luego de la puesta en marcha del nuevo sistema de recolección, en que fueron hechos sobrevinientes que dificultaron la implementación del modelo, pero que a la fecha los resultados son satisfactorios y las tarifas para los usuarios se han reducido.

Tras la reunión entre el fiscal y el alcalde, se indicó que se analizarían las declaraciones entregadas por Emilio Tapia y Otty Patiño, en donde se habla de un supuesto complot detrás del tema que llevó a la destitución de Petro.

Petro permanece en su cargo gracias a varias tutelas interpuestas por ciudadanos y que fueron falladas a su favor. En dichas acciones se alegó que con la determinación del Ministerio Público se afectaron derechos fundamentales.

Las declaraciones del fiscal de este jueves fueron entregadas en San Andrés en marco del III foro de Análisis del Sistema Penal Acusatorio.
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