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| 6/1/2017 4:07:00 PM

Fiscal alerta por excarcelación de 12.000 personas en un mes

Es el segundo año consecutivo en el que vuelve la preocupación por la aplicación de la ley que regula la detención preventiva. En el 2016 se logró aplazar su entrada en vigencia, pero este año el fiscal asegura que las liberaciones son inminentes

El 1 de julio de 2015, el gobierno colombiano aprobó la ley de racionalización de la medida de detención preventiva según la cual un imputado no puede pasar más de un año en la cárcel antes de que inicie el juicio su contra. Aunque para los casos de crimen organizado, este tiempo se puede aplazar hasta por un año más. Al término de ese lapso, la Ley establece que el acusado enfrentará el proceso en libertad o con medidas alternativas a la cárcel. (Ver documento).

Sin embargo, la Ley que se creó para evitar excesos como los de personas que llegaban a cumplir casi a 9 años de cárcel preventiva y demandas contra la Fiscalía que ascendieron a 46.283 millones de pesos por supuestas privaciones injustas de la libertad, está a punto de desatar una crisis por segundo año consecutivo. 

En julio de 2016, cuando el país estaba a la expectativa de su entrada en vigencia y se vino una avalancha de solicitudes de libertad en todas las cárceles del país, la Ley 1786 aplazó su arranque y le dio un respiro a los órganos de Justicia.

Puedes leer: Congreso aprueba ley que ataja una excarcelación masiva

A un mes exacto de que se cumplan los términos dados por el Congreso, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lanza una nueva alerta. El primero de julio de este año, 12.000 personas detenidas preventivamente podrían recuperar su libertad por no haber sido acusadas en los términos propuestos. 

El ente investigador está inmerso en una verdadera carrera contra reloj para lograr postular un máximo de solicitudes de audiencias de aplazamiento, con la idea de mantener en la cárcel a los detenidos más peligrosos. Así lo precisó el Fiscal en el marco del Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria llevado a cabo en la sede de la Procuraduría en Bogotá. Hasta la fecha, han logrado radicar 4.000 solicitudas de prórrogas.

"Ustedes oyen a los alcaldes municipales y están atónitos de que esto pueda llegar a presentarse, porque es que en la vida del municipio, en la vida de la ciudadanía, en la vida local es donde más se está sintiendo este nivel de criminalidad, que está afectando gravemente a algunos sectores del país", indicó Martínez en su intervención.

Las solicitudes de prórroga

En el caso de las detenciones para los casos de alta complejidad, como lo establece la ley, las peticiones se tendrán que hacer dos meses antes de que venza el término o entre en vigencia la legislación pertinente.

Pero la efiencia exigida por parte de la Fiscalía podría transformarse en un problema aún más complejo para el sistema penal acusatorio, el cual está "haciendo agua" con más de 112.000 audiencias represadas a la fecha, de acuerdo con lo que expresó el alto funcionario. Un colapso debido entre otras causas a la lógica según la cual se ha vuelto un “deporte construir en todos los periodos legislativos más y más tipos penales”, agregó.

Durante el encuentro, el Fiscal se mostró de acuerdo con las medidas que se propusieron desde el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y la misma Presidencia de la República, de llevar a las cárceles solo a los peores delincuentes. De manera, que muchos de los investigados en Colombia puedan afrontar su proceso en libertad mientras se dicta una sentencia condenatoria. Sin embargo, dejó claras sus limitantes y rechazó “hacer tabla rasa” con todos los delitos. 

Tanto el fiscal como el procurador, Fernando Carrillo, anunciaron la presentación de un proyecto de ley el 20 de julio en la que propondrán la despenalización de un amplio número de delitos que podrán ser perseguidos y sancionados de otras formas, como es el caso de la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno o la expedición de cheques sin fondos, entre otros. Una propuesta realizada con la ayuda del ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

“No podemos criminalizar la gran avalancha de la pobreza, porque lo que se está generando desde las estadísticas es un derecho penal vengativo contra los delitos que provienen del orden económico” agregó el Procurador General, quien también resaltó el hecho de que “la detención domiciliaria se ha vuelto un especie de premio para los corruptos de este país”.

El director del Inpec, el general Jorge Luis Ramírez Aragón, aseguró por su parte que existían numerosos casos que podrían entrar en esa modalidad, como el de las mujeres mulas y cabezas de hogar que podrían cumplir con una simple interdicción de territorio para evitar que reincidan, en lugar de dictarles medidas intra muros. Aunque esta iniciativa no entró a ser debatida, es una en las que ha manifestado reparos el jefe de la Fiscalía. 

Aunque el consenso al que llegarán las autoridades a cargo de la política criminal del Estado solo se conocerá con la presentación de este proyecto de Ley, por primera vez comienzan a hablar desde la misma orilla. Mientras esto ocurre, el fiscal general tiene otro afán: tendrá que ganarle la carrera a la entrada en vigencia de una ley con la que el país busca ajustarse y darle garantías a las personas sindicadas que fueron privadas de la libertad. 

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