Jueves, 2 de octubre de 2014

| 2010/02/27 00:00

Plata de alto riesgo

Multimillonarias sumas se están moviendo en un mercado financiero paralelo. En este peligroso juego hay dineros del erario público, contratistas de obras del Estado y hasta misteriosos inversionistas.

Recursos captados de manera ilegal están sirviendo para financiar a contratistas del Estado. Se estudia si en esas operaciones, además, se ha configurado alguna clase de fraude, pues servirían para maquillar los balances

Los escándalos de las pirámides como DMG y de comercializadoras como la de la presentadora de televisión Adriana Arango han hecho que las autoridades pongan la lupa a otras transacciones que han configurado todo un mercado financiero paralelo que aprovecha que está por fuera del sistema formal para ser creativo en exceso, sin medir de forma adecuada el alto riesgo al que expone los dineros que de él participan.

Son operaciones de cientos de miles de millones de pesos y las preocupaciones surgen por tres razones. Primero, porque han involucrado dineros que provienen del erario. Segundo, porque se están utilizando para financiar concesionarios y contratistas de obra pública. Y tercero, porque algunas transacciones hechas por estas llamadas “mesas de dinero”, en especial varias que se concentran en Cali, ofrecen flujo de caja a los empresarios sin que se sepa bien quién pone el dinero ni cómo hacen para obtener rendimientos superiores a los del mercado. Este sistema financiero alterno ha hecho que la Superintendencia Financiera apriete las tuercas ante el temor de que se estén dando las condiciones para lo que algunos analistas ya llaman la tercera generación de las pirámides.

Una reciente medida del ente regulador ordenó el desmonte de siete controvertidas operaciones de financiamiento por 50.000 millones de pesos y que involucran a 680 inversionistas. Los artífices de estas operaciones son dos empresas que hasta hace poco gozaban de gran prestigio y que ofrecían sus servicios como “estructuradores de proyectos”: D&PE y Enlace Financiero, las dos con sede en Bogotá. Cuando la Superfinanciera revisó en detalle los negocios que estas firmas estructuraron encontró que habían violado las normas de captación masiva de dinero sin autorización legal. Es decir que sin importar si hubo buena o mala fe, las empresas que sirvieron de intermediarias y las que recibieron los dineros habían cruzado la línea de lo legal.

Hay otra decena más de empresas similares que están en la mira del organismo regulador. Éstas han conseguido que comisionistas independientes con buena posición social ofrezcan inversiones atractivas entre sus amigos y parientes. También transan estas inversiones ex comisionistas de bolsa sancionados, que han encontrado en negocios de este tipo una fórmula de subsistencia.
El primer gran problema surge de la forma como se promocionan los proyectos. A los potenciales inversionistas se les ofrecen rendimientos fijos, lo que es prohibido, y que oscilan entre el 13 y el 22 por ciento anual. Quienes les confían sus recursos se quejan de que la información que les dan es insuficiente, porque no les queda claro el riesgo que tienen sus inversiones.

Por ejemplo, hay personas que están invirtiendo en exploraciones mineras de las que sólo existe el título de la concesión y antes de que la mina empiece a producir pueden pasar años. Aún así, no se preguntan cómo hacen estos mineros para pagarles rendimientos de un negocio que aún no está en producción.

Por lo general, las transacciones se hacen a través de fórmulas comerciales muy usadas, como son la venta de facturas, la compra de cartera o la cesión de los derechos de un negocio. Sin embargo, la Superfinanciera ha encontrado que, en la práctica, lo que está sucediendo es que quien pone la plata está otorgando un crédito y quien la recibe está captando dinero. Y sólo entidades financieras vigiladas están autorizadas para hacer esta clase de operaciones, y más en esos volúmenes.

En algunos casos, los dineros se giran directamente a las cuentas de los empresarios. En otros, se hace a través de patrimonios autónomos, que son cuentas especiales que se abren en fiduciarias. Hace un par de años, algunas fiduciarias fueron centro de polémica porque con este mismo mecanismo recibieron más de 200.000 millones de pesos de dineros de las regalías de varios municipios y departamentos, que terminaron en diversos proyectos de particulares. El principal intermediario de estas transacciones fue la firma Intermedio Bienes y Capitales S.A. El caso más sonado en su momento fue el de Fiduagraria, pero también participaron de esta clase de transacciones Fidupetrol, Fiduoccidente, Fidualianza, Fidubogotá, Fiducolpatria, Corfivalle y Corficolombiana. De estos recursos hay pendientes por recuperar 187.000 millones de pesos, según la Contraloría General.

En el mundo de los comisionistas se considera a D&PE como la firma que inventó esta modalidad de negocio. Su socio mayoritario, Jairo Hernando Arias, ex gerente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, confirmó a SEMANA que ellos fueron los que lograron armar este modelo de negocio con los mejores fundamentos jurídicos. “Todas son actividades que tienen garantía y fuentes de pago. No somos ilegales”. En el mismo sentido, Natalia Ríos, socia de Enlace Financiero dice que “los negocios se hicieron con un flujo de caja futuro y las medidas de la Superfinanciera nos mataron”.

