El abuelo que pelea contra una poderosa multinacional

Pedro Ávila Durán es todo un personaje. Tiene 74 años y 19 de ellos los ha dedicado con alma, vida y sombrero a dar una pelea legal que bien podría servir como inspiración a un escritor del realismo mágico. Su batalla es casi titánica: es la cabeza de 75 familias que reclaman ser dueñas de 5.415 hectáreas de las casi 50.000 hectáreas en las que hoy se explota el carbón del Cerrejón. 

Esa porción de tierra, la única que no pertenece a la empresa carbonífera, y que Pedro reclama hoy aparece como propiedad de un grupo de particulares que se denomina Comunidad del Cerrejón.

Él está convencido de que se trata de un fraude. Y con todo tipo de documentos en mano lo demuestra. Su investigación, a la que le dedicó diez años, le ha permitido tener un expediente muy sólido. Tanto es así, que desde junio de este año, el fiscal Eduardo Montealegre le asignó el caso a Marta Lucía Zamora, coordinadora de los fiscales delegados ante la Corte Suprema.

¿Por qué tanto interés? Cada mes, el Cerrejón le paga a la comunidad una suma importante por concepto de uso de la tierra. “Hemos dejado de recibir casi 400.000 millones de pesos”, dice Ávila con un firme tono caribe. 

Lo que llama la atención de esta historia es la rigurosidad de la investigación y el hecho de que con todas las irregularidades que aparentemente Ávila ha encontrado en más de una década ninguna autoridad le haya dado una respuesta a sus denuncias.

Algunos de los documentos más curiosos que presenta como prueba de la propiedad datan de 1893. Y es la correspondencia con la que su tatarabuelo Antonio Maya Daza logró que el ministro de Hacienda de la época aceptara que el predio denominado Cerrejón, en La Guajira, no era baldío nacional sino de su propiedad. Sus herederos se radicaron en Cesar y olvidaron esas tierras. 

Hasta cuando por casualidad, en una fiesta hace más de 20 años, una prima suya escuchó decir a un abogado enterado del negocio del carbón que “los Ávila del Cesar son los magnates del Cerrejón”. Ella le contó a Pedro y desde ese momento comenzó la búsqueda de documentos en nombre de 75 familias descendientes de su tatarabuelo.

“Yo no quería entrar en ese pleito, pero Ovidio Palmera, el papá de Ricardo Palmera, el guerrillero de la Farc, y uno de los mejores abogados civilistas de Valledupar, me convenció diciendo que el derecho llega hasta la quinta generación”, explica Ávila.

Después de investigar, la tesis que él sostiene y que trata de que las autoridades investiguen es que la Comunidad del Cerrejón es un montaje. Según él, no se habría creado en la fecha en que aparece (1947) sino después, cuando en los años setenta y ochenta empezó la fiebre del carbón en esa zona.

Y lo sostiene porque, según sus pesquisas, hay flagrantes irregularidades. La notaría única de Riohacha, en la que en teoría se hizo la primera escritura de la Comunidad, no existía en esa época ni ha sido creada aún, de acuerdo con los documentos que él muestra. Ni tampoco aparece Francisco Robles, que es quien firma el documento de nacimiento de la Comunidad, como cabeza de esa notaría en octubre de 1947. 

Así mismo, el número de cédula del particular que solicita crear la Comunidad no corresponde al nombre, según constancia de la Registraduría. Ávila, vía derechos de petición, demuestra también que 45 nombres de los que aparecen como integrantes de esa Comunidad no coinciden con los números de las cédulas. Sus pesquisas han ido tan a fondo que incluso obtuvo en la Registraduría las huellas decadactilares de cada uno de los más de 100 miembros de la Comunidad del Cerrejón.

  

Todo eso le permite a Pedro Ávila concluir que la escritura con la que se constituyó la Comunidad del Cerrejón en 1947 es falsa. Y esa convicción la refuerza con otra prueba: es extraño que la tercera acta de una asamblea de comuneros tenga como fecha 1982. ¡Treinta y cinco años después de creada!

Esas son apenas algunas de las supuestas irregularidades que este vallenato ha encontrado en el caso. También ha documentado la extraña pérdida de una sentencia del Tribunal de Santa Marta, que data de 1951, y es clave porque es la que legitima a la Comunidad del Cerrejón como dueña de esa tierra. 

En su momento dijeron que tal vez se había quemado en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. “¿Pero entonces por qué no aparece tampoco en el tribunal ni en la notaría donde debía estar en custodia?”, se pregunta una autoridad judicial que conoce el caso. Voceros de la Comunidad del Cerrejón, en declaraciones a medios, han dicho que “quieren sacar provecho injustificado de la pérdida, extravío o hurto de ese expediente”.

Pedro Ávila ha tocado todas las puertas de la Justicia. Interpuso la primera denuncia en Santa Marta. A la fiscal que tomó el caso, y llamó a versión preliminar a algunos de los supuestos implicados, el abogado de la Comunidad le llevó dinero en un expediente y ella no lo aceptó. En su momento puso la denuncia. Luego la cambiaron para otro caso y el fiscal que llegó precluyó. Después puso la denuncia en Riohacha y tampoco prosperó.

En los años noventa, cuatro familias compraron el predio a los 95 particulares cuyas cédulas no correspondían a sus nombres. “Esa es una pelea de David contra Goliat –le dijo a SEMANA una autoridad judicial que conoce el caso al dedillo–. Como decimos por aquí, de tigre con burro amarrado. Y la gente contra la que está peleando es muy poderosa”.

Pedro Ávila piensa seguir dando la lucha aunque es consciente de su edad: “Ellos están tranquilos porque deben estar calculando: ‘está viejo y ahorita se muere’”.