Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 8/13/2016 12:00:00 AM

Los desafíos de la elección de los magistrados de Justicia Especial para la paz

El acuerdo entre el gobierno y las Farc sobre el mecanismo para escoger los miembros de la justicia transicional busca legitimidad, independencia, credibilidad y equilibrio. ¿Lo lograron?

Uno de los ‘pendientes’ más polémicos de las negociaciones entre el gobierno y las Farc terminó con humo blanco la semana pasada: el mecanismo para elegir a los magistrados que conformarán la justicia transicional. En otras palabras, cómo se designarán los jueces que estudiarán los casos relacionados con delitos derivados de la guerra y cometidos por miembros de las Farc, agentes del Estado y civiles.

Según el acuerdo, anunciado por los jefes de las delegaciones de paz, Humberto de la Calle e Iván Márquez, la principal responsabilidad quedó en manos de una comisión de cinco grandes instituciones: el papa Francisco; el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema aniversitario del Estado. Por el momento, las partes acordaron invitar a estos organismos, previa constatación de que todos están dispuestos a aceptarla.

El gobierno y las Farc pactaron que este comité deberá contar con cuatro votos para tomar decisiones, un método que “promueve el consenso”, y establecieron los criterios para garantizar la idoneidad de los escogidos: los miembros del Tribunal para la Paz (instancia jerárquica máxima, que tiene la última palabra en los juicios) reunirán los mismos requisitos de los miembros de las altas cortes, y los magistrados de Sala (segundo nivel en jerarquía) deberán tener las mismas condiciones de quienes hacen parte de los tribunales superiores.

Habrá, también, un grupo de extranjeros. En el caso del tribunal, formarán una especie de pool del cual, por sorteo, pueden ser escogidos en forma individual cuando los magistrados consideren necesario su punto de vista. En el caso de las Salas, sí puede haber foráneos desde el comienzo, lo cual busca que haya criterios cercanos a los parámetros internacionales en temas como las amnistías. En todas las instancias, siempre, la mayoría estará en manos nacionales.

No hay que olvidar que ya en el acuerdo anunciado el 23 de septiembre en La Habana entre el gobierno y las Farc, en presencia del presidente Juan Manuel Santos y de Timoleón Jiménez, –y culminado en diciembre– se había establecido la estructura de la Jurisdicción Especial: el Tribunal para la Paz cuenta con 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros; y las salas de justicia, con 18 nacionales y 6 foráneos. Adicionalmente hay una lista de 19 nacionales y 5 extranjeros en caso de que se requiera aumentar el número –por la cantidad de los procesos– o de que se necesite reemplazar a alguien.

Con el anuncio del viernes pasado queda totalmente acordado el punto de víctimas. Faltaba el mecanismo de selección de los miembros del sistema especial de justicia, controversial por varios motivos. Los opositores al proceso habían cuestionado la posibilidad de que las Farc escogieran a sus propios jueces. También se había dicho que la justicia transicional reemplazaba, de hecho, a la ordinaria y creaba un monstruo burocrático. Y otros más alertaban sobre la entrega de la soberanía judicial a manos extranjeras.

En sus breves intervenciones al anunciar el acuerdo, Humberto de la Calle e Iván Márquez, jefes de los equipos negociadores, respondieron a esos interrogantes. De la Calle enfatizó que “cumplimos la promesa de que la selección de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz se haría de manera totalmente independiente, confiable, al más alto nivel”. Por su parte, Márquez leyó un comunicado más extenso, que defiende el acuerdo de manera vehemente y que resalta “como un claro ejemplo de conciliación” haber aceptado la participación de la Corte Suprema de Justicia, “una de las instituciones que más nos ha perseguido”. Y más allá de la eficacia de los mecanismos pactados, el anuncio del viernes pasado despejó del camino uno de los obstáculos más complejos que estaban pendientes.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.