La denuncia que afronta Petro por el POT

Al polémico Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá le nace otro inconveniente. Ahora cursa una denuncia penal en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el cargo de prevaricato por acción, con la que se busca suspender los efectos jurídicos del POT, mientras un juez administrativo resuelve la demanda interpuesta contra el plan de desarrollo urbanístico de la ciudad.

Este viernes, el alcalde de los bogotanos había sido citado a una audiencia preliminar de medidas de protección a la integridad de las víctimas. Petro se excusó de acudir a la diligencia manifestando tener compromisos propios de su cargo que se lo impedían.

Mauricio Pava, representante de los denunciantes, que en este caso son un grupo de constructores, una ONG y algunas organizaciones cívicas y de barrios, aseguró que se ve muy mal que el alcalde no comparezca a dar las explicaciones que les corresponden sobre el tema del POT porque, siendo el primer mandatario de la ciudad, debe “dar ejemplo”.

“Las autoridades penales citaron a Petro a una audiencia de protección a las víctimas para que se discutieran las probables irregularidades en la expedición del POT. Igualmente para adoptar una determinación de si cesaban los efecto jurídicos del POT hasta que las autoridades administrativas tomen una decisión de suspenderlo o derogarlo”, aseguró el abogado.

Según el abogadoa Petro y otras autoridades distritales están siendo investigados porque “la ley en la expedición del el POT fue violentada, se desconocieron las competencias institucionales, se falseó la ley con una extensión en el término calendario que permitía ampliar los términos establecidos para la misma”.

Pava dijo que el POT presentado al Concejo y a la comunidad fue uno y el decretado fue otro, esto según estudios de Camacol y Fenalco.

La audiencia fue reprogramada para el próximo primero de octubre; según el abogado, si Petro y los representantes no acuden a la diligencias programadas, se podrían enfrentar a sanciones desde tipo económico hasta la conducción a la audiencia.

El polémico POT

Cuando se conoció la firma del POT se evidenció que Petro se enfrentaría a diferentes demandas por el tema, puesto que se consideraba que el mandatario estaba pasando por encima del Concejo.

En contra de la mayoría, firmó el decreto para darle vida al Plan de Ordenamiento Territorial, la norma que establece las reglas sobre cómo debe crecer la ciudad, cómo se valoriza la tierra, en dónde se puede construir, qué se puede y qué no. En otras palabras, de él dependen el futuro económico y la convivencia de la ciudad.

El problema es que el Concejo de Bogotá había negado el proyecto de POT propuesto por el alcalde el pasado 7 de junio. En la Comisión de ordenamiento nueve votos se impusieron contra seis. Aun así, el burgomaestre se impuso a la decisión del Cabildo. Ese decreto tiene implicaciones políticas, jurídicas y técnicas que enfrentan el gobierno distrital con diferentes sectores.

El impacto político

En el pasado, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa modificaron el POT por decreto. La diferencia fue que en sus alcaldías no fueron negados sus proyectos, sino que naufragaron por el vencimiento de los términos legales. En ese caso había claridad en la facultad de los alcaldes para pasar la norma.

Hay quienes consideran que el trámite es ilegal, pero también que el alcalde pudo incurrir en prevaricato. Eso respecto a la manera como se tramitó.

Pero también hay dudas jurídicas sobre si el POT decretado por Petro es una reforma o es un nuevo POT. La propuesta de reforma al POT es tan ambiciosa, que la veedora distrital, Adriana Córdoba, en su concepto consideró que no era una simple modificación sino que lo cambiaba todo.

La diferencia es importante porque una modificación es legal y necesaria, pero un nuevo POT es ilegal, pues el vigente no ha cumplido sus cuatro períodos, que es lo que debe cumplir la norma. En las 428 páginas del proyecto que se radicó en el Concejo, se redacta nuevamente casi el 90 % la norma. Ese solo hecho muestra que no se trata de una simple modificación.

Las consecuencias

Mientras los contradictores del alcalde demandan la norma y se surten las diligencias ante la justicia, el POT estará vigente. ¿Cuáles serán las consecuencias?

Según Camacol, la caída de la construcción continuará. El POT establece cargas para los constructores, que deberán ceder el 20 % del área construida de sus proyectos para desarrollar viviendas para los más pobres (VIP), o darle el equivalente en dinero al Distrito para que las haga. También deberán ceder áreas para espacio público y asumir cargas para mantener las redes de acueducto y alcantarillado, entre otras.

Esas cargas son consideradas gravosas y desestimulan la construcción. No obstante, el gobierno distrital quitará los límites de altura para las edificaciones con el fin de que se genere una nueva renta sobre el suelo. Además, en criterio del Gobierno, así se podría acercar a la gente que vive en la periferia al centro de la ciudad.

Otro de los aspectos polémicos es la mezcla de usos del suelo. Hasta ahora la ciudad ha crecido desordenada. Por eso hay barrios en los que hay discotecas o industrias (usos de alto impacto) al lado de zonas residenciales.