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| 7/1/2014 12:00:00 AM

Los líos de una funcionaria por máquina tapahuecos

Fiscalía llamó a interrogatorio la directora de la UMV María G. Gómez, y la Procuraduría le abrió pliego de cargos.

Seis meses después de que se conociera el polémico contrato de la máquina tapahuecos en Bogotá, la Fiscalía determinó vincular a la investigación a María Gilma Gómez Sánchez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), y la responsable del polémico contrato. 

El ente investigador escuchará a la funcionaria y luego establecerá si existe peculado y la posible comisión del delito de intereses indebidos en la celebración de contratos.

Este es otro lío que se le forma a la funcionaria pues este lunes la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Gómez por los mismos hechos por los que la Fiscalía la investigará. 

El Ministerio Público  señaló que el contrato superó los 11.000 millones de pesos y fue suscrito de manera directa bajo la modalidad de ciencia y tecnología, pese a que “por la naturaleza real del objeto a contratar, sus obligaciones y la forma de pago, se trataba de uno de obra pública que exigía indefectiblemente de un proceso de licitación”.
 
Con la determinación del órgano de control, Gómez, quien suscribió el contrato, fue citada a audiencia pública el 22 de julio próximo. Sin embargo, no será la única. La Procuraduría también le formuló pliego de cargos a María Constanza Aguja Zamora en su condición de secretaria general de la mencionada entidad y a Olga Patricia Mendoza Navarro, jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica de esa unidad. 
 
Aguja Zamora fue la que aprobó la firma del contrato, según la Procuraduría, mientras que Mendoza Navarro habría suscrito irregularmente los estudios previos de la contratación directa.

El órgano de control resaltó en un comunicado de prensa que también se investiga a Gómez Sánchez porque suscribió directamente el contrato “sin verificar previamente la evaluación efectuada, pues al parecer el proponente no cumplió con la experiencia específica exigida”. Aguja Zamora y Mendoza Navarro también recibieron pliego de cargos por este tema.
 
El 20 de enero de este año, Semana.com dio a conocer que los diferentes entes de control tenían la mira sobre el contrato para tapar los 220.000 huecos que para ese entonces la Unidad de Mantenimiento Vial había censado en Bogotá.

En su momento, María Gilma Gómez Sánchez dijo a periodistas de Semana.com que sólo con este tipo de maquinaria la UMV –única en el mundo- podía tapar todos los huecos de la capital en seis meses y así salir del atraso que se tenía en el mantenimiento de la malla vial local.

Según ella, con la tecnología utilizada, el IDU logró tapar en el 2013 sólo 8.000 huecos y la UMV tapó 3.300 huecos, un total de 11.500 huecos, frente a 220.000 que se calculaba tenía la ciudad.
 
“Resulta que la máquina que trae a Colombia Green Patcher tapa 12.000 huecos mensuales. Por eso decimos que las tres máquinas que ellos tienen, tapan en seis meses los 220.000 huecos de la ciudad”, explicó la funcionaria. 

¿Pero por qué arropar ese contrato como de ciencia y tecnología? Porque, según la funcionaria, con la tecnología tradicional con la que se venía trabajando no es suficiente, además de tratarse de un tema de costo-beneficio para la ciudad. “Es por un clamor ciudadano”, explicó.

Aseguró que la escogencia de la empresa no fue improvisada y que se realizó un proceso de 10 meses de estudios previos y un balance general que arrojó que era la tecnología adecuada para implementarla en Bogotá. 

En pocas palabras, el contrato se hizo directo amparado en el Artículo 2 del Decreto-Ley 591 de 1991, donde se asegura que “Transferencia tecnológica comprende la asesoría, negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras”.

Pero estos argumentos no parecen muy claro para la Procuraduría y la Fiscalía, entidades ante las cuales deberá responder María Gilma Gómez.
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