Procurador general podría ser sancionado por intento de dilación

Para la magistrada del Consejo de Estado Rocío Araújo es posible que el recurso que presentó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, para evitar que los consejeros Stella Conto y Alberto Yepes sigan participando en la demanda que busca sacarlo de su cargo haya sido un intento desleal por dilatar el proceso.

Por eso, la jurista no sólo rechazó las recusaciones que presentó Ordóñez en persona este martes, sino que pidió que se abra un incidente para verificar si se trata de una maniobra irregular para darle más largas al asunto, y así poder emitir una sanción contra el funcionario por temeridad.

Este lunes se conoció la decisión de la Comisión de Acusación de la Cámara de abrir investigación disciplinaria a los magistrados del Consejo de Estado Stella Conto, Alberto Yepes y Danilo Rojas por supuestas actuaciones irregulares en el proceso que cuestiona la legalidad de la reelección del procurador.

Esa célula legislativa resolvió así la primera etapa de la queja que presentó el exmagistrado Marco Antonio Velilla, quien está convencido de que sus compañeros han intentado favorecer a los que quieren tumbar a Ordóñez de diferentes maneras.

Señala a Stella Conto de haber filtrado información a Semana.com, que este portal utilizó para elaborar artículos periodísticos, y de haber filtrado documentos reservados de otro proceso judicial a uno de los demandantes, Rodrigo Upimny, para que este pudiera recusar a consejeros que, se presume, se opondían a la anulación de la elección del procurador.

Velilla también cuestiona que Danilo Rojas no se haya declarado impedido de participar en la definición de las primeras recusaciones, pese a haber integrado Dejusticia, el organismo demandante, y acusa a Alberto Yepes de varias probables faltas, entre ellas el haber filtrado información de la ponencia del caso Ordóñez a la columnista de El Tiempo María Isadel Rueda.

Por todos estos hechos se abrió la investigación disciplinaria y, a la mañana siguiente, el propio jefe del Ministerio Público acudió a la Secretaría General de la máxima instancia contenciosa para radicar las respectivas recusaciones. Lo hizo para buscar que los consejeros Conto y Yepes se apartaran del caso; no así en el caso de Rojas, quien se encuentra impedido.

Sin embargo, el resultado fue diametralmente contrario a lo esperado por el procurador, pues el requerimiento se resolvió inmediatamente en su contra y ahora enfrenta la posibilidad de ser sancionado, dado que la ponente Rocío Araújo lo interpretó como una acción desleal que buscaba dilatar el caso.

Por eso, la consejera pidió abrir un expediente especial para estudiar la posibilidad de sancionar por temeridad a Ordóñez y para que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá establezca si cree conveniente investigar disciplinariamente a Alejandro Cadena Molano, abogado del jefe del Ministerio Público.

Dado que la solicitud del alto funcionario fue rechazada de plano por parte de la ponente, el caso no tendrá que ser estudiado en Sala Plena, lo que implica que el Consejo de Estado ya no se tomará los 30 días que -en promedio- se cree que se tomaría el plenario para volver a estudiar el fondo de la demanda.