Aseguran que lo que la Superfinanciera ve como rentabilidad, es una diferencia de valor en la recompra de los papeles de inversión, y consideran que les están cambiando las reglas en la mitad del camino. “Hicimos las mismas operaciones para Coltejer y no nos obligaron a desmontarlas y ahora nos estigmatizan”, dice Arias, quien advierte que llevará su caso hasta las últimas instancias judiciales.

Los concesionarios
Al gobierno también le preocupa que algunos concesionarios de obras públicas puedan estar acudiendo a este mercado alterno para mejorar en forma ficticia su situación financiera. Hay sospechas de que algunas firmas estén presentando como respaldo una carta de crédito regular para ganarse una concesión, pero no la utilizan, sino que acuden a este mercado paralelo de mayor riesgo, y no registran estas operaciones en sus contabilidades. Luego, se presentan a otra concesión, y a otra más, con la misma carta de crédito y vuelven a financiarse por fuera del mercado regular. De demostrarse esta situación se configuraría un fraude.

Cuando los concesionarios acuden a estos mecanismos de riesgo para financiarse, ponen en vilo la ejecución de los proyectos. Entre los negocios que la Superfinanciera ha ordenado desmontar hay un caso elocuente. Se trata de la empresa Buenaventura Medio Ambiente S.A. E.S.P., que maneja el aseo del puerto en el Pacífico.

Según la información que reposa en la Supersociedades, a mediados del año pasado esta empresa de aseo tenía un activo de 14.500 millones de pesos, y un pasivo de 13.700 millones de pesos. Es decir que, en la práctica, debía todo lo que tenía. De estas deudas según la misma fuente, hay 11.800 millones de pesos que son de 154 inversionistas que llevaron sus recursos allí en una estructuración hecha por D&PE. Además, Buenaventura Medio Ambiente tiene socios comunes con otras dos empresas que también tienen que desmontar operaciones calificadas de captación ilegal masiva, y tiene vínculos con empresas de servicios públicos en Caucasia (Antioquia) y Floridablanca (Santander) que no tienen estas dificultades.

“No se puede decir que sólo el dinero que se mueve por el sistema financiero es normal y legal”, dice Fernando José Cabal, socio de Ingefin, empresa de corretaje que ha ayudado al Grupo Nule a conseguir financiación a través de este mercado extra-financiero para la firma Transvial, que contrató la construcción de un tramo del TransMilenio en la calle 26 de Bogotá y que tuvo que cederlo por incumplimiento. “Inversión con cero riesgo no hay –dice Cabal–. Nosotros negociamos con adultos que conocen nuestra trayectoria y le apuestan a que quien recibe el dinero lo maneje bien”. Cabal dice que el negocio de Transvial no les generó a sus inversionistas ningún riesgo pues los constructores pagaron a tiempo su obligación, y que desconoce que la Fiscalía investiga si allí se configuró una captación de “recursos recaudados del público en forma masiva sin contar con autorización legal”, como lo dice una carta de la Superfinanciera que conoció SEMANA.

Los Nule han acudido a este tipo de financiación alternativa en otras ocasiones. Sólo hasta la semana pasada pagaron una deuda que tenían con la Dirección Nacional de Estupefacientes obtenida con esta clase de mecanismos, y en otro momento también gestionaron recursos provenientes de las regalías.

El otro gran dolor de cabeza para las autoridades son negocios de “mesas de dinero” de Cali poco reconocidas. Unas figuran como establecimientos de comercio comunes, otras no las han encontrado cuando las han ido a visitar y otras más funcionan desde discretas oficinas, con un escritorio, un computador y un esfero. No obstante, hay indicios de que estas operaciones están pagando intereses de hasta el 40 por ciento, y hay poca claridad tanto de quienes invierten allí como de quienes son los beneficiarios de los fondos.

Es legítimo el interés de cualquier empresario de tener más liquidez para su negocio, y de cualquier inversionista de lograr mejores rendimientos para su dinero, pero como lo ha hecho saber la Superfinanciera con sus decisiones, no todo se vale. Sólo para constatar el riesgo que corrieron los inversionistas, basta ver los siete negocios de D&PE y de Enlace Financiero. Aún no se ha podido estructurar un plan de desmonte que cubra lo invertido por cientos de damnificados. En el mejor de los casos, algunos de ellos recuperarán su dinero, pero no en los plazos de 180 días o de un año, que son los acuerdos normales para esta clase de operaciones, sino que tardarán varios años en volver a ver ese dinero.

Es indiscutible que el regulador del mercado financiero está haciendo su tarea y esta vez, a diferencia del caso de las pirámides, sí ha buscado anticiparse a que el problema cobre mayores dimensiones. Ya han identificado y visitado a 60 mesas de dinero para constatar sus operaciones. De éstas, han suspendido ocho y en 16 están evaluando si hay captación ilegal. Ahora falta que otras entidades que también tienen el deber de vigilar este tipo de operaciones muestren igual diligencia.

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