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| 1/2/1995 12:00:00 AM

POLEMICA SIN FIN

Con el pronunciamierito del Procurador contra la fumigación con glifosato se reabre un debate que no parece terminar nunca.

EL MIERCOLES PASADO, EN la comisión primera de la Cámara, el Procurador General de la Nación asestó un duro golpe a la estrategia nacional contra la droga, al declarar que las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola con glifosato deben suspenderse por no contar con las debidas licencias ambientales.
Tal pronunciamiento sorprendió al gobierno, por su carácter público, y sobre todo porque la Procuraduría es miembro del Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad rectora de la política en la materia y que ha autorizado desde 1992 el uso del químico para erradicar la amapola y, desde enero de este año, la coca.
Además, para adoptar tal decisión, se ordenaron diversos estudios y se solicitó la autorización respectiva al Inderena y al Ministerio de Salud, los cuales avalaron la decisión sobre la base de un programa cuidadoso de fumigación. Se decidió, por primera vez en la historia de las políticas públicas de este país, contratar una auditoría externa permanente para que definiera las exigencias técnicas y ambientales para realizar las aspersiones y para que supervigilara su cumplimiento en cada una de las misiones encomendadas a la Policía Nacional.
En el pasado, el debate sobre los efectos del glifosato en el ecosistema y en las personas se ha dado en varias oportunidades. El último de ellos fue en el Cauca, donde una médica denunció que el uso del glifosato había provocado la muerte de varios menores. En su momento, el Ministerio de Salud envió una comisión para investigar la realidad de los hechos y concluyó que los niños habían muerto de tosferina, porque la guerrilla había impedido la entrada al pueblo de los funcionarios encargados de adelantar la campaña de vacunación. En la zona nunca se había fumigado, y por ende el glifosato no podía tener nada que ver con tan triste episodio.
La verdad escueta es que hasta el momento los estudios realizados en el mundo entero, y en Colombia, demuestran que el glifosato no es tóxico para los animales, el agua, ni los seres humanos si se utiliza en las dosis y la forma adecuada. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una de las Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas más importantes y radicales del mundo, realizó un estudio para el Inderena en 1992 en el que se mostró satisfecho por el manejo ambiental de las fumigaciones y concluyó que no había daño a los bosques en las márgenes de las áreas fumigadas.
De otra parte, el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo por sus propiedades químicas que no afectan el suelo, las aguas, ni las formas de vida no vegetales. En Colombia se vende comercialmente para proteger los cultivos de café, arroz y caña de azúcar. En el caso de esta última, se hace mediante aspersión aérea. En materia de narcotráfico y protección del medio ambiente, la mayor fuente de depredación la constituyen los cultivos ilícitos. Por cada hectárea de amapola cultivada se destruyen 2.5 hectáreas de selva nublada andina. Para la marihuana esta proporción es de 1.5 hectáreas de bosque por hectárea de cultivo. En cuanto a la coca, la superficie destruida es de cuatro a cinco hectáreas de selva amazónica. Las repercusiones no solo afectan el bosque, sino más grave aún, ponen en peligro las fuentes de agua del país. Estas cifras se vuelven dramáticas cuando se multiplican por las 20.000 hectáreas de amapola, las 40.000 de coca y las 8.000 de marihuana que existen actualmente en Colombia.
Consultado por SEMANA, el procurador Vásquez Velásquez afirmó que no se opone a la erradicación de los cultivos con glifosato pero que la Procuraduría no tiene conocimiento de las autorizaciones de ley que deben expedir los ministerios de Salud y Medio Ambiente. Al reconocer que su despacho no tiene facultades para suspender la fumigación, anunció que la Procuraduría ha abierto una indagación para verificar si las normas ambientales han sido respetadas o no. La delegación viajará al Putumayo para determinar si el ecosistema o los habitantes de la zona se encuentran damnificados por las operaciones de la Policía antinarcóticos.
El director nacional de estupefacientes, Gabriel de Vega, respondió el miércoles en el Congreso que "los únicos afectados por las fumigaciones aéreas son los narcotraficantes ".
Aunque el Procurador actuó de buena fe sobre la base de las informaciones que le dieron sus subalternos, parece un poco apresurado el concepto del Ministerio Público, cuanto desconoce una serie de pronunciamientos oficiales del Inderena y el Ministerio de Salud, y máxime cuando no ha concluido aún la indagación correspondiente.
En todo caso este episodio cayó en un mal momento. A pesar de que el gobierno logró detener el narcoproyecto y afirmó enfáticamente que las fumigaciones proseguirán, el hecho de que la Procuraduría declare que deben suspenderse no contribuye a aclarar en nada un panorama de suspicacia generalizada en el mundo contra Colombia.
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