Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2002/06/17 00:00

A plomo limpio

La renuncia forzada de autoridades locales adquirió características epidémicas en una semana. Alcaldes, jueces, policías, concejales y fiscales de más de 100 municipios son el botín de la guerra territorial. ¿Colapsa el Estado en las regiones?

En una seguidilla siniestra continúan siendo amenazadas, asesinadas y obligadas a renunciar las autoridades locales de un 10 por ciento de los municipios por los grupos guerrilleros y de autodefensas.

Tras el asesinato de Luis Carlos Caro, alcalde de Solita (Caquetá), el pasado 5 de junio, la ronda de amenazas siguió en el Huila. A comienzos de este mes un vocero del frente 'Timanco' de las Farc llamó a un diario regional. Quería contar que esta organización les había ordenado renunciar, en un plazo de 30 días, a los alcaldes, concejales, inspectores, jueces y corregidores de cinco de los 37 municipios de ese departamento. El guerrillero dijo que la orden había sido impartida por el estado mayor del bloque sur de las Farc y agregó que "esta norma revolucionaria se va a extender en los próximos días a todo el país por orden de nuestros superiores". En los días siguientes a esta amenaza le presentaron su carta de renuncia al gobernador del Huila los alcaldes de Algeciras, Gigante, Hobo, Campoalegre, Rivera, Acevedo, Suaza y Altamira.

El pasado lunes festivo guerrilleros de las Farc visitaron casa por casa a toda la plana mayor de la alcaldía de San José de Isnos, también en el Huila. Al día siguiente el alcalde de ese municipio, Melquisedec Achury, acompañaba a sus colegas a Neiva porque "ya metieron a los funcionarios y sus familias".

Después, tal y como lo había advertido el guerrillero, los ultimátums de las Farc se extendieron como un brote infeccioso por otros departamentos del país, como Arauca y Cesar.

El martes de la semana pasada Carlos Reyes, comandante del décimo frente de las Farc, liberó al dueño de una empresa de taxis, al que retuvo durante 69 días mientras investigaba si tenía nexos con grupos paramilitares. El acto de entrega se llevó a cabo en una zona rural, a dos horas y media de la capital de Arauca, en la vía que une a esta ciudad con el municipio de Tame. Reyes aprovechó además para leer un comunicado en el que fijaba un plazo de 10 días, a partir de esa fecha, para que renunciaran a sus cargos dos parlamentarios, siete alcaldes, 11 diputados y 77 concejales, es decir, todos los representantes políticos del departamento. No contentos con esto los subversivos ordenaron que cesaran en sus aspiraciones nueve candidatos a la gobernación. Quien no acatara estas exigencias asumía el riesgo de convertirse en objetivo militar de las Farc.

Las palabras del guerrillero tuvieron efecto inmediato. El diputado liberal William Reyes Cadena dejó la Asamblea Departamental y dijo que de ahora en adelante se dedicará a su familia. Reyes era uno de los cuatro diputados araucanos que iban a darle paso a su segundo renglón en este período de sesiones. Falta ver si éstos últimos aceptan ocupar el puesto en las actuales circunstancias. Edgar Matus Torres, uno de los candidatos que había postulado su nombre para las elecciones de gobernador del próximo 7 de julio, se retiró de la contienda electoral y viajó la semana pasada a Caracas, Venezuela, donde trabaja en el sector privado.

El miércoles el ultimátum de renuncia de turno fue para los alcaldes y sus gabinetes, los 74 concejales, los fiscales y los inspectores de Policía de seis municipios del Cesar. Ese día un vocero del frente 41 de las Farc llamó a una emisora local y fijó un plazo de 24 horas para la renuncia de los mandatarios de La Paz, Manaure, San Diego, La Jagua de Ibirico, Codazzi y Becerril. De no hacerlo corrían el mismo riesgo que sus colegas de Arauca. Esta amenaza produjo una desbandada inmediata en Manaure, cuya sede municipal fue volada por las Farc el pasado 23 de mayo, y San Diego. El Concejo de La Paz hizo lo propio y, aunque él lo niega, hay quienes aseguran que el alcalde de dicha población llevaba casi un mes despachando desde la cafetería de la gobernación en Valledupar.



