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| 6/12/2005 12:00:00 AM

Polémica sana

La nueva facultad de medicina de Sánitas abre la discusión de si las empresas de salud deben dedicarse a la educación y sobre el número de facultades del país.

Mientras en otras épocas cualquier pareja se hubiera sentido orgullosa de tener un médico entre sus hijos, ese es hoy un mal sueño. La Ley 100, el alto costo de la educación, la pésima remuneración y en especial la enorme oferta de profesionales de la salud, han llevado a que en Colombia un médico, que dedica años a su formación, gane menos que muchos que no han pasado de la secundaria.

Por eso el anuncio de la creación del programa número 52 de medicina en el país, a manos de la Fundación Universitaria Sánitas, ha revivido la polémica sobre si el Estado debe limitar al número de facultades, con el ingrediente adicional de la conveniencia o no de que las empresas cuya vocación es la prestación de servicios médicos dirijan sus recursos económicos a la educación.

De hecho, en menos de un mes comenzará clases la primera promoción de estudiantes de medicina y enfermería en esta facultad, fundada por la organización Sánitas Internacional y en la que todas las empresas del grupo aportaron 7.000 millones de pesos. La EPS Sánitas y Colsánitas fueron, según la organización, las que menos recursos entregaron. La nueva universidad tendrá su sede en Ciudad Salitre y será una organización sin ánimo de lucro.



Ni la calidad de la educación de la nueva universidad ni la seriedad de Sánitas están en discusión, pero algunas voces como la Asociación de Facultades de Medicina (Ascofame) y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) han advertido con estudios y cifras que en Colombia hay sobreoferta de programas de salud.

Por eso le han pedido no sólo al gobierno que limite su número y el de graduados, que cada año oscila entre 3.000 y 5.000, sino que cierre programas que no ofrecen la calidad requerida para cuidar la vida de millones de colombianos. Mientras que hasta 1990 en Colombia había 25 facultades, desde ese año hasta 2005 se fundaron otras 27.

"Las dos últimas, la Fundación Universitaria Remington de Medellín y la de Colsánitas, son una aberración. La primera porque no tiene la infraestructura para serlo y la segunda porque, gracias al poder económico, empezarán a formar a sus futuros empleados para explotar, más de lo que ya está, al personal médico del país. La Ministra de Educación debe dar una explicación de las razones que la llevaron a autorizarle a una EPS tener su facultad de medicina", dijo el senador Bernardo Alejandro Guerra.

Iván Pacheco, viceministro (e) de Educación superior, dijo a SEMANA que esta cartera no puede negarse a crear nuevos programas argumentando que hay muchos médicos o facultades. "Ese no puede ser un criterio, porque quién determina si hay muchos o pocos. Preferimos nuevos programas si son mejores que los que existen, pero también debemos buscar mejorar o cerrar los que no tengan la calidad suficiente".

Mientras crece esta polémica, hay otra que apenas comienza. Fernando Galindo, profesional de la salud, columnista y uno de los mayores críticos de la nueva universidad, advirtió a SEMANA que ha habido una actitud demasiado agresiva de las EPS en otras actividades de la economía como construcción, educación, lavanderías, sistemas informáticos y hasta filiales internacionales, entre muchas otras, con lo que se han puesto en juego los recursos de la salud. "El poder económico y la falta de control del Estado están permitiendo que estas empresas hagan lo que no les corresponde", dice.

Por su parte la Organización Sánitas advirtió que la universidad no es de la EPS y recalcó que como grupo de empresas puede hacer las inversiones que quiera. "Buscamos aprovechar nuestro recurso humano e infraestructura para formar profesionales que puedan trabajar en cualquier empresa. Si bien ahora puede haber una sobreoferta, cuando la cobertura en salud llegue a los niveles que el gobierno y el país necesita, esto cambiará", dijo Virginia Sánchez López, gerente de la Fundación Universitaria Sánitas.

Estos y otros temas deberán ser abordados en la reforma a la Ley 100 que se adelanta en el Congreso. Las autoridades de la educación también deben pronunciarse sobre un tema que va mucho más allá de lo académico. Pues de por medio está, ni más ni menos, la salud de los colombianos. n
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