Piden aclarar financiación de marchas a favor de Petro

La destitución de inhabilidad por 15 años del alcalde Gustavo Petro no cesa de generar nuevos hechos. Tras el revolcón judicial que provocó la decisión del magistrado José María Armenta al suspender la decisión, ahora uno de los escuderos más fieles del procurador, Javier Suárez, director de la Fundación Marido y Mujer, solicitó investigar las finanzas de las continuas marchas a favor del alcalde.

Ante la Contraloría y la Personería distritales fueron radicadas las quejas contra alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y los secretarios del Distrito para que expliquen cómo se financian las marchas y manifestaciones que se han registrado en los últimos días en la capital de la República en contra del fallo de la Procuraduría General.

Con la queja se busca establecer la existencia de un presunto peculado por apropiación.

Para Suárez, “el peculado por apropiación consiste en usar dineros públicos para provecho personal”, y considera que las autoridades fiscales deben investigar quién está pagando la instalación de las tarimas en la Plaza de Bolívar, el alquiler de las mismas, la impresión de la papelería que dice “Petro se queda” y la persona encargada del audio y de la música en las manifestaciones que se están presentando a diario.

Según la solicitud, cada una de las tarimas tiene un costo de entre 18 millones y 24 millones de pesos. “Por esto se debe investigar quién y de dónde salen los recursos para pagar la instalación de las mismas, algunas de las cuales están en la Plaza de Bolívar desde el pasado 9 de diciembre”, señaló.

“El alcalde, que está en tránsito de destitución, tiene todo el derecho a defenderse, pero no se puede permitir que esa defensa sea hecha con dineros del Distrito. Hago un llamado a la defensa de los recursos públicos”, precisó el accionante, quien el pasado miércoles radicó una queja en contra del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, José María Armenta por un conflicto de intereses.

De la misma manera, solicitó a los entes de control que se investigue como se están pagando los abogados y los viajes del mandatario a Washington, en medio de todo el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.