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| 12/18/1989 12:00:00 AM

Pitazo final

Con el asesinato del árbitro Alvaro Ortega, la crisis institucional del fútbol colombiano toca fondo.

Aunque suene duro, para nadie fue una sorpresa. Cuando el pasado miércoles 15 se conoció la noticia del asesinato del árbitro de fútbol Alvaro Ortega, todo el mundo sintió que esta también era una muerte anunciada. Desde el secuestro, hace exactamente un año, del juez Armando Pérez, se supo que lo peor estaba por venir. En esa ocasión Pérez fue el portador de un mensaje en el que las mafias de apostadores amenazaron con "borrar" a todo aquel árbitro que no pitara bien. Las cosas se calmaron un poco con la llegada a la Dimayor de Alex Gorayeb y con las tibias medidas tomadas por el gobierno a raíz de las irregularidades del octogonal del año pasado, y el episodio del secuestro se olvidó bien pronto.
Pero el pasado miércoles el sentimiento general fue el de parar el tren del fútbol antes de que atropellara a más personas. Un poco antes de las once de la noche, luego de salir del estadio de Medellín en compañía de su colega Jesús Díaz, Ortega fue abaleado en pleno centro de la ciudad. Había oficiado esa noche como juez de línea en el encuentro Medellín-América y la crónica deportiva paisa había catalogado su actuación de buena. Pero, aparentemente, el supuesto pecado del árbitro era de un mes antes. En Cali, el 26 de octubre, dirigió las acciones entre América y Medellín que perdió el conjunto paisa por 3-2.
En esa ocasión, el árbitro anuló un gol de Carlos Castro, del Medellín, y expulsó a uno de los jugadores del conjunto paisa. Momentos antes de su muerte, antes de que se iniciara el partido del miércoles pasado, Ortega reconoció un error de su parte en la anulación de ese gol.
Y el error lo pagó con su vida. Al día siguiente del partido, el jueves en la mañana, en una llamada a una de las emisoras bogotanas, un supuesto sicario que participó en el crimen afirmó que la anulación de ese gol le había costado mucha plata a sus jefes y que había otro árbitro que se estaba "portando mal". Pero, ¿quiénes son esas personas que llegan hasta el asesinato por una cuestión de plata? Todo parece indicar que se trata de grupos de apostadores que, en este caso, se vieron afectados por la derrota del DIM en Cali.
Lo de los apostadores no es nuevo. En el estadio El Campín, de Bogotá hay tribunas que domingo a domingo son tomadas por grupos de apostadores que juegan gruesas sumas durante los encuentros. Algo similar ocurre en Medellín, donde las apuestas alcanzan cifras millonarias insospechadas. Es común escuchar a personas que apuestan cientos de miles de pesos al próximo saque de banda o a ver a qué equipo favorece el siguiente tiro de esquina. Se trata de gente con mucho dinero en efectivo. Y si apuestan, por ejemplo, 100 mil pesos a un saque de banda no es difícil imaginar lo que arriesgan en el resultado final de un partido. La fiebre de las apuestas llega hasta tales extremos que, ante el cierre de los hipódromos colombianos, estas personas le juegan a las carreras de caballos del hipódromo de Caracas y se reúnen a escuchar las transmisiones radiales por banda corta.
DE ORDEN PUBLICO
La primera reacción de la Dimayor, tras el asesinato de Ortega, fue la de suspender indefinidamente el campeonato. Con excepción de clubes como Millonarios y Unión Magdalena, que adujeron razones económicas para ponerse en contra de la determinación, todos los demás estuvieron de acuerdo. En una reunión extraordinaria, el viernes pasado, con los dirigentes de los seis equipos que están en las finales (Junior, Millonarios, América, Medellín, Unión Magdalena y Nacional), la Dimayor decidió aplazar su decisión hasta este miércoles, cuando se reúna la asamblea de la entidad. Pero desde ya se conocen algunas posibilidades: cancelar el campeonato y declararlo desierto; jugar lo que resta a puerta cerrada, sin transmisiones de radio, con televisión en diferido y sin que los dos primeros asistan a la Copa Libertadores de América y, finalmente, aplazar la parte final hasta que se normalice la situación. Tampoco se descarta que el campeonato del año entrante no se realice y, sencillamente, que las acciones se reanuden en 1991 con cambios de fondo.
