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| 10/1/2015 9:00:00 PM

Pablo Bustos pone la lupa sobre Silvia Gette y la U. San Martín

El presidente de la Red de Veedurías busca que las autoridades aceleren los procesos contra quienes se han aprovechado de los recursos de esas instituciones.

La exrectora de la Universidad Autónoma Silvia Gette disfruta, por ahora, de su ‘mansión por cárcel’. Como lo había revelado Semana.com, fue trasladada del centro penitenciario El Buen Pastor en Bogotá a su residencia del barrio El Golf en Barranquilla, donde desde hace muchos años conserva un costosísimo inmueble con todo tipo de comodidades.

Desde la amplitud de sus grandes salas y sus estudios pintados con cuadros folclóricos, verá pasar el tiempo de su condena. Un juez la sentenció a seis años de prisión por haber sobornado al exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, ‘Don Antonio’, para que cambiara una versión en su contra dentro del proceso por la muerte del empresario Fernando Cepeda.

A esta mujer de origen argentino se le ha señalado de haber instigado ese homicidio. Pero hasta ahora la justicia no ha podido demostrar su culpabilidad.

La Fiscalía encontró ajustadas las razones para imputarle los delitos de soborno en actuación penal. Un juez acogió los argumentos y la condenó. Pero Silvia, aquella joven que se inició como bailarina, tiene otro proceso a cuesta.

Se trata de la presunta falta de haber sacado de la Universidad Autónoma un millón de dólares que fueron a parar a unas cuentas en el exterior. Sobre este delito –abuso de confianza agravada– tiene una medida de aseguramiento.

La Fiscalía está haciendo su parte para que el dinero regrese a las arcas de la Universidad. Pero ahora entra otro actor en esta historia. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, le puso la lupa a este caso.

Bustos, acostumbrado a dar peleas contra políticos, empresarios y gente del común que abusa de los dineros públicos, ahora busca que la Oficina de la Transparencia de la Presidencia haga un acompañamiento exhaustivo a las irregularidades encontradas durante la gestión de la exrectora, así como las que también se presentaron en otro grave caso en el ámbito de la educación superior: la Universidad San Martín.

Como se sabe, esta última entró en la órbita del Ministerio de Educación por los innumerables problemas derivados del mal manejo de los recursos en detrimento de la comunidad estudiantil y de los trabajadores a quienes no les han pagado un peso luego de laborar por décadas.

Bustos asegura que no descansará hasta que la justicia tome cartas en el asunto del desvío de estos recursos.

En conversación con Semana.com, aseguró que se hace necesario imprimir celeridad a las quejas formuladas e imponer sanciones ejemplarizantes, pues de lo contrario se abre la puerta a la corrupción sistemática de la educación privada, que es la única esperanza fundada de miles de colombianos que entregan su esfuerzo y su recursos en la búsqueda de formación de calidad.

Bustos asegura que interpondrá las acciones legales a las que haya lugar para que tanto la exrectora Gette como los representantes de la San Martín devuelvan los dineros indebidamente apropiados.

A esto se suma el grito de auxilio de 2.000 estudiantes que enviaron a los organismos de control una carta en la que piden celeridad con las investigaciones. Esto en lo que tiene que ver con los bienes que están a nombre de Gette o de sociedades y que consideran fueron adquiridos con dineros de la Universidad.

En un comunicado público los estudiantes de Uniautónoma piden a la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades recuperar los bienes que la exrectora compró fraudulentamente con dineros de la universidad.

“Para los estudiantes es injusto que en medio de sus procesos judiciales la exrectora continúe beneficiándose y usufructuando las más de 26 propiedades que compró en Colombia y en el exterior con los recursos que habría extraído fraudulentamente de la institución, como el millón de dólares que desvió a una cuenta en el extranjero y los autopréstamos que constantemente se hizo sin autorización del Consejo Directivo”, dice el texto.

El tema de Silvia Gette, como parece, es de nunca acabar. Pero serán las autoridades, más allá de los pedidos ciudadanos, las que determinen las presuntas faltas y si se tomarán medidas adicionales para proteger los patrimonios de estas instituciones universitarias, en las que miles de estudiantes depositaron sus sueños y expectativas.
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