Efecto domino

Al final de la semana pasada el panorama era preocupante y las posibilidades de solución remotas. En el Huila la Policía destinó 120 agentes para la custodia de los alcaldes, mientras que los del Cesar tenían pendiente una reunión esta semana con el gobernador y los mandos militares de la zona para estudiar medidas para su protección. Todos ellos, más los de Arauca, han desfilado por el despacho del Ministro del Interior sólo para comprobar que las acciones para resolver su situación no son tan expeditas ni tan eficaces como ellos quisieran.

Pero si en las zonas de influencia guerrillera llueve plomo contra los representantes del Estado, en los territorios de dominio paramilitar no escampan las amenazas y las ejecuciones.

Javier Carrascal Martínez, alcalde conservador de El Tarra, Norte de Santander, lo sabe mejor que nadie. Esta semana cumple dos meses fuera de su municipio, de donde tuvo que salir para evitar el acoso de los paramilitares que se instalaron en la zona. Aunque ya se entrevistó con el viceministro del Interior y habló en dos ocasiones con los encargados del área de protección de dicho Ministerio, no ha podido volver a ocupar su puesto y, lo que es peor, la gobernación quiere abrirle un proceso disciplinario por abandono del cargo.

El drama de Carrascal comenzó a mediados del mes de abril cuando un grupo de paramilitares, comandados por un hombre costeño a quien todo el mundo conoce sólo como 'El bachiller', instaló su puesto de mando en La Campana, una zona rural ubicada a una hora del municipio de El Tarra. Allí comenzaron a citar a un gran número de personas. El 17 de abril le mandaron una razón perentoria a Carrascal con un comerciante: tenía que subir a hablar con 'El bachiller'. El alcalde evaluó la situación y decidió no ir. Dos días después otro comerciante le dijo que los paramilitares todavía estaban esperándolo.

Carrascal, acompañado por el sacerdote y la personera, subió hasta el campamento. 'El bachiller' habló durante 45 minutos. Le dijo al alcalde que era objetivo militar de sus hombres porque supuestamente les colaboraba a los guerrilleros de la zona y porque sabían que había pedido la presencia de más Fuerza Pública. Le ordenó que le colaborara a la veintena de hombres que había dejado en el casco urbano, vestidos de civil y dotados de armas cortas, y que subiera al día siguiente con todos los concejales. Carrascal volvió al pueblo y le pidió protección a la Policía. El lunes siguiente salió del municipio, junto con su familia, en un helicóptero de la institución. Los concejales, en cambio, no fueron tan afortunados.

Un día después de que el alcalde se refugiara en el cuartel de la Policía cuatro de los 11 concejales subieron hasta donde 'El bachiller'. Los que no se presentaron fueron declarados de inmediato objetivo militar. Los que fueron, sin previo aviso, tuvieron que someterse a la prueba de la cédula. Sus nombres fueron confrontados con los de una lista que guarda en su agenda el comandante paramilitar.

El del concejal Milet Humberto Herrera estaba en la lista.

—"El problema con usted está crítico", le dijo 'El bachiller'.

—"¿Por qué?", le preguntó Herrera.

—"Porque usted es guerrillero, le dijo el jefe paramilitar. No lo queremos matar aquí. Le doy tres horas para que desocupe la zona".

El concejal tuvo que devolverse a pie hasta el pueblo. Recogió sus cosas y se fue. A las tres horas los paramilitares que patrullan El Tarra en moto comprobaron su partida. Hoy Herrera, un hombre alto y recio que cuando habla de estas cosas no puede evitar las lágrimas, dice que su tienda y su casa fueron confiscadas por los paramilitares. En un pueblo donde no hay sino un médico para 17.000 habitantes, donde la única ley es un inspector de Policía que no puede capturar a nadie porque no hay cárcel, Herrera no tiene muchas esperanzas de que pase nada. Ahora deambula por Bogotá como alma en pena, junto con Carrascal y el también concejal Plinio Rafael Barrios, en procura de una ayuda que nunca llega.

Carrascal necesita que el Concejo le dé una autorización para despachar desde Cúcuta o cualquier otro municipio. El Concejo, que continúa funcionando porque los paramilitares hicieron quorum a la fuerza con los suplentes, no han promulgado el acuerdo que necesita el alcalde porque 'El bachiller' no los deja. El secretario de Gobierno está encargado de El Tarra pero no puede hacer nada para impedir que los paramilitares, por ejemplo, utilicen la maquinaria municipal.



