Pleito aplazado

El pulso entre las altas cortes tuvo este año más de un round, por lo que el propio Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo calificó de "batalla por la dignidad".

Las tutelas contra sentencias judiciales han sido la causa del conflicto porque no dejan claro quién tiene la última palabra. Sin embargo, el choque de trenes entre la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tiene implicaciones profundas sobre el alcance de la tutela, el peso de la Corte Constitucional y la prioridad que se le otorgue en el sistema judicial a la garantía de los derechos esenciales.

La posibilidad de tutelar sentencias judiciales no es un capricho de las normas colombianas. Es un trámite probado en países como Alemania y España, donde también sus respectivos tribunales constitucionales tienen la competencia para revocar sentencias, incluso de la Corte Suprema, si lo amerita. Y que también ha generado problemas entre los altos tribunales.

En Colombia el problema se intensifica con cada decisión de la Corte Constitucional que deja sin piso sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. (Ver recuadro). Y se intensificó también este año por un cambio de la posición del presidente Uribe frente al tema. En su primer mandato, el gobierno Uribe planteó recortarle poderes a la Constitucional. Pero el 20 de julio pasado, en su discurso de posesión al segundo mandato, el Presidente dio un giro: "La Corte Constitucional, como guardián específico de la Carta, debe tener competencia para conocer las acciones de tutela contra sentencias judiciales".

Yesid Ramírez, presidente de la Corte Suprema, indignado, insinuó que el Presidente le debía favores a la Corte Constitucional y dijo que con su apoyo estaba consagrando constitucionalmente la tiranía y el despotismo. Días después, la Corte Suprema presentó su proyecto de reforma a la justicia junto con el Consejo de Estado y la Fiscalía, y el gobierno hizo lo propio.

Más allá de definir hasta dónde llegan las competencias de cada corte, el debate en el Congreso deberá buscar una reglamentación de los casos en que las tutelas procedan contra sentencias judiciales.

Los analistas creen que una salida a la confrontación sería establecer un plazo para presentar la tutela, de modo tal que las decisiones judiciales no queden expuestas indefinidamente a una tutela. Y para evitar que esta se convierta en un recurso desesperado de quien pierde un caso, las personas deben alegar la violación de sus derechos fundamentales dentro del propio proceso, no después de que se falle en su contra.

No obstante, hay otras fórmulas que, en el fondo, implican una competencia de poder: el interés de cada corte de obtener la función de instancia definitiva. La Suprema piensa que la última palabra, por definición, es la suya. La Constitucional cree que defiende las normas que, por naturaleza, están por encima de todas las demás. También hay fórmulas intermedias: que cada una sea la última instancia en su campo, por ejemplo. Pero el debate, y la pelea, quedó postergado hasta marzo, cuando se inicie una nueva legislatura. Y todavía no resulta claro quién, o con qué instrumento, logrará frenar el inconveniente 'choque'. n