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| 7/3/1995 12:00:00 AM

PLOMO A LA PALOMA

Después de 15 días de disparos de la guerrilla, la gran pregunta no es dónde van a parar las exigencias de los alzados en armas, sino hasta dónde llegarán las concesiones del gobierno.

MAYO, MES LLUVIOSO por tradición, lo ha sido esta vez no solo de agua, sino de plomo. Cuando aún resonaba el eco de la palabras de Carlos Holmes Trujillo en la generosa oferta de paz que él y el presidente Ernesto Samper hicieron hace dos semanas en Bucaramanga, la guerrilla saludó la iniciativa con un ataque a la población de Ubaque, en las cercanías de Bogotá. Lo que siguió no fue más alentador. En la semana siguiente murieron cinco campesinos en Pueblo Nuevo (Sucre), el ELN reconoció haber asesinado a varias niñas en Arauca, se produjo otra voladura de oleoducto y un ataque en Bolívar que terminó con la muerte de un soldado.
Y la semana pasada fue aun peor. En días pasados la guerrilla se dedicó, entre otras cosas, a cercar a Cundinamarca. En Silvania, un comando de 70 subversivos rodeó el pueblo y disparó contra la estación de Policía y la sede de la Alcaldía. El martes 30 de mayo, las milicias bolivarianas de las Farc cercaron y atacaron con rockets y granadas la octava estación de Policía en ciudad Kennedy, en la capital. En los hechos murieron tres agentes y dos más resultaron heridos. En un retén instalado sobre la vía que conduce a Guayabetal, dos agentes de la Policía de Carreteras fueron asesinados.
EL resto del país no escapó a la arremetida. En Antioquia, la subversión intentó secuestrar a tres ingenieros, entre ellos uno estadounidense que trabajaban en la mina de oro situada en EL Limón. Horas más tarde una patrulla del Batallón Contraguerrilla número 43 se enfrentó a una docena de miembros de las Farc que tenía en su poder a los tres ingenieros, uno de los cuales murió durante los combates. En otro ataque, una fracción del ELN incursionó en los campamentos de la empresa Conconcreto en la hidroeléctrica Porce II y destruyó algunos equipos. En el Urabá antioqueño, siete campesinos fueron secuestrados.
Y cuando aún el calor de los combates de Cundinamarca y Antioquia no había desaparecido, la Costa fue víctima de varios ataques subversivos. Tres policías más fueron hallados torturados y muertos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Una patrulla del Ejército se enfrentó a la guerrilla en un retén que ésta había montado entre Ovejas (Sucre) y Carmen (Bolívar). Un soldado murió en el combate. Entretanto, en la misma zona fueron asesinados dos infantes voluntarios de marina y cuatro uniformados más resultaron heridos. En el municipio de Sincé (Sucre) fue retenido por las Farc durante más de dos horas el alcalde de Barranquilla Edgar George. Y ni hablar de los atentados frustrados por el Ejército.

LECCIONES DEL PASADO
El saludo de la subversión a la iniciativa del gobierno fue muy mal recibido por la opinión, que quedó escandalizada e indignada con la sevicia guerrillera. Después de semejante semana, muchos colombianos seguían sin entender cómo, en medio de la balacera, el gobierno aún estaba hablando de la paz. Sin embargo, con el paso de los días surgieron las primeras explicaciones: importantes analistas, como el columnista de El Tiempo Enrique Santos Calderón, explicaron la violenta arremetida en el hecho de que, como ya ha sucedido en el pasado, la subversión está buscando con las armas la manera de fortalecerse en la mesa de negociación.
No obstante, esta premisa puede no resultar tan cierta. Es verdad que casi siempre ha sucedido, pero ha ocurrido justamente con diálogos que fracasan y no con los que tienen éxito. Durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria, todas las negociaciones que comenzaron en medio de una escalada guerrillera terminaron siendo un fiasco. La gran excepción fue el proceso de paz con el M-19 a fines del 89 y principios del 90. En efecto, en este caso, no sólo se trató del único proceso de paz de gran envergadura que llegó a feliz término, sino justamente, del único que no estuvo precedido por la bala, sino por una tregua unilateral de varios meses por parte del grupo guerrillero.
Y ahí no paran las diferencias con el proceso actual. A la hora de sentarse a negociar, el M-19 había sufrido derrotas militares importantes, que no es lo mismo que puede decirse hoy en día de las Farc y el ELN. Adicionalmente, la gente de Carlos Pizarro había expresado en palabras y demostrado con hechos una verdadera voluntad de desmovilización y desarme, cosa que hasta el momento no ha quedado clara por parte de los alzados en armas quienes, en el mejor de los casos, hablan de una humanización de la guerra que se parece a todo menos a lo que practican.