¿Quien podra defenderlos?

Estas amenazas no son desdeñables. En lo corrido del gobierno de Andrés Pastrana, según la Federación Colombiana de Municipios, 50 alcaldes han sido asesinados. Hay casos críticos como el de Puerto Rico (Caquetá), donde en los últimos 10 meses dos mandatarios han perdido la vida a manos de la subversión. No sorprende, entonces, que unos 52 burgomaestres, es decir el 5 por ciento de los 1.096 en todo el país, estén actualmente despachando desde las capitales de departamento.

Las cabezas del Ejecutivo local no son las únicas víctimas de esta campaña de amedrentamiento y eliminación. Los fiscales y los jueces también están abandonando sus funciones, con lo que decenas de miles de colombianos se están quedando sin alcalde y sin ley. El viernes pasado el Consejo Superior de la Judicatura cerró transitoriamente 30 despachos judiciales para salvaguardar la vida de los funcionarios.

Amenazas, secuestros y homicidios contra la rama judicial han llevado al cierre temporal de siete juzgados y al traslado de 13 de ellos a cabeceras municipales y de funcionarios por todo el país. No es coincidencia que un municipio como Suaza, en Huila, no tenga alcalde, porque renunció y salió del casco urbano, ni tenga juzgado porque el Consejo Superior determinó su traslado.

Además, una buena parte de los pueblos que hoy no saben quién los gobierna tampoco saben quién los cuida gracias a que la Policía Nacional retiró a sus hombres de las estaciones. Según datos de la dirección operativa de esta entidad, las cabeceras de 162 municipios no cuentan con presencia policial. Pueblos caucanos como Almaguer y Piamonte; sucreños como Colosó y Palmito o bolivarenses como Achí y Montecristo sufren la latente amenaza contra sus alcaldes sin la protección de una estación de Policía.

En resumen, uno a uno los representantes del Estado están abandonando sus poblaciones y dejándolas en poder de la guerrilla y los paramilitares. Para el analista Pedro Medellín, los alcaldes son "la mayor expresión de la mínima institucionalidad que nuestro Estado tiene en el país". Son estas instituciones —alcalde, concejal, comandante de Policía y juez— los símbolos de la legalidad que los grupos armados ilegales quieren sacar para concentrar ellos todo el poder local.



Cumbres borrascosas

A raíz de la crisis desatada por las renuncias masivas en Huila, Caquetá, Arauca y Cesar los alcaldes, la Federación de Municipios y el Ministro del Interior han celebrado varias reuniones para acordar soluciones. De una de ellas salió la idea de conformar una comisión liderada por la cartera del Interior con la presencia de los ministros de Defensa y Justicia, el defensor del Pueblo, el Fiscal y el Procurador, los directores del DAS y de la Policía y los altos mandos militares.

De todas maneras no es muy claro cómo una comisión gubernamental de este tipo va a detener la cascada de agresiones, amenazas y renuncias de funcionarios que parece no tener punto final. Esto sólo es muestra de que la marea bajó y ya la punta del iceberg se nota en toda su dimensión. Por muchos años, hasta décadas en municipios de colonización, la guerrilla ha suplantado las funciones que le corresponden al Estado, como invertir en obras, controlar la política, impartir justicia y preservar la ley. No es de extrañar que los alcaldes huyan de sus despachos apenas un comandante de frente emite una amenaza. Ellos han convivido con la subversión y el paramilitarismo diariamente; han montado campañas políticas e impedido secuestros y negociado el presupuesto. Saben que la pelea contra el Estado la llevan ganada los grupos ilegales en esas zonas.

¿Qué caminos tiene el gobierno central para resolver la situación? No son muchos. Es prácticamente imposible proteger con un escolta cada alcalde o concejal amenazado. Además de nada serviría ya que el problema es de control de territorios y no de la integridad física de las personas. Los comunicados de la guerrilla han roto el frágil equilibrio que les permitía a los alcaldes gobernar y la Fuerza Pública luce incapaz de restablecerlo a punta de fuerza.

Mientras las Farc y los paras puedan expulsar a los representantes del Estado, intervenir las finanzas locales, influir en las inversiones y fortalecer los cercos sobre departamentos enteros no habrá institucionalidad que aguante el continuo resquebrajamiento de sus mínimos principios.

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