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| 11/8/2017 9:08:00 AM

Hacerle el quite al 'factoring' tiene al borde de una sanción a Postobón, P&G y Cerrejón

La SIC les formuló pliego de cargos a cuatro grandes empresas por presuntas conductas anticompetitivas, al obstruir la circulación de facturas emitidas por sus proveedores y restringirles liquidez. Al listado se suma Equión Energía.

En los años 2008 y 2013 el gobierno Nacional dio vida al ‘factoring’, un mecanismo de financiación alternativo a los créditos bancarios que va dirigido a pequeños y medianos empresarios. Consiste en convertir las facturas en una especie de título valor que permite negociar en otros términos a los convencionales.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio detectó casos en donde las grandes industrias no están cumpliendo la legislación "afectando directamente al sector empresarial más vulnerable".

Desafortunadamente nuestra compañía no permite por política interna, que nuestras facturas sean negociadas o descontadas por terceras personas. Esto no se le puede decir al cliente abiertamente o por escrito pues iría en contrasentido con la Ley 1231”. 

Este correo fue tomado del e-mail de Marcello Palombini, entonces director de Tesorería de Postobón, e iba dirigido a Claudia María López Taborda. Junto con Postobón, la SIC alista acciones en esta recta final en contra de otras tres firmas: Carbones Cerrejón, Equión Energía y Procter & Gamble Colombia Ltda.

En su calidad de revisores fiscales, la Superintendencia también abre pliego de cargos contra Deloitte & Touche, Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young Audit SAS y a KPMG SAS por haber incumplido presuntamente su deber legal de dejar constancia en su examen anual de esta irregularidad.

De llegar a ser halladas responsables, las firmas deberán pagar multas que van hasta los 73.000 millones de pesos por cada infracción; a quienes colaboren y faciliten información, las sanciones pueden ir hasta los $1.400 millones de pesos por infracción. 

Entre los correos que utiliza la SIC como evidencia en contra de las firmas aparece el dirigido por el mismo Palombini a Sandra Milena Perdomo Montoya, quien para el 29 diciembre del 2015 se desempeñaba como coordinadora de contabilidad. 

En la compañía no está permitido permitir que los proveedores endosen facturas a terceros. Esto no se puede decir duro pues la ley dice que sí lo tenemos que permitir. Hay que darle un manejo. Yo convenzo a los proveedores diciéndoles que nosotros mismos aceptamos un descuento por pagarles anticipadamente”.

Puede leer: El informe que recomienda sanción por cartelización de cementeras

Palombini es uno de los ejecutivos de la firma que es llamado a responder por estos correos en donde además especifica que este porcentaje de descuento puede ser del 1% y 1.5% mes vencido. En un aparte de los mensajes señala: “Ojo: no vaya a reenviar este correo. Es interno, solo entre ustedes y nosotros”. 

Junto con él, por la empresa Postobón, también tendrán que responder Miguel Fernando Escobar, representante legal principal, e Iván Darío Velásquez Uribe, vicepresidente Financiero y administrativo. 

Con relación a Carbones Cerrejón, la SIC cuenta con correos electrónicos comprometedores. El 11 de octubre del 2016, Carlos Alberto Pérez Tamayo, supervisor de cuentas por pagar, le dice a Wilson Ernesto Torres, jefe de la división de contratos de Cerrejón: 

La figura de farctoring mientras tengamos unos ingresos para Cerrejón a una tasa tan baja es beneficio que no debemos perder (aprox. US 340 K anuales)”. En el caso de Carbones Cerrejón están llamado a pliego de cargos Roberto Junguito Pombo, representante legal; Claudia Mercedes Bejarano, vicepresidencia financiera; Carlos Alberto Pérez, supervisor de cuentas por pagar; Amanda Cecilia Durán Casas, gerente de contabilidad financiera, y Jorge Álvarez Posada, gerente del departamento legal.

La SIC abre pliego de cargos contra otros tres ejecutivos de la firma Procter & Gamble Colombia Ltda. Estos son: Rafael Molina Dimate, gerente de contabilidad, Gustavo Adolfo Castellanos, gerente general de P&G Colombia ltda y Fernando García Figueroa, gerente general de P&G industrial Colombia ltda.

Puede leer: SIC inicia investigación por supuesto acuerdo anticompetitivo en APP

En este caso existe una comunicación enviada a todos sus proveedores: “Teniendo en cuenta la nueva reglamentación sobre endoso de facturas amablemente queremos solicitarles que en caso de que su compañía desee implementar tal esquema, dicha decisión nos sea comunicada con 60 días de anticipación a la fecha de su ejecución (…) De no recibir notificación alguna de los términos expuestos desafortunadamente las condiciones de la relación comercial podrán ser revisadas y en cualquier momento se entenderá que los pagos continuarán haciéndose a favor de su compañía bajo el esquema actual".

Finalmente, la SIC llama a responder por el lado de Equión Energy a María Victoria Riaño Salgar, representante legal; Diego Felipe Sáenz, representante legal principal; Sergio Gabriel Sarmiento, gerente de contraloría, y Rafael Gamboa Quintero, líder senior de reportes de tesorería.

La SIC cuestiona que en sus contratos se incluyera una cláusula que señala: “El contratista se obliga con Equión a no emitir y presentar facturas títulos valores (…). Como consecuencia de este compromiso, Equión queda facultada de manera irrevocable para negarse a aceptar facturas títulos valores y abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta tanto no presente una factura comercial”.

En contexto: Reinvención Digital de la Factura

Los quince llamados deberán responder por retener los originales de las facturas emitidas para evitar su endoso o exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el lleno de requisitos legales entre otras faltas. Estos procesos, para la Superintendencia, envían un mensaje de cumplimiento de la Ley para que las grandes empresas permitan que el ‘factoring‘ produzca sus efectos en favor de pequeñas y medianas empresas que necesitan liquidez pero las manotean. 

Una vez hecho el anuncio de la Superintendencia, Postobón S.A. manifestó a través de un comunicado que no han sido notificados de la decisión, sin embargo, subrayan que cuentan con un sistema de gobierno y cumplimiento corporativo que promueve la transparencia y el respeto por las normas, entre ellas el ejercicio de la libre competencia. "La Compañía pide prudencia ante la información generada por las declaraciones del Superintendente de Industria y Comercio, las cuales afectan su reputación corporativa y comprometen el buen nombre de sus directivos y colaboradores", se lee en el documento.

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