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| 2/19/2014 12:00:00 AM

Magistrado: pruebas contra Petro son “imprecisas y confusas”

Para el magistrado Guillermo Vargas Ayala, la Procuraduría no permitió al alcalde defenderse con plenas garantías.

Este miércoles hacía las 2:00 p. m. continuará en el Consejo de Estado la discusión acerca de la tutela que define la permanencia de Gustavo Petro en el Palacio Liévano. Semana.com revela algunos aspectos de la ponencia elaborada por el magistrado Guillermo Vargas Ayala, la cual abrió toda una polémica ente los magistrados por lo que allí solicita: decidir a favor del alcalde.

Este proyecto de fallo se mantiene en secreto por parte de los 25 magistrados que tienen copia en sus despachos. Sin embargo, trascendieron apartes del texto de la ponencia del magistrado Vargas Ayala, que revelan duros cuestionamientos a los peritos de la Procuraduría.

Estos funcionarios del Ministerio Público fueron designados para realizar el análisis de impacto ambiental de los días se presentó que entró en operación en nuevo esquema de basuras de la capital, que terminó por configurar el tercer cargo por el cual fue sancionado el alcalde mayor.

En ese entonces muchos bogotanos se quejaron de la improvisación del Distrito, que implicó que no se recogieron las basuras con la frecuencia usual -mientras estas se acumulaban en las esquinas y las zonas verdes- y que cientos volquetas debieran oficiar como camiones recolectores, ante la ausencia de la flota vehicular adecuada.

Según la ponencia que estudia la Sala Plena del Consejo de Estado, calificó las apreciaciones de los peritos de la Procuraduría como “imprecisas y confusas” y señala que no tienen la claridad ni la precisión que exige el ordenamiento jurídico.

Respecto de las pruebas documentales, relacionadas con las advertencias de diversas entidades de control frente a la supuesta inconveniencia de la adopción del nuevo esquema de aseo, el magistrado advierte que “no refuerzan la actuación dolosa de Petro”, como lo sostuvo la Procuraduría, pues no se alertaba sobre la inminencia de una falta disciplinaria sino acerca de las dificultades que afrontaría la administración para ponerlo en marcha en ese momento.

Se hizo especial énfasis en la ponencia dejar patente la negativa de la Procuraduría de que unos expertos de la Universidad Nacional realizaran un nuevo dictamen ambiental, lo que “significó una seria limitación a la posibilidad de desvirtuar el análisis realizado por la Procuraduría, con lo cual se puso una talanquera al derecho de contradicción”, se señaló.

Para Vargas Ayala, la Procuraduría, en vez de demostrar responsabilidad de Petro en una falta disciplinaria, sólo concluyó que el alcalde cambió el modelo de recolección de basuras para ponerlo en cabeza del Distrito. Adicionalmente, destacó que si bien el Ministerio Público no estaba de acuerdo con ese giro en la prestación del servicio, ello no implicaba necesariamente la imposición de una sanción.

En su parte resolutiva, la ponencia pide “revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar, conceder el amparo de tutela solicitado como mecanismo transitorio del derecho fundamental al debido proceso del señor Gustavo Francisco Petro Urrego”.

También solicita “suspender los efectos de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria, hasta que la justicia contenciosa administrativa se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de dichos actos administrativos”.

En la tarde de este miércoles reiniciará la discusión definitiva por parte de los 25 consejeros de Estado, quienes deberán definir si aceptan o no la ponencia presentada por el magistrado Vargas Ayala.

De no ser así, se derrotaría la ponencia y por sorteo otro nuevo magistrado tendría que elaborar un nuevo proyecto de fallo, que iniciaría de cero. De darse favorablemente al alcalde, eso significaría -en la práctica y sin perjuicio de lo que se decida en la revocatoria- que Petro se queda. 
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