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Tras una larga remodelación de la plaza, la temporada taurina comienza este domingo. Los aficionados temen que sea la última frente a las iniciativas que cursan en el Congreso y otras instancias para prohibir los toros en Bogotá. | Foto: Guillermo Torres

POLÉMICA

La fiesta está brava

El regreso de los toros a la Santamaría, tras cinco años de ausencia, no es una victoria de la afición ni una derrota de los defensores de animales. La pelea apenas comienza.

21 de enero de 2017

Los taurófilos han asumido el regreso de los toros a Bogotá como una victoria de lo que han llamado la batalla por la libertad. Tras casi cinco años de duros enfrentamientos jurídicos, políticos y contra una que otra alcaldada, lograron que sus derechos de minoría fueran respetados y que la plaza de Santamaría recibiera el espectáculo para el que fue construida en 1931: la lidia y muerte de toros bravos.

Sin embargo, esto no significa que los defensores de animales, los antitaurinos y los políticos que se han apropiado de estas banderas hayan perdido ni tengan que aceptar una práctica que consideran salvaje, del pasado, que no encaja en este tiempo en el que los derechos de los animales se han convertido en un tema importante, especialmente para las nuevas generaciones. Ni mucho menos zanja la discusión entre dos principios constitucionales enfrentados: los valores de protección animal y la fiesta brava, que es “una expresión cultural reconocida que conlleva necesariamente el maltrato de los animales”, según palabras de la corte. Por el contrario, el regreso de la nueva temporada en la capital va a generar más polémicas y enfrentamientos.

Según la ley, los toros son una tradición cultural y artística que en el caso colombiano se remonta a la Colonia, cuando las faenas de ganado estaban íntimamente ligadas a las fiestas religiosas y carnavalescas. Esa práctica, de gran acogida popular, alcanzó su mayor dimensión en Bogotá en el siglo XX cuando la plaza, construida por Ignacio Sanz de Santamaría, se convirtió en epicentro de la vida social y política del país. Con el tiempo, la Santamaría consiguió un prestigio en el mundo taurino gracias a la exigencia del público y a la calidad de los carteles. Por su arena han pasado todos los grandes matadores de la historia: Domingo Ortega, Manolete, cuya muerte se convirtió en una de las grandes tragedias de España; Luis Miguel Dominguín (padre de Miguel Bosé), el Cordobés, Paco Camino, Palomo Linares o los colombianos Pepe Cáceres y César Rincón. Todavía se recuerda que este, gracias a los triunfos en Colombia y España, se convirtió en ídolo nacional, casi a la altura de Lucho Herrera. Más reciente, José Tomás, el Juli o Enrique Ponce han encabezado los carteles.

Los taurinos vieron truncada esa tradición de forma dramática en 2012 cuando el alcalde Gustavo Petro decidió cerrar la plaza e impedir a toda costa su reapertura. Canceló el contrato con la Corporación Taurina y a cambio trató de usar la Santamaría con fines culturales, como pista de hielo, de clavados o de festivales de poesía a los que fueron pocas personas hasta que se extinguieron. También intentó un referendo y demandas, pero al final la Corte Constitucional y el Consejo de Estado le dieron la razón a la causa de los derechos de las minorías.

Ahora, cinco años después, la Santamaría va a tener su prueba más grande, se va a ver qué tanto daño le hicieron a los toros casi cinco años de abstinencia, administraciones antitaurinas y avance de la protección animalista. Si bien la Corte Constitucional ha defendido en varias ocasiones la tradición taurina, también le impuso duras restricciones, como limitar los espectáculos exclusivamente a las fechas tradicionales, como las ferias de Cali o Manizales, y prohibir el patrocinio de esta actividad con dineros públicos. Esto, para beneficio de los antitaurinos, ha hecho que el número de corridas se haya reducido ostensiblemente en el país, especialmente en pequeños pueblos y ciudades, donde sin la plata de las Alcaldías y entidades públicas no son viables por sus altos costos.

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Junto a esto, la fiesta brava ha ido perdiendo respaldo popular y los tendidos de las plazas colombianas, que hace solo dos décadas lucían a reventar, ahora tienen muchos claros. En Cali, en la feria de fin de año, la plaza apenas se llenó en una de las seis tardes. En Medellín se dejaron de habilitar los tendidos altos de la plaza La Macarena, que pocas veces se llenaban, y por si fuera poco los festejos de la temporada se redujeron de seis corridas a solo tres. Esto se ha producido, en buena parte, por los elevados precios de las boletas en todo el país, que le ha quitado el carácter popular al toreo para convertirse en diversión de ricos, y al poco relevo generacional en la afición, pues cada vez menos jóvenes se interesan en él. Tal vez la excepción es Manizales, que en la pasada feria registró lleno en seis de las siete tardes, con casi un tercio de la plaza ocupada por gente joven.

El regreso de las botas, las boinas rojas, los pañuelos blancos y los claveles a la Santamaría tiene otra incertidumbre. Lejos de haber sido ‘indultada’ con las sentencias de la Corte Constitucional, la tauromaquia sigue teniendo una espada de Damocles. En teoría, este año el Congreso de la República debatirá el proyecto de ley que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el senador Carlos Fernando Galán presentaron al Congreso con el propósito de “morigerar el dolor y el maltrato animal en las corridas”. Para ello, proponen eliminar del reglamento taurino el uso de pica, banderillas y estoques, y establecer así corridas incruentas, como en Portugal, donde los toros no mueren en el ruedo, sino en los corrales. Además, busca que los Concejos puedan prohibirlas. Otro proyecto, el del senador Guillermo García Realpe, plantea prohibir el ingreso de menores de edad a las plazas de toros.

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Pero no solo el Capitolio sería el escenario de esta discusión. Andrea Padilla, de AnimaNaturalis, y Natalia Parra, de la plataforma Alto, han anunciado que insistirán en una consulta antitaurina, rechazada por el Consejo de Estado con la teoría de que las mayorías no pueden ejercer los mecanismos de participación para afectar los derechos de las minorías. La misma polémica ha despertado, por ejemplo, el referendo de Viviane Morales para consultar a los colombianos si las parejas del mismo sexo pueden adoptar. Gustavo Petro apoyó la consulta antitaurina, y su sucesor, Enrique Peñalosa, anunció que se sumará a la causa. Sin embargo, que el sentimiento de las mayorías, llamado por algunos el estado de opinión, prime como medida para dirimir los conflictos en la sociedad va en contravía de lo que defiende la democracia.

Los aficionados se aferran a defender su fiesta, pero con las plazas de toros abiertas. Es claro que no tienen cómo capotear las evidencias que demuestran el sufrimiento animal, pero ese tampoco es un argumento tan contundente como para acabarlas, como quieren los defensores de animales. Según eso también se deberían prohibir las corralejas, el coleo, las peleas de gallos y hasta los mataderos.

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Es claro que si hoy se hace una consulta, los colombianos votarían en contra de los toros a pesar de que la mayoría nunca ha ido a una plaza, al igual que lo harían contra el aborto, la adopción por parte de parejas del mismo sexo o la legalización de las drogas. Lo ideal es que se respete el derecho de esta minoría a gozar de una práctica ancestral y cultural, que seguramente se va a extinguir por los cambios culturales de las nuevas generaciones, en vez de prohibirla usando la dictadura de las mayorías.