PAZ Y PLOMO
Existen otras interpretaciones de los hechos de las últimas semanas.
"La ola de violencia es una demostración del error en el cual incurrió el gobierno al lanzarse a hablar de diálogo con el ELN, cuando las negociaciones con las Farc estaban aún en su etapa preliminar", dijo a SEMANA un ex asesor de la Consejería de Paz de tiempos de Barco. La tesis se basa en que las Farc estarían literalmente celosas por la prensa que han mojado en estos días el ELN y el EPL, después de que el gobierno aceptara que estaba a punto de sentarse a la mesa con sus voceros.
La actitud gubernamental ante la arremetida guerrillera ha sorprendido más que la arremetida misma -que, en verdad, a pocos sorprende-. El gobierno ha reafirmado su voluntad de paz y ha mantenido el tono abierto y la generosidad de sus propuestas expuestas por boca del propio Presidente en Bucaramanga a mediados de mayo. Y es que no hay duda de que si desde un principio, la tesis del Alto Comisionado fue la de reconocer la necesidad de realizar la negociación en medio de las balas, cambiarla por cuenta de 15 días de ataques subversivos hubiera resultado muy poco serio. El problema es que el gobierno ofreció la mano y la guerrilla le tomó el codo: una vez que el Ejecutivo aceptó dialogar bajo las balas, la guerrilla se sintió con licencia para desatar la ofensiva más sangrienta en meses.
Por cuenta de ello, la política de generosidad y de continuar con los acercamientos ha sido objeto de grandes críticas por parte de la opinión, en especial en el sector empresarial, e incluso de grandes diferencias dentro del propio gobierno. A pesar de los esfuerzos por mostrar una sola línea, las contradicciones entre los funcionarios del Ejecutivo han terminado por aflorar. El miércoles, después del Consejo de Seguridad convocado por el Presidente y durante la rueda de prensa conjunta que dieron el Alto Comisionado para la Paz y el ministro de Defensa, Fernando Botero, quedó en claro que existen, cuando menos, grandes diferencias de tono. Mientras el primero aseguraba de manera conciliadora que la "voluntad de paz del gobierno está intacta", Botero expresaba de frente y sin pelos en la lengua que ni él ni las Fuerzas Militares creen en la voluntad de paz de la guerrilla (ver entrevista).
Es previsible además que estas diferencias se ahonden a la hora de debatir las más recientes exigencias de la guerrilla. Las Farc, por un lado, han demandado la desmilitarización total de La Uribe, incluida su cabecera. El ELN y el EPL pretenden que sus dos presos más importantes -Francisco Galán y Francisco Caraballo- no solo sean sus voceros, sino que además se les permita salir de prisión para sentarse en la mesa. En estos dos temas el gobierno tiene la oportunidad de dejar claro que, a pesar de todo, la gran generosidad de que ha hecho gala tiene límites. Pero si termina cediendo, algo que puede llegar a hacer en desarrollo de la estrategia que hasta ahora ha planteado, debe ser consciente de que estará resignando las dos únicas victorias militares que las instituciones han obtenido en la última década. Y mientras el gobierno estudia hasta dónde está dispuesto a ir, la guerrilla sigue pidiendo más y más. A finales de la semana, sus exigencias rayaban ya en la desfachatez. Durante una visita que le hicieron en prisión los miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Francisco Galán, a quien el ELN pretende convertir en vocero y negociador, acusó a los medios de comunicación de ser en buena medida "responsables de la guerra" y aconsejó a los congresistas ponerle talanqueras a las tareas de los periodistas en el cubrimiento de las eventuales negociaciones. Que el representante del más sanguinario grupo guerrillero de la historia de Colombia le endose la responsabilidad de la guerra a los medios de comunicación, es ya la tapa. Es de esperar que la generosidad que el gobierno ha demostrado en las últimas semanas no llegue al punto de que quienes tienen las manos manchadas de sangre, consigan en la mesa del diálogo taparle la boca a quienes tienen las suyas manchadas, si acaso, de tinta.

