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| 12/17/2016 12:00:00 AM

El caos de los POT en la sabana de Bogotá

Detrás de la incorporación de tierra en los municipios vecinos a la capital hay malas decisiones, pero también sospechas de corrupción.

Una decisión política tiene con los pelos de punta a cientos de habitantes de la población de La Calera, al oriente de Bogotá. La alcaldesa, Ana Lucía Escobar, presentó hace dos semanas un proyecto para incorporar al área urbana un terreno privado rural para construir más de 2.000 viviendas de interés social. La iniciativa generó suspicacias puesto que, además de que La Calera no tiene un déficit notable de estas, el cambio de uso del suelo beneficiaría intereses privados al valorizar su terreno en más de 16.000 millones de pesos. A pesar de que la idea cuenta con la oposición del Consejo Territorial de Planeación, el Concejo Municipal la aprobó en primer debate.

Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, por cuenta de malas decisiones urbanísticas el 52,5 por ciento de la población urbana del país vive en áreas con bajo suministro de agua, el 60 por ciento de los municipios definió inadecuadamente su perímetro urbano, y el 61 por ciento está erróneamente delimitado. Debido a la presión demográfica y la escasez de tierra en la capital, la situación en la sabana de Bogotá es aún más delicada. En los últimos cinco años, los municipios cercanos a la ciudad, sobre todo, han expandido sus cascos urbanos y han incorporado suelos para usos industriales o de vivienda no necesariamente de interés social. Al igual que lo que podría suceder en La Calera, en la mayoría de los casos esos procesos de expansión no han estado acompañados de infraestructura para servicios públicos domiciliarios, vías y dotacionales, y han afectado los ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes.

Las incorporaciones de tierra suelen hacerse por medio de modificaciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) por iniciativa de las alcaldías y los concejos municipales y con el concurso de las corporaciones autónomas regionales (CAR). Si bien los POT existen desde 2000, a partir de 2009 los municipios comenzaron a modificarlos para incorporar suelos rurales al perímetro urbano. En la medida en que cada predio que se incorpora multiplica notablemente su valor, este fenómeno, conocido como “volteo de tierras”, cada vez ha generado más suspicacias de enriquecimiento ilícito de los funcionarios que lo promueven o autorizan.  

Eso sucede en particular en Cundinamarca, donde en los dos últimos años han  aumentado las denuncias al respecto. En junio pasado, apareció publicada en la edición n.º 1779 de esta revista una denuncia en la que el senador Carlos Fernando Galán declaró que el alcalde de Madrid, Giovanni Villarraga, mediante un acuerdo aprobado por el Concejo, incorporó al municipio un predio rural de uso público para construir el proyecto de vivienda Villas de Madrid. A partir de esa publicación comenzaron a llegar cientos de denuncias al despacho del congresista, con casos de expansión urbana inconveniente, intervención urbanística de suelos rurales y corrupción en 14 municipios. SEMANA pudo conocer tres de estas denuncias que, además de estar documentadas, evidencian que algo huele mal. 

Facatativá

A pesar de que la Ley 1537 de 2012 establece que las incorporaciones de territorio hechas por los POT tienen como fin único garantizar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, en 2014 el municipio incorporó el predio La Guapucha, de 230.000 metros cuadrados, con el propósito de construir más de 3.600 viviendas de las cuales  42,73 por ciento no serían de interés social.

Además de esta irregularidad, el informe técnico n.º DRSP 476 expedido por la CAR en 2015 señala que La Guapucha hace parte integral de la microcuenca Mancilla, clasificada como suelo de uso agropecuario intensivo. Con ese informe quedó en evidencia que la incorporación habría vulnerado otra norma de la ley mencionada, según la cual  los predios incorporados para vivienda de interés social no podrán colindar ni estar ubicados en áreas de conservación y protección ambiental e importancia ecosistémica. La semana pasada las veedurías de Facatativá ganaron una acción popular con la que se suspenden temporalmente la incorporación y las obras en la Guapucha.

Varios veedores consultados por SEMANA insisten en que, además de las irregularidades en la incorporación del predio, también preocupa a los habitantes el déficit de acueducto y alcantarillado. Construir casi 5.000 viviendas de una sola vez, sin expandir previamente esos servicios, puede generar una crisis en la medida en que –como Facatativá no tiene una fuente hídrica propia– debe comprarle agua a Bogotá.

Funza

Los problemas urbanísticos de este municipio están ligados a la construcción de parques industriales ubicados al lado de humedales que, como el Gualy, han sido contaminados por desechos químicos.

En 2012, bajo la alcaldía de Jorge Machuca –desde este año gerente de la Licorera de Cundinamarca– el parque industrial San Pedro recibió licencia de urbanismo. Según los documentos obtenidos por el senador Galán, el 12 de marzo de 2012 la señora Adriana Milena Orozco Quecano, entonces jefe de la oficina asesora de Planeación Municipal de Funza, expidió la Resolución n.º 105 del 12 de marzo de 2012 que otorga una licencia de urbanismo en la modalidad de obra nueva. Sin embargo, esta funcionaria habría expedido irregularmente dos actos administrativos más con el mismo número y la misma fecha para autorizar el parque en mención, ubicado en la vía Siberia-Funza.

