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| 6/24/2017 10:15:00 PM

Polémica por un millonario negocio

La Contraloría Distrital está en medio de una controversia por la decisión de imputarles al exalcalde Petro y a la exgerente de la Empresa de Energía la pérdida de 279 millones de dólares por recomprar un paquete de acciones de TGI. La Fiscalía también investiga.

Difícilmente en la historia del control fiscal de Bogotá, o del país, un organismo de vigilancia había adoptado una sanción tan millonaria como la que la Contraloría Distrital le impuso al exalcalde Gustavo Petro y a la exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) Sandra Fonseca. Los dos tendrían que responder por unos 835.000 millones de pesos, es decir, 279 millones de dólares.

Que la cifra alcance ese nivel, que solo un puñado de personas en Colombia podría pagar, y que el señalado sea uno de los políticos bien posicionados en las encuestas para ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño han generado un debate sobre los argumentos que llevaron a la Contraloría a tomar semejante decisión. De hecho, el propio Petro acusó al contralor Juan Carlos Granados de quererlo sacar de la arena política por orden de su jefe político, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Incluso otros fueron más allá. La senadora y precandidata presidencial Claudia López tuiteó: “Vargas Lleras, su contralor y fiscal de bolsillo abusan del poder para destruir rivales políticos. Hoy es Petro mañana puede ser cualquiera”. El trino surge porque se sabe que la Fiscalía General también está investigando el meganegocio y muy pronto va a tomar decisiones al respecto. Esto fue lo que pasó.

En 2006 la EEB compró Ecogas, una compañía de Ecopetrol que manejaba la red de gasoductos más grande de Colombia. Tras aceptar pagar 3,25 billones de pesos en una subasta, creó en 2007 la Transportadora de Gas Internacional (TGI) para que asumiera la administración y operación de la red de casi 4.000 kilómetros por la que se mueve la mayoría del gas que se produce y consume en Colombia. Para adquirir este negocio, la EEB y el Distrito Capital tomaron un crédito por más de 1.400 millones de dólares, lo que dejó sin liquidez al grupo para hacer las nuevas inversiones que el país requería con urgencia, como ampliar el gasoducto Ballena-Barrancabermeja o llevar el gas de los Llanos al centro del país.

La administración de Samuel Moreno decidió vender una parte de TGI para traer la plata que se necesitaba. Al final, tras un largo proceso sobre el que hoy la Contraloría no tiene dudas, Citi Venture Capital International (CVCI) -fondo del Citibank- pagó 400 millones de dólares por el 31,92 por ciento de TGI, recursos que quedaron en la caja de TGI. A cambio, CVCI se comprometió a no vender las acciones antes de tres años, a darle la primera opción a la EEB o, en su defecto, enajenarlas en bolsa o traer un inversionista similar. Además, se adoptaron acuerdos de gobierno corporativo normales en este tipo de operaciones y similares a los que ha hecho la ciudad con otras de sus empresas. Como titular de este paquete accionario, CVCI creó la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holdings (Ielah), con sede en España. Las relaciones entre las partes fluyeron sin ninguna dificultad.

A finales de 2013, la EEB se enteró de que el 31,92 por ciento de TGI iba a ser vendido y que ya se había hecho una ronda a posibles interesados en Nueva York. En ese momento comienza la historia que hoy tiene a Petro y a la entonces presidenta de la EEB, Sandra Fonseca, en la mira de la Contraloría. ¿Debía la ciudad recomprar esas acciones? ¿Qué le aportaba a la empresa? ¿Era un buen negocio? Si la ciudad ya tenía la mayoría y el control de TGI, ¿para qué hacerlo? Y la pregunta más importante y más sensible: ¿cuánto se debía pagar?

El 11 de diciembre de 2013, la recompra de ese paquete accionario fue llevada a la junta directiva de la EEB, presidida por el alcalde Petro. En esa reunión, los dos plantearon la necesidad de retomar el control pleno de TGI, de evitar el arribo de un socio hostil, liberar las utilidades que estaban represadas y aprovechar la oportunidad de hacer un gran negocio. Tras estos y otros argumentos, el alcalde le pidió a la junta delegar en la presidenta y en él la operación, y mantenerla en confidencialidad. Como precio de referencia estaba una cifra cercana a los 614 millones de dólares, basada en una valoración realizada en septiembre de 2013 por la firma Sumatoria, una de las bancas más importantes y prestigiosas del país. Sin embargo, no estaba actualizada y solo se había hecho para definir un programa de bonificaciones y salarios.

