Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/01/27 00:00

Podadora presidencial?

La decisión del presidente Álvaro Uribe de objetar la Ley Forestal alargará la vida de las selvas, pero desnudó los problemas de la gestión de sus ministros del ramo.

Tras conocer las objeciones de los ex ministros de Ambiente a la Ley Forestal, el presidente decidió objetar 11 puntos, no sólo porque atenta contra los bosques naturales, sino contra su convicción personal de conservarlos.

Después de tres horas de reunión alrededor de una inmensa mesa de madera en la sala de juntas del Palacio de Nariño, el presidente Álvaro Uribe logró escuchar y aceptar lo que muchas voces no fueron capaces de lograr en más de un año: modificar la Ley Forestal.

Desde cuando el proyecto empezó a ser tramitado en el Congreso, generó todo tipo de críticas, no sólo de las autoridades y los expertos, sino de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que viven en las selvas y zonas de frontera agrícola. La razón: la iniciativa que aparentemente buscaba fomentar y consolidar una industria de reforestación comercial en las 20 millones de hectáreas que hay en el país aptas para este negocio, terminaba de forma indirecta abriendo las puertas para explotar la madera que hay en otros 15 millones de hectáreas de bosques baldíos que no están protegidos bajo el esquema de parques naturales.

Tras meses de debates y polémicas, a finales de diciembre, y a pupitrazo limpio, el proyecto fue aprobado a pesar de las advertencias de los ex ministros de Medio Ambiente, organismos nacionales e internacionales del medio ambiente, de la Procuraduría y la Contraloría, entre otros. Como anécdota de la aprobación de esta ley, quedó el enfrentamiento entre el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y el congresista Gustavo Petro, en el que casi se van a los puños y que hoy continúa en los estrados judiciales.

Como una última medida para salvar los bosques naturales, los ex ministros de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, José Vicente Mogollón, Juan Mayr y el ex viceministro Eduardo Uribe Botero, le solicitaron una audiencia al presidente Uribe para presentarle sus preocupaciones antes de que fuera sancionada.

En el encuentro, en el que también estuvieron la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez, y el combativo ministro de Agricultura, el Presidente comprendió que si firmaba, no sólo pondría en peligro una de las mayores riquezas que aún tiene el país, sino que iría en contra de sus convicciones personales.

Los ex ministros sorprendieron a Uribe cuando le mostraron que el fin primordial de la ley aprobada para conservar los bosques, la biodiversidad y los servicios ambientales era su ocupación económica sostenible, es decir, su tala. Es como si alguien propusiera proteger los tiburones zorro y tinto que viven en el santuario de Malpelo mediante su pesca comercial vigilada.

De inmediato, el Presidente les anunció que objetaría el artículo que proponía precisamente eso. Esa determinación abrió la puerta a otros temas. Al final, Uribe acordó devolver la Ley al Congreso con 11 objeciones que buscan eliminar dos artículos, tres parágrafos, un numeral y varias frases que atentan contra la conservación de los bosques.

Dentro de lo que sería modificado están los incentivos económicos que se creaban para explotar la selva natural y que iban en contra de la reforestación, "ya que con lo planteado es más fácil para una empresa empezar a sacar madera que invertir y esperar 30 años antes de cortar el primer árbol", dijo a SEMANA uno de los ex ministros.

Uno de los incentivos objetados es el 'vuelo forestal'. Esta figura les permite a las empresas extractoras de madera utilizar la gran zona de bosque que le asignaran como garantía de créditos financieros y así no correr riesgo alguno. Igualmente, la ley abría la posibilidad de que recursos que hoy se destinan a la conservación de bosques y a las Corporaciones Autónomas Regionales fueran desviados para promover su explotación maderera.

El ex viceministro Eduardo Uribe dijo a SEMANA que una vez sean aprobadas estas objeciones, se desactivarán las amenazas que tenían los bosques y la Ley retomará su espíritu, que es el de crear incentivos para promover la reforestación.

En los próximos días el gobierno devolverá el proyecto al Congreso con las objeciones, para que las apruebe o rechace cuando sesione a partir del 16 de marzo. Los ministros Suárez y Arias tendrán que ir a darse la pela política de pedirle al Congreso que borre lo que le pidieron airadamente firmar a finales del año pasado, y lo más probable es que lo consigan.

La ministra Suárez dijo a SEMANA que "el Congreso entenderá que se busca eliminar por completo las posibilidades de interpretación que den lugar a equívocos. Tenemos la certeza de que la Ley tiene avances importantes y no hay ninguna contradicción con las directrices dadas por el señor Presidente".

Para algunos congresistas, el proyecto no soluciona el problema de fondo, pues de manera ilegal los bosques siguen siendo talados y las tierras que han sido arrebatadas en las últimas décadas a la selva están en su mayoría en manos del narcotráfico y grupos ilegales que no tienen ninguna voluntad de reforestar.

Lo que no se entiende de todo este episodio es por qué sólo horas antes de convertirse en ley, el gobierno escuchó todas las objeciones y temores que voces reconocidas tenían frente a ella. ¿Por qué, si el mismo Presidente ha dicho que su principio es proteger las selvas y no permitir ni palma africana ni ningún uso agrícola en estos suelos, los ministros siguieron adelante con su aprobación?

El ministro Arias, pero en especial su colega Suárez, encargada de proteger el medio ambiente, aún le deben una explicación al país, que de estar ubicado en otra latitud, habría tenido profundas consecuencias políticas. n

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