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| 12/6/2013 12:00:00 AM

La última esperanza de Piedad Córdoba

El Consejo de Estado ordenó las pruebas de la demanda con la que la exsenadora busca tumbar la destitución e inhabilidad por 18 años.

Luego de  que la Corte Constitucional le negara una tutela con la que pretendía tumbar la destitución de 18 años que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez, la exsenadora Piedad Córdoba parecía no tener más opciones para seguir vigente en la política electoral.
 
Pero no es así. Piedad aún guarda las esperanzas de recobrar su vida política con una demanda que cursa en el Consejo de Estado.  Esta semana el Alto Tribunal decretó las pruebas y el próximo 27 de enero escuchará los testimonios los exsecuestrados y excongresistas Luis Eladio Pérez y Gloria Polanco, el senador Jorge Eduardo Gechem y el general Luis Mendieta. Para el 29 de enero los magistrados escucharán al coronel Luis Enrique Murillo, el sargento Arvey Delgado y el exrepresentante a la Cámara Orlando Beltrán Cuellar.
 
El Consejo quiere saber hasta dónde ellos, en la época en que estuvieron en poder de las Farc, escucharon o se enteraron de las presuntas relaciones de la exsenadora con el grupo guerrillero.  Piedad fue una de las que, a través de su grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, participó en la liberación unilateral de estas personas como un gesto humanitario de la guerrilla.
 
El Consejo de Estado solicitó igualmente documentos e informes elaborados por las autoridades y las declaraciones utilizadas con las que se le dio vida al proceso mediante el cual terminó sancionada la exsenadora.
 
Uno de los puntos clave en la demanda de Piedad está relacionado con la validez de las pruebas que sustentaron la decisión del procurador Ordóñez. Toda vez que la Corte Suprema de Justicia en providencia de mayo de 2011, dejó sin vigencia el valor probatorio de la información contenida en los computadores incautados al abatido jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’ en la ‘Operación Fénix’, realizada en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano. Pruebas estas que sí fueron avaladas por el Ministerio Público.
 
La Corte deberá mirar esta demanda con lupa no solo por la importancia y lo delicado de la decisión final, sino porque en caso de darle la razón a Córdoba, se abriría la puerta a que otros procesos en los que estas pruebas sirvieron como base, se caerían. Amanecerá y veremos.

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