Bendición al plebiscito y condena al Tribunal de Aforados

El que peca y reza empata: esa es la manera como el Gobierno podría juzgar a la Corte Constitucional y el papel que ese tribunal se aprestaría a asumir frente a dos de las ambiciones políticas más anheladas de la administración Santos, la reforma a la justicia y el proceso de paz.

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Aunque es casi un hecho que el tribunal le dará el visto bueno al plebiscito por la paz y si nada extraordinario ocurre, declarará inconstitucional por unanimidad el Tribunal de Aforados que iba a juzgar a magistrados de las altas cortes y al fiscal, en reemplazo de la Comisión de Investigación de la Cámara.

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Muchos creían que la llegada del magistrado Alejandro Linares a la Corte le aseguraría al Gobierno el triunfo en todo pulso judicial que librara ante ese tribunal en defensa de su agenda legislativa. Y aunque en temas como la descriminalización de las actividades asociadas a las drogas, la inclusión de la comunidad LGBTI, la eutanasia, entre otros tópicos, magistrados y coequiperos del presidente Santos hayan logrado coincidir, esa armonía no ha sido una constante.

La Corte también ha sorprendido al Ejecutivo con fallos que le han impuesto freno a la actividad minera en defensa de los páramos, el medio ambiente y la autonomía indígena. Lo propio hizo al limitar el alcance de la reforma tributaria que le impuso a la clase media el deber de declarar renta y, por qué no decirlo, tumbando la Comisión de Gobierno que asumiría el papel del Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva de la Rama y la Comisión Interinstitucional.

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La posición que ha asumido ese organismo judicial frente a otros proyectos centrales de esta administración como la paz y el nuevo esquema de juzgamiento a los más altos mandos del Estado ha sido igualmente salomónica, según lo juzgarían los más escépticos.

Por eso, no resulta tan sorpresivo que si bien el debate por el plebiscito por la paz empiece con el visto bueno del magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, y el apoyo de cuatro togados más, los nueve integrantes de la Corte estén dispuestos a declarar inconstitucional el Tribunal de Aforados que iba a reemplazar a la Comisión de Acusación de la Cámara en su papel de juez político de magistrados y del fiscal.

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Así las cosas, si el Gobierno esperaba asegurarse el control de esta corporación con el cambio de magistrados, está claro que no lo logró. Desde luego, la evidencia también demuestra cuán equivocados estaban quienes preveían que el presidente Juan Manuel Santos tendría una Corte de bolsillo.

Al final, lo que se sigue reflejando es que en la mayoría de los casos, en esa entidad sigue primando el esfuerzo por decidir en derecho o al menos sin ceder a las presiones del poder Ejecutivo o de los sectores políticos que lo rodean.

Esto significa que por mucha razón que puedan tener quienes le atribuyen a la corporación conveniencia en sus determinaciones, difícilmente pueden juzgarla como abanderada del Gobierno, lo que ofrece cierta confianza de la imparcialidad con la cual el tribunal examinará estos dos temas trascendentales, la paz y la reforma a la justicia, en los que la administración parece se anotará un triunfo y una derrota.