La primera se refiere a un área bruta de terreno de 168.950 metros cuadrados para 34 lotes destinados a bodegas. Con ella difiere la segunda, también expedida con igual número y fecha, que establece un área bruta de 176.234 metros cuadrados –o sea 7.284 más que los anunciados en la anterior– para 41 lotes. Y una tercera resolución, que oficialmente envió la Alcaldía como respuesta a un derecho de petición del senador Galán, se refiere a un área bruta de 168.950 metros cuadrados para 41 lotes destinados a la construcción de bodegas. Además de que es absurdo que tres licencias con la misma fecha difieran en metros y número de lotes, llama la atención que todas ellas coincidan en el valor a cancelar por concepto de expensas: 179.573.000 pesos.

Por si fuera poco, las tres resoluciones establecen que los predios del parque San Pedro se encuentran eximidos de pagar el impuesto de plusvalía por la Resolución n.º 000554 del 10 de octubre de 2011, expedida por Jorge Rey, hoy gobernador de Cundinamarca, cuando era alcalde de Funza. Después de un debate hecho por varios concejales, esa misma alcaldía expidió la Resolución n.º 00772 del 30 de diciembre de 2011, por medio de la cual  se liquidó la participación en el impuesto de plusvalía para los predios en cuestión por cerca de 1.000 millones de pesos. Por alguna extraña razón, la licencia otorgada por el alcalde Machuca no habría tenido en cuenta la segunda resolución y habría eximido al proyecto de pagar una millonaria plusvalía. Las bodegas del parque industrial San Pedro hoy siguen en construcción. Machuca no respondió a SEMANA argumentando que estaba muy ocupado inaugurando una nueva sede de la Licorera de Cundinamarca.

Mosquera

En 2009, el entonces alcalde del municipio, Álvaro Rincón, llevó al Concejo una modificación del POT para incorporar un predio rural al suelo urbano. En este trámite un concejal de la línea política del alcalde habría servido de intermediario para que la propietaria del lote lo vendiera al entonces alcalde Rincón, por lo cual recibió en dos cheques una comisión cercana a 40 millones de pesos.

Varias promesas de compraventa soportan esta denuncia. En la primera, firmada el 29 de julio de 2009 por 1.292 millones de pesos, aparece como comprador del predio el inspector de Policía Wilson William Romero Castro.

Posteriormente, ese funcionario le habría cedido el negocio de compra al ingeniero Ernesto Pinto Salazar y lo habría autorizado a firmar la escritura pública n.º 1165 del 20 de noviembre de 2009, otorgada en la Notaria Única de Funza, Cundinamarca. Como consta en otra promesa, el ingeniero Pinto Salazar le vendió el predio a la empresa Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias NODO S. A. S., sociedad que compartía con el alcalde Rincón.

El proyecto de acuerdo para la incorporación del predio a la zona de expansión urbana del municipio se debatió en 18 días, hasta que fue aprobado el 30 de diciembre de 2009 y sancionado el 8 de enero de 2010. Solo dos de los 15 concejales votaron negativamente el acuerdo que, entre otros, incluye una zona de expansión para desarrollar dos planes parciales en donde se prevé la construcción de más de 12.000 viviendas.

 De otra parte, el predio que compró la sociedad de Pinto y el alcalde Rincón habría sido beneficiado por un cambio de la vía Tomás Cipriano de Mosquera, incluida en la modificación del POT. Así, además de determinar que esta carretera se ampliaría de 6 a 23 metros de ancho, terminó pasando por el predio del exalcalde. Por cuenta de ese cambio el avalúo catastral del terreno pasó de 1.200 millones de pesos en 2008 a 3.800 millones en 2012. El exalcalde le dijo a SEMANA que no tenía nada que argumentar respecto a la modificación del POT, porque la Fiscalía archivó la investigación en su contra.

Pero el escándalo de los POT en Cundinamarca ha pasado del terreno urbanístico al político por un factor adicional. En los últimos años se ha hecho evidente la rotación de funcionarios en cargos de entidades del departamento que toman decisiones sobre los terrenos. Hay casos de personas que un día están en algún concejo municipal, al mes siguiente pasan a la Contraloría y después de un tiempo llegan a la CAR.

Los casos más conocidos en esa puerta giratoria son los de Adriana Milena Orozco, quien pasó de ser jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Funza cuando se otorgó la licencia al parque industrial San Pedro, a convertirse en asesora jurídica de la Contraloría de Cundinamarca. Nicolás García, secretario de Gobierno del destituido alcalde de Mosquera Luis Álvaro Rincón, pasó a ser jefe de gabinete de la Gobernación. Andrés Ernesto Díaz fue secretario de Planeación de Mosquera entre 2008 y 2011 y hoy gerencia las Empresas Públicas de Cundinamarca. Y Carlos Eduardo Rodríguez, quien era presidente del Concejo de Mosquera cuando se modificó el POT municipal, es director de la CAR Sabana de Occidente. La mayoría de estos nombres pertenecen a la cuerda política de Jorge Rey, exalcalde de Funza y hoy gobernador de Cundinamarca.

La plenaria del Senado ya aprobó una proposición de control político por la cual invita a alcaldes, gobernadores, concejales y funcionarios responsables de la modificación de los planes para dar explicaciones. Pero de la celeridad de las investigaciones que ya cursan en los organismos de control dependerá lo que suceda con una tercera parte de los POT de Cundinamarca que entran a revisión en 2019. Aunque las incorporaciones urbanas forman parte natural del crecimiento de los municipios, es evidente que en el caso de los de la sabana de Bogotá hay mucha tela por cortar.

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