Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/05/07 00:00

Caso Fabián Vargas: lecciones de un desadaptado

El asunto del joven que disparó al Esmad, en el centro de Bogotá, con un revólver de fogueo abre el debate sobre cómo sancionar a quienes ponen en riesgo a la comunidad.

Con un arma de mentiras Fabián Vargas puso en riesgo su seguridad y la de todas las personas que se manifestaron durante el Día del Trabajo en la plaza de Bolívar. Foto: EFE

Un misterioso encapu-chado que apareció en los noticieros disparando con un revólver a policías del Escuadrón Antidisturbios, en plena marcha del Día del Trabajo en Bogotá, motivó todo tipo de interrogantes. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? ¿A quién representaba? Las preguntas quedaron resueltas en poco tiempo, cuando se entregó a las autoridades, y las respuestas trajeron más de una sorpresa.

En efecto, se trata de Fabián Vargas, de 26 años, un mensajero que vive en un barrio del suroccidente de la capital, tiene pocos amigos, le encantan las series de ficción y –como cualquier persona de su edad– sueña con que lo reconozcan en las redes sociales. “Lo hice de una manera impulsiva, de momento, euforia, no fue con el fin de hacerle daño a nadie ya que el arma que aparece en el video no es un arma real, de venta libre, solo hace detonación”, confesó a la Policía.

Su actuación puso en riesgo la vida de cientos de personas y la de él mismo. Si en vez de mantenerse estáticos, los agentes del Esmad hubieran decidido reaccionar, el final de la historia habría sido otra y quien sabe con qué trágicas consecuencias. Tanto él como los cientos de personas que estaban a su alrededor habrían podido ser víctimas fatales de lo que un joven con espíritu escénico consideró una aventura.

Pero para el juez, no hubo motivos para imponer un castigo. Y como el arma con la que el joven hizo el disparo no era letal y el sujeto no tenía antecedentes penales, decidió dejarlo en libertad: “No es un peligro para la sociedad”, dijo. Pero, más allá de sus intenciones, hay quienes consideran que a Vargas se le debió abrir un proceso penal o, como mínimo, haberlo sancionado duramente.

Entre ellos están Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, quien pidió una investigación exhaustiva, y la Fiscalía, que lo acusó de violencia contra servidor público en la modalidad de violencia psicológica. Delito o no, el hecho de disparar con un arma de salva –pero idéntica a una real– y con ello poner en riesgo miles de personas en una manifestación debe tener un castigo. Si bien el Código Penal no contempla penas para situaciones como el caos que generó Vargas en el centro de Bogotá, sí lo hace el proyecto de Código de Policía que se discute en el Congreso. La iniciativa, que cuenta con tiempos muy apretados para que la apruebe la Cámara de Representantes, incluye una propuesta para sancionar a quienes ejerzan conductas agresivas que generen pánico y alteren la tranquilidad colectiva.

En particular, el código propuesto determina multas para personas que porten armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o espráis, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento asimilable a armas de fuego, en áreas comunes o lugares abiertos al público donde haya aglomeraciones de personas. Así mismo, para quienes usando estas armas incurran en comportamientos contrarios a la convivencia.

Si alguna de las personas que comete una de esas infracciones así lo quiere, en vez de pagar la multa –que oscila alrededor de los 170.000 pesos– puede tomar un curso pedagógico a cargo de la autoridad municipal. Con esa posibilidad, se fortalece el espíritu pedagógico del código, el cual parte de una premisa básica: vivir en comunidad implica compromisos que, de ser vulnerados, requieren una sanción social.

Más allá del riesgo que corrieron Fabián Enrique Vargas y los miembros del Esmad, y del susto que tuvieron los transeúntes de la plaza de Bolívar, el hecho que protagonizó el joven bogotano terminó por aumentar aún más la mala fama que tiene la protesta social en Colombia. Ya es común que se infiltren encapuchados, delincuentes y desadaptados que llevan a que las manifestaciones desemboquen en enfrentamientos violentos con las autoridades y actos vandálicos contra el espacio público y el comercio.

Y la única forma de proteger el derecho fundamental a protestar en paz y descriminalizar esas manifestaciones es, precisamente, castigar de manera ejemplarizante a los violentos o desadaptados que ponen en riesgo a los demás.

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