Jueves, 19 de enero de 2017

| 2001/03/19 00:00

Pobre salud

Durante los últimos tres años en Barranquilla se embolataron 12.000 millones de pesos destinados a subsidiar la atención médica de los estratos uno y dos.

Pobre salud

El pasado jueves 15 de febrero fue uno de los días más agitados desde que el médico Humberto Caiaffa llegó a la Alcaldía de Barranquilla. Ese día se vencía el plazo para que el municipio pagara la deuda que tiene con las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), las cuales se encargan de cubrir los gastos de atención a los más pobres de las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS). La deuda asciende a unos 12.000 millones de pesos.

Después de tocar varias puertas a entidades bancarias y diseñar nuevas alternativas para poder superar la difícil situación, el alcalde logró que se le ampliara un poco más el plazo para cumplir con los compromisos. De cualquier manera el pago a las entidades administradoras es ineludible ya que representa, en el caso de Barranquilla, la asistencia en salud de unas 500.000 personas que hacen parte de los estratos uno y dos, es decir, la población más pobre y vulnerable de la ciudad.¿Por qué la ciudad no contaba con esos 12.000 millones? De acuerdo con una investigación realizada por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, liderado por el vicepresidente Gustavo Bell, del que hacen parte el DAS, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, entre otros, este dinero habría sido desviado a otros fines por la administración municipal de Barranquilla desde 1997 hasta 1999.

Según la investigación, la red de servicios subsidiarios de salud dejó de recibir esa cantidad de dinero debido a que estos recursos fueron destinados para otros usos, como el pago de nómina del Distrito, la compra de papelería y la pavimentación de vías, cuestiones que nada tienen que ver con el régimen subsidiado de salud. Las autoridades concluyeron que se trató de un caso típico de desviación de recursos, lo cual está prohibido tanto por la Constitución como por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. “Eso es jugar con la vida de las personas”, dijo a SEMANA Inés Vargas, superintendente de Salud, entidad que en 1998 sancionó al Distrito de Barranquilla por esas irregularidades.

Durante la investigación los organismos de control comprobaron que la gran mayoría de los pagos por papelería, vías, etc. no tuvieron soporte legal, o fueron hechos mediante cuentas indebidamente registradas, muchos de ellos carecen de facturas y certificados de entregas a satisfacción.

Una de las IPS más perjudicada es la Corporación Centro San Camilo, que dirige el padre Cyrillus Swinne, que atiende cada año cerca de 100.000 personas pobres de Barranquilla. La deuda asciende a 1.600 millones de pesos. “Mientras el Distrito no nos paga nosotros nos seguimos endeudando”, dijo el sacerdote a esta revista. Estas irregularidades llevaron a la Fiscalía a vincular, mediante indagatoria, a cinco funcionarios de la administración de Bernardo Hoyos para determinar su presunta responsabilidad en los hechos . Aunque las investigaciones han sido lentas, la opinión pública espera que estos episodios se resuelvan lo antes posible. Y es que está en juego la suerte de medio millón de personas.

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