Finalmente, la junta delegó en Petro y Fonseca la recompra de la participación de TGI, y con ello le dio la oportunidad de hacer realidad la idea progresista de que las empresas de servicios públicos deberían ser 100 por ciento del Estado. La EEB contrató de nuevo a la empresa Sumatoria para que actualizara la valoración de TGI. Los representantes de esta argumentan que, al hacerla, se encontraron con un panorama mundial muy diferente al de 2011, cuando la ciudad vendió su participación: había gran liquidez mundial y muchos fondos y empresas estaban haciendo grandes inversiones en este sector. Al final, Sumatoria estableció que los potenciales compradores estarían dispuestos a pagar entre 650 y 910 millones de dólares, y si la Empresa de Energía no hacía una oferta interesante, se podría quedar por fuera. Pero según la Contraloría nunca un tercero estuvo cerca.

Finalmente, en abril de 2014 la EEB ofreció 880 millones de dólares, valor que, según las actas, determinaron Fonseca y Petro, en una decisión que le informaron días después, cuando el segundo fue suspendido, al alcalde encargado Rafael Pardo. Es decir que en cuatro años lo que se vendió en 400 millones se iba a recomprar en 880 millones de dólares. En menos de ocho días, la oferta fue aceptada. Con los gastos operativos, de abogados y créditos, la operación ascendió a 909 millones de dólares, aportados por la Empresa de Energía y créditos a TGI y otras compañías.

Para la Contraloría, en esta transacción se cometieron serios errores. Nunca se debió recomprar porque no era una inversión estratégica ni necesaria, más cuando la EEB tenía el control de TGI. Además, no le generó ningún valor agregado y se pagó un precio muy superior al del mercado. De igual modo, se facilitó que no se pagaran impuestos en Colombia, ya que todo se hizo en el exterior.

Otro punto polémico, que la Fiscalía seguramente usará para tomar decisiones en las próximas semanas, es que el 26 de marzo, un día después de que la EEB hizo su oferta, TGI decidió repartir 130.000 millones de pesos en dividendos, de los cuales giraron 41.517 a quienes se les iba a comprar la empresa. Y cuando se cerró el negocio, esos dineros nunca fueron descontados del valor de compra ni devueltos.

Según la Contraloría, la ciudad no debió pagar más de 553 millones de dólares por la recompra que, sumada a los dividendos y demás gastos de los créditos y la operación, asciende a un detrimento patrimonial de 279 millones de dólares. Por estas razones la Contraloría determinó que Petro y la exgerente de la EEB actuaron de forma culposa y colaboraron, facilitaron y toleraron la recompra de la empresa. Por eso, los imputó como responsables fiscales por ese monto, decisión que aún debe cursar un largo camino antes de quedar en firme. Lo más seguro es que el Consejo de Estado tenga la última palabra.

Los más sorprendidos con el fallo han sido el mismo Petro, Fonseca y la empresa Sumatoria, quienes no tienen duda de que hicieron un buen trabajo y un gran negocio para la ciudad, además de que no causaron ningún detrimento económico, pues todo está en TGI. De hecho, el diario Portafolio publicó un análisis que muestra que la recompra fue un buen negocio, pues el patrimonio que hoy la EEB tiene en TGI aumentó en 300 millones de dólares y la inversión ha tenido una tasa de retorno anual del 30 por ciento. Además, TGI pasó de tener en 2011 un Ebitda de 222 millones de dólares y 34 millones en caja, a uno de 361 millones y 364 millones en caja. “Esto difícilmente puede denominarse detrimento patrimonial”.

Y la propia Sumatoria advirtió que las utilidades operacionales de TGI pasaron de 468.000 millones en 2013 a 811.600 en 2016, y el precio de la acción, de 1.540 pesos en marzo de 2014 a 1.995 en junio de 2017, un incremento del 30 por ciento. “La creación de valor para el Distrito, es decir, el incremento de su patrimonio originado en esta transacción está entre los 300 y los 700 millones de dólares. Esta es la transacción más rentable que ha realizado la EEB en su historia reciente”.

Lo cierto es que hay muchos intereses en juego y pesos pesados enfrentados, y todos tienen argumentos de peso para defender sus posiciones. Mientras el debate económico y fiscal está en curso, el penal está por llegar.

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