Entrevista: FERNANDO BOTERO, MINISTRO DE DEFENSA
'La desmilitarización total de La Uribe es inaceptable'
AL TERMINAR UNA DE LAS semanas más críticas desde cuando el gobierno dio la largada al proceso de acercamiento con la guerrilla, SEMANA dialogó con el ministro de Defensa Fernando Botero.
SEMANA: ¿Porqué cree usted que la guerrilla desató la ofensiva de los últimos días? ¿Cree que desea fortalecerse para el diálogo -como dicen algunos- o lo que está demostrando es su falta de voluntad?
FERNANDO BOTERO: La historia reciente de Colombia demuestra que todos los ofrecimientos de diálogo generan una ofensiva terrorista por parte de la guerrilla. Se trata de mostrar fuerza para llegar a la mesa de negociaciones. De cualquier manera, lo que cuenta no es la forma como empieza el proceso, sino el desenlace final. Los antecedentes no son promisorios, pero hay que guardar algo de esperanza.
SEMANA Muchos colombianos creen que las únicas victorias que las autoridades han obtenido en contra de la guerrilla en más de una década, son la recuperación de La Uribe y la captura de Caraballo y Galán. ¿No cree que sería muy grave sacrificarlas en aras de un proceso tan incierto?
F.B.: La total desmilitarización de La Uribe y la liberación de Francisco Caraballo y Francisco Galán no son concesiones aceptables ni para el gobierno, ni para la opinión pública. Para decirlo en forma clara: sería inaceptable llegar a ese extremo.
SEMANA: ¿Es verdad, como comentan algunos analistas, que hay desánimo en la tropa por cuenta de la posición del gobierno en materia de diálogo con la guerrilla?
F.B.: No es cierto. Hay buen ánimo en la tropa. El presidente Ernesto Samper ha hecho un esfuerzo personal por generar cercanía y confianza con los altos mandos militares. Es más: el gasto militar más alto de la historia lo va a ejecutar este gobierno. Lo que ocurre es que las fuerzas militares -al igual que la inmensa mayoría de los colombianos- tienen profundas dudas acerca de la sinceridad de la guerrilla.
SEMANA: Quienes defienden el proceso de paz, alegan que las Fuerzas Armadas han demostrado su incapacidad para derrotar a la guerrilla. ¿Está usted deacuerdo?
F.B.: No estoy de acuerdo. Quiero decir de manera categórica que las Fuerzas Armadas están en capacidad de derrotar a los enemigos del orden institucional. Dicho esto, soy el primero en reconocer las dificultades que existen. La verdad es que el país libra una guerra en muchos frentes: la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia común, los grupos de autodefensa... Además está el problema con Venezuela. Pero aun con estas dificultades, vamos a obtener los resultados que el país espera.
SEMANA: El general Zúñiga, comandante de las Fuerzas Armadas y el militar de más alto rango, aseguró que con la legislación actual, no es posible ganar la guerra. ¿Comparte usted esa opinión?
F.B.: El Ministerio de Defensa tiene una estrategia clara y coherente para derrotar a la guerrilla, la cual se basa en varios puntos. El primero, es la adjudicación de un amplio presupuesto para las Fuerzas Armadas. El segundo, privilegiar la inteligencia por encima de las propias operaciones militares. Tercero, organizar a la comunidad en función de su propia defensa, tal y como se está haciendo con las cooperativas rurales. El cuarto: desarrollar una capacidad de transporte helicoportado para el Ejército. Lo que sí hace falta -y en esto concuerdo con el general Zuñiga- es una justicia más efectiva y más contundente, basada en una legislación de emergencia, para derrotar a los alzados en armas.
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