Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2016/08/10 00:31

¿Volverá Piedad Córdoba al Congreso?

Más que un gran triunfo de la exsenadora, el fallo del Consejo de Estado que tumbó su inhabilidad política es una dura derrota del procurador Ordóñez.

El procurador Alejandro Ordóñez y Piedad Cordoba. Foto: Fotomontaje SEMANA

El Consejo de Estado le dio un nuevo batacazo al procurador Alejandro Ordóñez. Declaró ilegal la sanción que le había impuesto a la senadora Piedad Córdoba por ‘Farcpolítica’. Una decisión que había sido muy controvertida por el papel que en el momento jugaba Córdoba como facilitadora de la liberación de personas secuestradas por las FARC y por la discusión que siempre ha existido sobre si la Procuraduría tiene la facultad de destituir a funcionarios elegidos por voto popular. No menos controversial era el hecho de que el procurador y la exsenadora militan con vehemencia en orillas políticas totalmente adversas.

Por todo esto, el revés del procurador Alejandro Ordóñez pesa más que la victoria alcanzada por Piedad Córdoba. Sobre todo porque ella todavía tiene que cumplir una segunda destitución que le impuso el jefe del Ministerio Público y, en consecuencia, aún no puede retornar la actividad política.

El caso que tumbó el Consejo de Estado tiene que ver con los contactos de Piedad –supuestamente escondidos bajo el sobre nombre de Teodora– con las FARC. Estos aparecieron en correos que la exsenadora se habría cruzado con miembros de las FARC para apoyar la liberación de personas privadas de la libertad, según ella, pero que –de acuerdo con la Procuraduría– sugerían una relación ilícita. Cuando la Corte Suprema de Justicia estudió la legalidad de las pruebas recogidas del computador que fue encontrado en el campamento donde murió Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, las declaró ilegales, al concluir que no se había guardado la cadena de custodia.

La consecuencia de este dictamen derivó en la caída de todos los procesos penales basados en esta evidencia, lo que puso en tela de juicio que la guerrilla de las FARC hubiera establecido un pacto político con congresistas y otros dirigentes, similar al que establecieron otros tantos con los paramilitares. La llamada “Farcpolítica” nunca alcanzó las dimensiones que, en cambio, tuvo la “parapolítica”.

Pero mientras la Fiscalía archivaba decenas de actuaciones y los jueces absolvían a algunos imputados que fueron sindicados de tener nexos con la guerrilla por aparecer reseñados en esos archivos, el procurador se distanció del concepto de la Corte y utilizó las pruebas para investigar, juzgar y sancionar a Piedad Córdoba como supuesta colaboradora de las FARC, con todo y que esos elementos fueron concebidos como ilegales.

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Las conclusiones de Ordóñez en ese entonces fueron tan vehementes que hasta pidió que la investigaran penalmente, como probable copartícipe de los delitos de lesa humanidad cometidos por esa organización insurgente, una indagación que, por cierto, fue archivada hace apenas unos días.

Al final, la exsenadora terminó siendo la única funcionaria de renombre que terminó salpicada por el hasta ahora no probado escándalo de la ‘Farcpolítica’. Y aunque en su momento acudió a instancias nacionales e internacionales para tumbar el fallo, fracasó: en ninguna de esas etapas logró un dictamen a su favor sobre la ilegalidad de las pruebas con las que fue sancionada.

Cuando trató de convencer al Consejo de Estado de que el proceso en su contra no tenía validez, lo hizo precisamente apelando a ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, que había tumbado el material hallado en el computador de ‘Reyes’. Ahí sí dio en el blanco. La Sala Plena del alto tribunal invalidó la inhabilidad de Córdoba y ordenó pagarle a la dirigente los salarios que dejó de percibir entre el 2010 y el 2014, que ascienden a cerca de 1.000 millones de pesos.

Y aun cuando la decisión no le permite volver a aspirar a cargos de elección popular, por culpa de la segunda inhabilidad que le impuso el propio Ordóñez, Piedad afirma que ninguna de esas sanciones la alejó jamás de la vida política. Al contrario, ello la impulsó para seguir dando pasos de gigante en ese campo, así estuviera por fuera del Senado.

En diálogo con Semana.com, dijo que en estos seis años estuvo ejerciendo la actividad política con mucha intensidad, a través de la Marcha Patriótica, el Frente Amplio por la Paz y otros instrumentos que, según ella, le han permitido seguir trabajando por la paz con justicia social para Colombia.

Por eso, la exsenadora liberal no duda que si el Consejo de Estado tumba el otro fallo que la tiene todavía al margen del ejercicio de funciones en cargos estatales, buscará conquistar un espacio en una eventual Asamblea Nacional Constituyente que, espera, termine siendo la carta de navegación hacia la reconciliación que ha empezado a cosecharse con los acuerdos de La Habana (Cuba).

Cuando a Córdoba se le pregunta si cree que fue víctima de una persecución política, señala enfáticamente que basta con leer el libro ‘ChuzaDAS’, en el cual el periodista Julián Martínez describe cómo todos los opositores al expresidente Uribe, como ella, fueron blanco de una persecución sistemática, basada en el ‘delito de opinión’.

Para ella, esta decisión del Consejo de Estado trae un mensaje positivo para los propósitos de paz que viene tratando de convertir en una realidad palpable la sociedad colombiana. Y, a juzgar por las tantas ocasiones en las que la dirigente se prestó como mediadora para lograr la liberación de secuestrados y convencer a la guerrilla de abandonar esa práctica, no es descabellado pensar en ella como la persona que puso la primera piedra del proceso que está cerca a finiquitarse en La Habana.

De hecho, cuando el presidente del tribunal de lo contencioso dio a conocer el comunicado que le transmitió al país la noticia que tiene tan contenta a la exsenadora, recordó que Córdoba se prestó para lograr la liberación de 24 secuestrados por las FARC con autorización del mismo presidente Uribe y que lo propio hizo al llegar Juan Manuel Santos al relevo de este último en la Casa de Nariño.

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