Los $16 millones que Petro le pide al Estado

En conciliación, trámite que se debe adelantar a instancias de la Procuraduría General de la Nación, se deberá decidir el reclamo del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a la Nación por los sueldos que dejó de percibir mientras estuvo por fuera del Palacio Liévano por cuenta de la decisión del mismo Ministerio Público que lo destituyó e inhabilitó 15 años para el ejercicio de cargos públicos.

El alcalde, restituido por una decisión cautelar del Tribunal Superior de Bogotá, pide una suma de 16,3 millones de pesos. La pretensión hace parte de la acción de nulidad y restitución del derecho con la que el alcalde capitalino busca, de fondo, tumbar la sanción que le impuso la Procuraduría.

Petro había obviado el paso de la conciliación, pues consideraba que cada día que pasaba fuera del poder se vulneraba aún más su derecho de ser elegido, aunque en ese momento no se buscaba un resarcimiento económico. Sin embargo, debió volver a esta instancia en cumplimiento de la ley y fue entonces cuando decidió pedir por los salarios dejados de cobrar.

Semana.com conoció en su poder el escrito de 86 hojas radicado en la Procuraduría en el cual la defensa el mandatario local solicita audiencia con el procurador general de la Nación, para llevar a cabo el trámite conciliatorio de rigor.

Allí y solicita que "se condene a la Nación-Procuraduría General de la Nación a pagar al Dr. Francisco Petro Urrego, todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta cuando se produzca su reintegro”, suma que asciende a 16,3 millones y que continúa creciendo con el paso de los días.

Desde luego, también está la reclamación para ‘tumbar’ el fallo del Ministerio Público: “Que a título de restablecimiento se ordene el reintegro del Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego al cargo de alcalde mayor de Bogotá”, así como que se elimine del registro de antecedentes disciplinarios cualquier tipo de sanción contra el burgomaestre.

El documento indica, además, que “las conductas del procurador general de la Nación, al haber destituido irregularmente y el presidente al haber acatado y ejecutado tal decisión, en los términos antes referidos, violaron todos los derechos fundamentales del demandantes, tales como el derecho político, el derecho al debido proceso, el derecho al juez natural, el derecho a ser reemplazado por un miembro de su partidos y muchos más, entre ellos el derecho al trabajo”.

El abogado Héctor Carvajal, quien defiende los intereses de Gustavo Petro, dijo a Semana.com que esta solicitud se interpuso “para demostrar que no tenemos ningún ánimo dilatorio, la defensa no lo tiene, decidimos presentarla ante el procurador general de la Nación, quien es a quien le compete llevar a cabo esta diligencia”.

Ahora, la Procuraduría delegada para Conciliación Administrativa tendrá en sus manos la decisión de convocar la audiencia en donde deberán estar cara a cara Gustavo Petro y un delegado de la Procuraduría. Lo más probable es que no exista acuerdo alguno, pero esto servirá como estrategia para los abogados del mandatario, que no quieren dejar cabos sueltos en su objetivo de dejar sin efecto las sanciones de la Procuraduría.