Pero, independientemente de las buenas intenciones de la Dimayor y de sus dirigentes para tomar medidas drásticas, el problema del fútbol se sale de las manos de esa entidad y pasa a ser de orden público. El asesinato, el secuestro, las amenazas y el chantaje no están contemplados en los reglamentos de juego ni en los estatutos del fútbol rentado colombiano. Y eso es lo que, para muchos, no ha querido ver el gobierno, que está obligado a tomar cartas en el asunto por intermedio de la justicia ordinaria y del Ministerio de Educación, del que depende el deporte nacional. No importa las medidas que tome, lo cierto es que la Dimayor no podrá acabar con las apuestas clandestinas, con las mafias que rodean al fútbol, ni con la violencia que día a día crece en los estadios.
RIO ARRIBA
A lo largo de la semana pasada todo el mundo se dedicó a buscar a los culpables del hecho. Muchas voces se alzaron para sindicar a la radio, por sus encendidos comentarios tanto en las transmisiones de los partidos como en los programas de debate. Pero eso es coger el rábano por las hojas. Si bien se puede hablar de irresponsabilidad en algunos casos y de algunas acusaciones infundadas a los árbitros, esto es sólo una parte del rompecabezas. Al lado de algunos comentaristas, están también dirigentes deportivos, jugadores y técnicos que no desperdician oportunidad para lanzar declaraciones irresponsables por la radio.
Pero la raíz del asunto está más allá. Está en la descomposición que vive el país, en la falta de medidas eficaces por parte de las autoridades y, como sucede en muchos otros campos, en una nación que se hizo la de la vista gorda mientras las irregularidades iban creciendo. Por eso no queda otra salida que la de suspender el campeonato. Porque la Dimayor puede garantizar la idoneidad de los árbitros, la limpieza del campeonato, el cumplimiento de las reglas de juego, pero no puede evitar que un juez se equivoque en el terreno de juego, que ese error le cueste millones a un apostador y que el equivocado acabe abaleado en cualquier calle.
En el aspecto deportivo, la muerte del cartagenero Alvaro Ortega puede tener consecuencias funestas, aparte de la mala prensa internacional que encontró otro motivo, en bandeja de plata, para denigrar del deporte colombiano. Aunque el hecho de que el asesinato no haya ocurrido dentro del estadio impide que la FIFA tome medidas inmediatas y directas, lo cierto es que serán pocos los jueces que se sientan tranquilos pitándole al Nacional en Tokio, el próximo 17 de diciembre, o a la Selección Colombia en la Copa Mundo de Italia. Y en caso de que un árbitro se niegue a dirigir alguno de estos encuentros, tendrá a su favor estos antecedentec que le impedirán a la FIFA obligarlo a hacerlo. Y, para oscurecer aún más el panorama, una vez conocidos los hechos de Medellín, el árbitro argentino Luis Carlos Loustau contó cómo el día de la final de la Libertadores de América entre Nacional y Olimpia, en Bogotá, dos hombres llegaron hasta su cuarto de hotel y le ofrecieron un maletín lleno de dinero. Según las declaraciones dadas en Argentina por el árbitro, rechazó la oferta y pitó como lo ordena el reglamento, por lo que el partido llegó al dramático desenlace de los tiros desde el punto penal. Una vez terminado el encuentro, los hombres lo sacaron del hotel y le dieron vueltas en un auto por Bogotá, mientras le recriminaban por haberlos hecho sufrir. Lo raro del episodio es que se venga a saber hasta ahora, especialmente cuando era una oportunidad de oro más para hacerle mala prensa al país. Pero después del asesinato de Ortega, todo parece posible en la dimensión desconocida del fútbol colombiano .
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