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| 12/28/2014 12:00:00 AM

El lío por un contrato para el suministro de alimentos en cárceles

La Unidad de Servicios Penitenciarios dice que todo está bien y que cinco cárceles de la Costa tienen garantizada su alimentación.

El drama de las cárceles en Colombia es de nunca acabar. Al inhumano hacinamiento y los interminables problemas con los sindicatos, se suman ahora inquietudes con los contratos para la alimentación de los internos.

Eso, al parecer, está sucediendo en la Costa Caribe, donde 2.414 internos de varias cárceles (San Andrés, Malambo, Barranquilla, Sabanalarga y Magangué) se pueden convertir en víctimas de un problema mayor: falta de abastecimiento de alimentos.

¿Por qué? Por la finalización del contrato que durante años tuvo la empresa Suministros y Alimentos CJVN S.A.S. El pasado 27 de septiembre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios dio apertura a una millonaria licitación por 232.00 millones de pesos para el suministro de alimentos a todos los internos de las cárceles del INPEC. La empresa Unión Temporal QTC se quedó con el contrato para administrar las cinco cárceles más importantes del Caribe, por un valor de 4.798 millones de pesos.

Pero varios, entre ellos la Red de Veedurías Ciudadanas, advirtieron posibles irregularidades que no se han constatado aún, pero que fueron puestas en conocimiento de algunos entes de control. También se interpuso una tutela para frenar la entrega del contrato bajo el argumento de “fallas en el debido proceso y porque, presuntamente, el nuevo contratista no tenía con experiencia mínima requerida”, dice el documento.

Mientras eso sucedía, el anterior contratista se preparaba para abandonar las instalaciones penitenciarias con el riesgo que el nuevo no pudiera atender el contrato que se inicia este domingo, según los denunciantes. Es más, la Red de Veedurías puso en alerta a sus miembros en la Costa para que verificaran si desde hoy se presenta desabastecimiento de alimentos en esos penales.

Semana.com habló con María del Pilar Bahamón, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (entidad que adjudicó el contrato), quien fue enfática en afirmar que “en ningún centro carcelario del país faltará la comida, los utensilios y, mucho menos las estufas para preparar los alimentos de los internos. Según ella, el nuevo contratista se compromete con la Unidad a realizar un empalme con el anterior y a garantizar que el servicio no se deje de prestar.

En cuanto a presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, dijo que no era la primera vez que se cambia un contratista y negó que en este caso se hubieran presentado hechos que alteraron el buen desarrollo del contrato. “En este caso se tuvo toda la vigilancia para garantizar un proceso transparente”, expresó la directora de la Unidad.

El tema, no obstante, mantiene las alarmas encendidas.
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