Corre el reloj contra Gustavo Petro

Gustavo Petro tiene 50 días. Es el lapso hasta el domingo 2 de marzo, la fecha en la cual la Registraduría Nacional ha convocado a los 5 millones de bogotanos en capacidad de votar para que definan en las urnas la continuidad del alcalde. Durante esas siete semanas, Petro luchará literalmente por su vida política. Mientras enfrenta la doble tenaza de la destitución y la revocatoria, el burgomaestre acude al pueblo en la Plaza de Bolívar y despliega una estrategia jurídica en varios frentes.

Los dos brazos de la tenaza que hoy lo aprieta no son igual de peligrosos. La revocatoria es más bien un salvavidas al que le está jugando porque está seguro de que le puede ganar. No porque los bogotanos lo quieran sino porque el instrumento está diseñado para que sea casi imposible sacar al mandatario a quien se le aplique. La historia de este mecanismo de participación ciudadana desde su reglamentación en 1994 así lo confirma. En 20 años ninguna consulta para remover a un mandatario local ha prosperado.

Si bien es la primera vez que un alcalde de Bogotá enfrenta una revocatoria, el número de electores que deben participar para cumplir las exigencias de la ley es muy alto: 1,2 millones. En un domingo cualquiera a siete días de los comicios parlamentarios, sin otra elección al lado y con los partidos políticos desinteresados del tema y el aparato burocrático del Distrito en contra, lo más probable es que esa convocatoria se hunda. Con ese resultado bajo el brazo, Petro podría argumentar que su mandato ha sido ratificado popularmente.

En consecuencia, la estrategia de Petro es obstaculizar, retrasar o suspender la aplicación de la sanción del procurador para tener la oportunidad de dejarse contar en las urnas. Si lo logra y gana como se anticipa, podría contraponer esa ‘victoria’ a la decisión disciplinaria. ¿Cuáles serían entonces las posibilidades de que Petro sobreviviera hasta el 2 de marzo? Hay, como mínimo, cinco frentes en los que el alcalde de Bogotá estará luchando para retrasar la posible confirmación de su destitución por parte de la Procuraduría.

Los dos primeros son los recursos que tiene el alcalde frente a esa entidad, que fue la que lo destituyó: la recusación y la reposición. En cuanto a la recusación, Petro no parece tener mayores posibilidades. Había recusado no solo al procurador sino a la viceprocuradora y a la sala disciplinaria y estas dos últimas instancias ya han sido resueltas en su contra. En cuanto a Ordóñez, como es él quien toma la decisión, parece poco probable que vaya a reconocer que tiene prejuicios ideológicos frente a la izquierda o que sus decisiones son sesgadas por sus convicciones religiosas, que son los argumentos que el alcalde invocó en la recusación.

Con el recurso de reposición hay más juego. Como en teoría no fue una decisión de Ordóñez sino de los procuradores delegados de la sala disciplinaria, él podría, en su calidad de segunda instancia, cambiar la categoría de la falta de ‘gravísima’ a ‘grave’, con la cual la sanción cambiaría de destitución a suspensión. Aunque nadie cree que el fallo original hubiera podido ser emitido sin que él estuviera de acuerdo, el hecho de que su firma no esté en la resolución le permitiría ese margen de maniobra.

Sin embargo, es poco probable que lo utilice pues iría en contra de su personalidad, la cual se ha caracterizado por anteponer sus convicciones a la conveniencia política. Por otra parte, si lo hace, se expone a quedar mal con los dos bandos: los que ya ofendió con la decisión original y los cientos de miles de bogotanos que se indignarían si Petro mantiene su cargo.

Un tercer escenario ha sido planteado por la intervención del fiscal general en el debate público sobre la sanción. En una entrevista con El Tiempo, Eduardo Montealegre argumentó que como en la Constitución tanto el procurador como el presidente tienen la facultad de destituir al alcalde de Bogotá, no hay claridad total sobre las competencias. Por eso, él considera que Petro tiene razón al afirmar que la facultad del primer mandatario no se limita a la de un notario que simplemente le pone el sello a la decisión del Ministerio Público. En otras palabras, para el fiscal, Santos podría estar en desacuerdo, pedir modificaciones o suspender la sanción.

Esta intervención no fue muy bien recibida en la Casa de Nariño, pues el presidente no quiere que le caiga la papa caliente que le envió Montealegre. Y como dijo su ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, el fallo de la Procuraduría es una decisión final y punto. El papel del primer mandatario es estrictamente formal.

Otro planteamiento que Montealegre hizo en esa entrevista fue igualmente polémico. Afirmó que él, como fiscal, tenía la facultad de intervenir si consideraba que se había cometido alguna irregularidad dentro del proceso o que hubiera una extralimitación de funciones y la sanción fuera desproporcionada. Lo de la facultad de intervenir por irregularidad no lo discute nadie, pero con la teoría de la extralimitación de funciones pocos están de acuerdo.

Se trata de un concepto subjetivo que enfrentaría dos opiniones jurídicas. Se le estaría diciendo al procurador que se equivocó y no hay peligro que Ordóñez acepte este regaño poniendo la otra mejilla. De seguir este camino, Montealegre abriría un segundo frente como el que tiene hoy con la contralora y desataría un choque de trenes de dimensión titánica con la Procuraduría.

El cuarto de los escenarios es literalmente un tiro al aire. Apenas se supo del fallo contra el alcalde de Bogotá, sus seguidores montaron una ‘tutelatón’. Este ejercicio de activismo político consiste en la instauración de centenares de tutelas de personas que supuestamente votaron por el alcalde con el argumento de que con la destitución se estarían violando los derechos políticos de esos electores. De estas se han presentado más de 1.000 y es el equivalente jurídico a disparar con escopeta de perdigones y cruzar los dedos para que uno o más proyectiles den en el blanco. Es decir, que algún juez les coja la caña.

Un último escenario que genera esperanza dentro de las filas petristas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH). A mediados de diciembre, el alcalde y su equipo de abogados viajaron a Washington para solicitar medidas cautelares y la revisión de su caso. Las medidas cautelares son un mecanismo de emergencia en el cual este organismo en una situación de “gravedad y urgencia” le pide a un Estado la adopción de medidas que eviten un “daño irreparable”, que por lo general se refiere a la integridad y la vida de las personas. En otras palabras, se solicita que se congelen decisiones para salvar vidas.

Petro no está en esta categoría, pero se está vendiendo obviamente no como un gobernante inepto sino como un guerrillero desmovilizado perseguido por la derecha. Este es un mensaje que podría llegar a tener eco dentro de los círculos de defensa de los derechos humanos en Washington. Petro confía en que esto, sumado a las negociaciones de paz del gobierno con las Farc, podría crear un entorno favorable a su caso.

La semana pasada la CIDH le pidió a la Cancillería colombiana más información sobre el fallo contra Petro y la Procuraduría le envió un informe. Aunque se trata de un trámite de rigor, este ha despertado optimismo en las filas petristas acerca de una decisión favorable de la Comisión.

En conclusión, en la paradójica carrera contrarreloj del alcalde Petro hacia su revocatoria se vislumbran más obstáculos y barreras que una ruta despejada. Los recursos legales, las intervenciones políticas y las instancias judiciales no auguran buenos resultados en el objetivo de suspender la sanción de Ordóñez, al menos, hasta el 2 de marzo. Las esperanzas se concentrarían en Washington: una medida cautelar de la CIDH capaz de frenar la aplicación del fallo el tiempo suficiente para que la revocatoria llegue a las urnas. Quedan 50 días.