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| 8/19/2017 10:15:00 PM

Reforma política: el proyecto de la controversia

A pesar de que hay poco ambiente en el Congreso para aprobar una reforma política amplia, como la que se concibió en los acuerdos de paz, el gobierno pelea voto a voto para salvar una versión limitada.

Ningún proyecto de ley, de todos los derivados del acuerdo de paz, había generado tanta controversia como la reforma política. La iniciativa, en la que partidos, académicos y el propio gobierno vienen trabajando desde diciembre, ha generado tensión en el Congreso. El momento de máxima crispación llegó el martes pasado, cuando el representante Álvaro Hernán Parada se fue lanza en ristre contra el proyecto. Decenas de estudiantes presentes en la Comisión Primera de la Cámara quedaron aterrados cuando el político uribista señaló que en el recinto había “voceros de los terroristas de las Farc vigilantes y amenazantes frente a cualquier propuesta del Centro Democrático”. A los gritos de un grupo que le pidió a Parada no descalificar a los estudiantes, se sumaron las réplicas de varios parlamentarios que pidieron más tiempo para discutir la reforma.

En los acuerdos de La Habana, y como parte de la negociación con las Farc, el gobierno se comprometió a impulsar medidas para “asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral; modernizar y hacer más transparente el sistema electoral; dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia”. Para desarrollar esas medidas le dio vida a una Misión Electoral Especial que, en marzo de este año, recomendó una serie de ajustes normativos e institucionales para mejorar las formas de hacer política.

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Atendiendo al realismo político, solo algunas de las recomendaciones quedaron incluidas. El gobierno y los congresistas rechazaron varias con el argumento de que serían difícilmente aplicables, como la creación de una Corte Electoral, el aumento de la cuota de género al 40 por ciento, la segunda vuelta electoral en los seis municipios más grandes del país, la eliminación del voto preferente en 2018 y la creación de distritos uninominales en varias regiones. A finales de mayo, después de una decena de reuniones, el gobierno llegó a consensos con los partidos de la Unidad Nacional en torno a temas como la financiación pública de las campañas, la presentación de listas cerradas en 2022 y el otorgamiento de nuevas funciones para el Consejo Nacional Electoral. También se acordó la posibilidad de limitar a tres periodos la permanencia de un congresista en el Capitolio, y disminuir la edad para ser parlamentario.

Pero si algo quedó claro en el debate del martes pasado es que en pocos días esos consensos con la Unidad Nacional se rompieron. Además de que varios congresistas de La U insistieron en que la reforma iba más allá de lo acordado en la Habana, el representante Jorge Rozo, de Cambio Radical, presentó ponencia negativa al proyecto. Según él, “esta reforma es insuficiente para cubrir las carencias del sistema político y electoral actual”. A pesar de que Cambio Radical formalmente hace parte de la coalición de gobierno, Jorge Enrique Vélez, el presidente del partido, había dicho hace tres meses a SEMANA que en sus toldas no estaban de acuerdo “con nada de la reforma política”, que las listas cerradas son “una irresponsabilidad” y que no se deberían establecer topes para los aportes a los partidos.

Una vez expuesta la conclusión de la ponencia, varios miembros de la comisión presentaron una lluvia de consideraciones contra el proyecto. Algunos argumentaron que con la prohibición de dar dádivas a los electores se estaba limitando hasta la posibilidad de ofrecer un tinto en las reuniones políticas. Otros criticaban que se incluyera una restricción para que las campañas contrataran transporte el día de elecciones.

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Con esas críticas se hizo evidente que tramitar una reforma política en época electoral es casi imposible. Si bien hace tres meses el gobierno logró un mínimo consenso en torno al articulado, en el tiempo que ha pasado desde entonces muchos congresistas tienen la mirada puesta en su reelección. Así lo reconoce la académica Elisabeth Ungar, miembro de la Misión Electoral, para quien “no todo está perdido y es aún posible que se salven algunos temas. Pero la coyuntura política, la fragilidad de la coalición de gobierno, los personalismos, la polarización y el inicio de la campaña electoral son factores que juegan en contra de la reforma”.

Después del desorden de la semana pasada, el gobierno se sentó nuevamente con los partidos políticos para redefinir el contenido de la reforma y al menos tres aspectos fundamentales. Con la conciencia de que solo en una coyuntura como la actual, en la que además de dar cumplimiento a los acuerdos de paz el procedimiento del fast track agiliza el trámite legislativo, ahora apuestan por sacar adelante la creación del Consejo Electoral, la adquisición progresiva de derechos para movimientos políticos y la financiación mayoritariamente estatal de las campañas.

En el primero de los puntos se busca crear un Consejo Electoral entre cuyas funciones está reconocer a los partidos políticos, definir los topes de financiación y gastos de las campañas y aprobar el censo electoral. Con el ánimo de despolitizar la actividad de este Consejo, el proyecto contempla que esté conformado por nueve magistrados, de los cuales tres serán elegidos por el presidente, tres por las altas cortes y tres por el Congreso. Sin embargo, lo más probable es que en aras de aprobar el proyecto se le conceda al Congreso su petición de ser el único nominador. De esa forma, más que su composición, los cambios frente al Consejo Nacional Electoral de hoy tendrían que ver con un cambio de funciones. La entidad propuesta tendría más dientes, al poder desempeñar algunas funciones judiciales como decidir la revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular cuando estén inhabilitados o sancionar el incumplimiento de disposiciones sobre publicidad, entre otras.

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En cuanto a la financiación de las campañas, se mantendrá que esta sea predominantemente pública y se generarán incentivos económicos para aquellos partidos que privilegien la participación de jóvenes y mujeres en sus listas. Y en lo que concierne a la adquisición progresiva de derechos, se reconocerá la personería a los partidos que tengan una base de afiliados de al menos el 0,2 por ciento del censo electoral. Desde 2019, esta base mínima de afiliados aumentará 0,05 por ciento, hasta alcanzar un tope del 0,5 por ciento del censo electoral. Se considerarán partidos las organizaciones que hayan obtenido como mínimo el 3 por ciento de los votos en las últimas elecciones de Cámara o Senado.

Frente a la posibilidad de volver a las listas cerradas y eliminar el voto preferente, un tema fundamental para reducir los costos de las campañas y hacerles contrapeso a los vínculos entre políticos y contratistas, aún no hay claridad de lo que pueda salir de la votación. Hasta la semana pasada, se creía que la lista cerrada podría imponerse desde 2022, pero en los últimos días aumentaron las posiciones a favor del voto preferente.

Para salvar este intento de reforma el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha tenido que articular intereses que van más allá del Congreso y que incluyen a la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo de Estado, entidades que también han planteado inquietudes sobre cuál debe ser su papel en los procesos electorales. Dado que la Comisión Primera de la Cámara votó negativamente la ponencia de Cambio Radical que buscaba archivar la reforma, el reto para el gobierno será que los congresistas voten una reforma que, si bien no responde a la oportunidad de hacerle un cambio estructural a la política, podrá mejorar algunos aspectos puntuales del ejercicio del poder.

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