Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/01/19 00:00

Polémica prórroga en Cerro Matoso

El nuevo acuerdo que el gobierno firmó con la empresa Cerro Matoso S.A. para la explotación de níquel en Córdoba no tiene un mes de vigencia y ya está siendo cuestionado por los organismos de control.

Ricardo Escobar, presidente de Cerro Matoso ,y la Contraloría , en cabeza de Sandra Morelli, tienen visiones encontradas sobre los beneficios que el nuevo contrato le aporta al país.

El 28 de diciembre de 2012, Día de los Inocentes, el gobierno colombiano y Cerro Matoso S.A., filial de la multinacional BHP Billiton, firmaron un nuevo contrato que prorroga la concesión de la empresa para seguir explotando las minas de níquel en Córdoba hasta 2029, ampliable hasta 2044. La condición es que aumente la capacidad de producción, lo que a su vez generaría más recursos, regalías, e inversión social para el país, según lo ha expresado la Agencia Nacional de Minería y el ministro de Minas, Federico Renjifo.

El contrato, que no lleva ni un mes de vigencia, está siendo objeto de cuestionamientos por parte de la Contraloría y los miembros del Comité por la Defensa de Cerro Matoso, que incluye a varios expertos del Congreso, los sindicatos y la academia quienes opinan que este contrato “es un premio para una compañía que no ha venido cumpliendo”, como dice el senador Jorge Enrique Robledo, miembro del Comité. Robledo recuerda que Cerro Matoso tuvo que pagar en 2011 a la nación la suma de 35.000 millones que adeudaba entre 2003 y 2011, por haber descontado del pago de regalías la construcción de una carretera, escuelas, entre otras obligaciones contractuales que no son deducibles del pago de este tributo. 

El nuevo contrato dice que la empresa está al día en el pago de sus obligaciones al Estado colombiano, pero la Contraloría alega que debe más de 60.000 millones. El órgano de control analiza cómo entre 1998 y 2003 Cerro Matoso habría descontado del pago de regalías hasta el costo de fiestas y conciertos con grupos musicales, boletas para obras de teatro, alquiler de unas cabañas en Coveñas, tarjetas navideñas, entre otros, que aunque no suman una gran cantidad de dinero, no serían deducibles. 

Según Ricardo Escobar, presidente de Cerro Matoso, la Contraloría está desconociendo la legalidad de los contratos que la empresa firmó en ese entonces con el gobierno y que calcula el pago de regalías de manera diferente. A su juicio, la empresa no está en deuda con la Nación. “Pagamos impuestos como nadie en este país”, dice y añade que la empresa, proporcionalmente, paga más por regalías que en otros lugares del mundo. La eventual prórroga del contrato se liga a que la “capacidad de procesamiento” aumente en 50 por ciento hasta 2009, lo que, según la Agencia Nacional Minera, implica una inversión suplementaria de 1.000 millones de dólares por parte de Cerro Matoso.  

Otra de las controversias en torno al nuevo contrato es por el monto de la inversión social que la empresa se compromete a hacer. En el nuevo contrato quedó establecido que Cerro Matoso debe invertir anualmente, como mínimo, 2,5 millones de dólares en proyectos de inversión social, que ejecutará a través de sus propias fundaciones, y que le permitiría a la empresa descontar otros impuestos. Pero según un documento de la misma empresa, las tres fundaciones que hoy tiene Cerro Matoso invierten anualmente 4,4 millones de dólares anuales, cifra muy superior a la que quedó en el nuevo contrato. Además de la cifra, en Córdoba hay preocupación de que sean las fundaciones las que ejecuten los planes de desarrollo, y terminen reemplazando la institucionalidad municipal, que en el pasado, hay que decirlo, han sido culpables del desfalco de las regalías. 

La Contraloría también ha insistido en que los viejos permisos ambientales con los que cuenta la empresa no cubren todo el territorio de la explotación y exige que Cerro Matoso tramite de manera prioritaria una licencia que comprenda todas las áreas de la concesión. “En la negociación se establecieron criterios objetivos y claros beneficios en lo social y ambiental, que no existen en los contratos de concesión actuales en Colombia”, dice la Agencia Nacional de Minería, en cabeza de María Constanza García. 

Estos son apenas algunos de los temas que serán objeto de un debate de control político, que ya prepara el Congreso, y de nuevas denuncias ante los organismos de control y las cortes para que revisen la legalidad de este contrato, y de otros como el de Paz del Río, firmado en la misma fecha. Ambos, según el gobierno colombiano, son una muestra de que se puede hacer minería competitiva y atractiva con reglas del juego claras que beneficien al país. Sin embargo, de probarse que la Contraloría está en lo cierto, el contrato de prórroga de Cerro Matoso sería mucho menos inocente que el día en que se firmó. 

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