¿El Plan de Ordenamiento de Petro está muerto?

En una verdadera novela se ha convertido el decreto que firmó el alcalde Gustavo Petro para ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial.

El alcalde había dicho que no necesitaba la aprobación del Concejo de la ciudad y que, según sus asesores jurídicos, él podía hacerlo. Pero ahora el Consejo de Estado, en un concepto, echa por tierra esa interpretación y el POT entra en un terreno incierto.

Según divulgó RCN La Radio, el concepto firmado el pasado 2 de septiembre asegura que si el Concejo no aprobó en diferentes sesiones el proyecto de acuerdo de revisión o modificación del POT, el alcalde no puede adoptarlo por decreto, pues estaría saltando las funciones del cabildo distrital y contrariando las facultades constitucionales y legales de esa corporación.

El actual POT, adoptado en el año 2000, tiene vigencia hasta diciembre del 2015. Según la norma, estos Planes deben ser revisados por los concejos cada 12 años. “Serán archivados los proyectos que no recibieren aprobación en primer debate y también serán archivados los proyectos de acuerdo en los que se aprobó la ponencia negativa en primer y segundo debates”, dice el Consejo de Estado.

¿Por qué Petro lo definió por decreto? Porque el proyecto de modificación del POT se presentó una vez en la Comisión del Plan de Desarrollo donde no se tomó ninguna determinación.

¿Qué va a pasar? La cabildante liberal María Victoria Vargas, una de las que elevaron consultas sobre la legalidad de la actuación de Petro sobre el POT, le dijo a Semana.com que con la acción del burgomaestre el Plan de Ordenamiento Territorial está muerto.

Pese a que el Plan sí está vigente mientras el alcalde no lo revoque o alguna autoridad lo declare inválido con base en las demandas, esa normativa sí entraría en una especie de limbo que le hace mucho daño a la ciudad, según la concejal.

“Este decreto no ha tenido el respaldo de las instituciones de control. La Procuraduría, el Concejo, la Personería y la Contraloría le dijeron a Petro lo mismo que ahora dice el Consejo de Estado. Al alcalde le queda una salida y es volverlo a presentar para que el cabildo distrital tome una decisión de fondo. Sería bueno no generar más incertidumbre porque eso frena todos los planes y proyectos de la ciudad, y muchos inversionistas frenarían su inversión”, dijo la concejala.
 
Así pues, el decreto por ahora sigue vigente porque el concepto del Consejo de Estado no es obligatorio. El balón ahora está en el campo de la Alcaldía, donde hasta el ahora no se han pronunciado.