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| 3/19/2011 12:00:00 AM

¿Podrán con este pulpo?

El presidente Santos tiene carta blanca para reformar el Estado. Pero más que una reforma estructural busca cortarle los tentáculos a la corrupción en entidades estratégicas.

Se daba por hecho que el Congreso, de amplias mayorías santistas, aprobaría sin demora ni problemas un proyecto crucial para el presidente: el de facultades para reestructurar el Estado. La iniciativa no tenía complicaciones ideológicas y es fundamental para que el gobierno cuente con las herramientas institucionales necesarias para sacar adelante su agenda. Y sin embargo, la ley casi se quema en la puerta del horno: solo salió adelante después de una rebelión conservadora, gritos de la oposición y un par de reuniones palaciegas para calmar los ánimos.

La reforma que pretende Santos no es una gran transformación del Estado: ni cambio extremo ni revolcón sin precedentes. No tiene las dimensiones de la reforma que hizo el expresidente Álvaro Uribe, quien eliminó más de 150 entidades, rediseñó más de 400, fusionó varios ministerios y construyó un "Estado comunitario".

Santos lleva meses preparando una intervención 'quirúrgica' para lograr una obsesión suya de vieja data, anunciada durante su campaña electoral: un Estado más eficiente, innovador y moderno. La prioridad es revivir los ministerios que se fusionaron en el gobierno anterior y dar tratamiento de choque a entidades específicas que adolecen de una o varias de las siguientes condiciones: desprestigio crónico, escándalos de corrupción o sobrecarga de funciones.

La decisión de revivir los ministerios tiene poca oposición. La fusión de despachos resultó nula desde el punto de vista del ahorro presupuestal, según cifras del Ministerio del Interior, y en cambio tuvo un alto costo institucional. Por esto, Santos revivirá los despachos de Salud, Trabajo, Vivienda, Medio Ambiente y Justicia.

Según la Casa de Nariño, el Ministerio de Protección Social estaba sobrecargado de funciones que no podía cumplir. Estaba claro que la defensa de los derechos de los trabajadores y la promoción de empleos formales requería una cartera propia. No solo por su importancia obvia, sino porque es una prioridad de la agenda del gobierno Santos y porque los tratados de libre comercio -sobre todo el de Estados Unidos- van de la mano de la situación de los sindicalistas. El frente de la salud no es menos importante.

Por otro lado, todo el mundo cree que la fusión de Justicia e Interior fue nociva para la administración de justicia, porque debilitó la interlocución entre el Ejecutivo y las Cortes y relegó el tratamiento de sus temas -algunos con líos diarios, como el Inpec- a un viceministerio con poco espacio de maniobra.

Y no menos importante es la separación de Vivienda y Medio Ambiente. Para lograr la promesa de campaña de entregar un millón de viviendas en cuatro años y capotear los desafíos que dejó la ola invernal, se requiere una mayor capacidad institucional. Y en cuanto a la gestión ambiental, de nada sirve que sus responsables tengan un rango segundón para explotar en el contexto internacional la posición geográfica privilegiada y los recursos naturales de Colombia.

Pero tal vez lo más novedoso de la reforma es que los nuevos ministerios tendrán "servicios compartidos". En vez de que cada uno tenga una sección de Recursos Humanos, Tesorería y Servicios Generales, las seis entidades compartirán un departamento encargado de todos los productos de apoyo. Es una práctica que está de moda en Europa y que permite ahorro de recursos fiscales.

Y mientras los futurólogos empiezan a lanzar cábalas sobre los nombres de posibles ministros, que no se anunciarán hasta mitad de año, el Ejecutivo estará ocupado con las reformas de entidades y la creación de sus reemplazos. Esto es lo que más controversia ha desatado. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Liquidará oficinas a diestra y siniestra? ¿Despedirá a millones de personas de un día para otro? ¿Qué garantiza que los nuevos despachos serán más eficientes que los anteriores?

El cambio más profundo se producirá en el DAS, golpeado por una crisis de credibilidad y confianza después del escándalo de las 'chuzadas'. Será liquidado y reemplazado por la Agencia Nacional de Inteligencia, adscrita a la Presidencia. Solo se encargará de labores de inteligencia y contrainteligencia. Otras funciones que cumplía el DAS -policía judicial, servicios de migración y el programa de protección- serán trasladadas a la Fiscalía, la Cancillería, el Ministerio del Interior y la Policía.

La Dirección Nacional de Estu-pefacientes también se someterá a tratamiento de choque. En un principio, su misión era diseñar y dirigir la política antidrogas del país, pero quedó reducida a manejar los bienes incautados a la mafia, lo que ha dado pie a varios escándalos de corrupción. Ahora el Ministerio de Hacienda se encargará de los activos incautados y la DNE solo tendrá potestad para liderar la política contra los estupefacientes y los procesos de extinción de dominio.

El gobierno también creará agencias para liderar políticas efectivas en frentes estratégicos, según su lema 'Prosperidad para todos'. Por ejemplo, dado el evidente rezago en materia de infraestructura, se tomó la decisión de crear la Agencia Nacional de Infraestructura, encargada de hacer los contratos y las licitaciones y de manejar macroproyectos como carreteras, puertos y concesiones.

Otro frente que ha tomado importancia crucial, dado el complejo debate de extraer recursos naturales o resguardar ecosistemas protegidos, es la minería. Por esta razón se creará una entidad dedicada a definir los derroteros que regirán la explotación minera en el país. La nueva Agencia Nacional de Minería estará encargada de entregar las licencias de explotación mientras Ingeominas se dedicará únicamente al estudio de suelos y del territorio.

Pero tal vez la innovación más notoria en la estructura del Estado será la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, que se hizo con asesoría del Banco Mundial y el BID al ver que el Estado colombiano podría perder más de cien billones de pesos por demandas y procesos judiciales. Esta agencia creará protocolos para prevenir demandas, usará la conciliación y tendrá un pool de abogados que asumirán la defensa de la Nación.

Otras entidades, como el Invima, la Supersalud, Inpec y Supernotariado y Registro -fundamental para la política de restitución de tierras-, están en etapa de diagnóstico y serán reformadas a mediano plazo. Etesa fue liquidada en el gobierno anterior y será reemplazada por una nueva entidad que todavía está en planos. Las nuevas agencias estarán adscritas a un sector o ministerio y deben empezar a funcionar en enero.

La reforma no ha estado exenta de controversia. ¿Vendrá una masacre laboral? O al revés, ¿creará un exceso de burocracia? El gobierno ha hecho un esfuerzo para saber dónde necesitará gente nueva -principalmente en la Agencia de Defensa Jurídica y en la Agencia de Infraestructura- y ha dicho que hará lo posible para reubicar a las personas afectadas por la reestructuración. La planta de la Fiscalía se ampliará para dar cabida a un porcentaje de funcionarios del DAS, mientras otros optarán por la indemnización.

La gran pregunta es si este nuevo esquema logrará el impacto que busca. Nadie duda de que las intenciones del gobierno sean las mejores ni que se necesiten reformas. El aparato estatal requiere renovaciones permanentes y ajustes a las prioridades de cada gobierno. Podar el Estado donde sea posible y ampliarlo donde sea necesario es todo un arte y tiene su ciencia. De nada serviría reeditar el principio gatopardeano de que todo cambie para que todo quede igual.
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