El sargento (r) que se robaba los uniformes del Ejército

El Batallón de Intendencia número 1 Las Juanas, ubicado en la localidad de Puente Aranda en Bogotá tiene un ritmo diferente a las demás unidades militares del país. Allí el sonido de las máquinas fileteadoras operadas por mujeres familiares de heridos o muertos en combate, hace parte del día a día de la fábrica de uniformes para la FF.MM. Pero ese batallón ahora está en el centro de una polémica por una presunta venta ilegal de telas y prendas militares.

El Batallón Las Juanas, que lleva ese nombre en honor a las mujeres que ayudaron a la independencia, es una industria gigante. Allí trabajan cerca 1.000 operarios entre civiles y militares, todos encargados de fabricar cada año 475.000 uniformes para el Ejército, 16.000 para la Armada, 4.000 para la Fuerza Aérea, además de botas.

Le puede interesar: El informe que sacudió el caso de la fachada Andrómeda

El número de uniformes a los que se suman accesorio como pavas, golianas, insignias, demuestran que este es un negocio de grandes proporciones, cuya cuantía no se ha podido establecer. El Ejército descurbió las irregularidades y le pidió, por la gravedad de los hechos, al grupo Antiterrorismo de la Policía Metropolitana que llevara la investigación. 

Lo que si está claro por lo encontrado en uno de los allanamientos, una microempresa ilegal puede manejar sumas de 50 millones de pesos al mes.

Comercializar este tipo de prendas es un delito en Colombia. Así está establecido en el artículo 346 del Código Penal, que prohíbe la utilización ilegal de uniformes e insignias y asigna una pena de cárcel entre tres y seis años. El mismo prohíbe la fabricación, transporte, almacenamiento, distribución, compra, venta, incluso la sustracción.  

Bajo ese criterio, los investigadores de la Policía y de contra inteligencia de Ejército han hecho varios hallazgos luego de que una fuente humana denunciara lo que pasaba con el supuesto tráfico de uniformes. Lo primero que encontraron los sabuesos fue la relación de un sargento retirado con el tráfico de prendas y de telas.

Puede leer: La polémica propuesta del voto de los militares

El conflicto armado que vive el país hizo que se establecieran por parte del Ejército protocolos para mantener la seguridad y la no reutilización de los uniformes por parte de ilegales, a tal punto que está establecida la incineración de las prendas viejas.

Tal es el nivel de seguridad que las telas que entrega Coltejer deben estar remarcadas con números de serie. A esto se suma que los sobrantes que quedan cuando se elaboran los uniformes en el batallón deber ser pulverizados para que no se puedan confeccionar más prendas. Pero al parecer esto no se cumple.

Usaron un camión militar para sustraer telas

Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores al barrio Centenario, un populoso sector ubicado en el sur de Bogotá. Tras un allanamiento realizado el 13 de agosto, los investigadores de la Policía encontraron un local en el que llegaban los rollos de telas y los sobrantes. Incluso, determinaron que los soldados bajan de un camión del Ejército bultos con retazos remarcados para los uniformes. El local era propiedad del sargento retirado del Ejército.

Este militar de quien Semana.com no revela el nombre para no interferir en la investigación, fue capturado en el operativo junto a tres personas, todos operarios de máquinas para la confección de las prendas. La policía estableció que este hombre tiene antecedentes por transportar uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas. El negocio es tan lucrativo que se le señala de ingresar a unidades militares para persuadir a soldados con el propósito de que les vendan los uniformes nuevos y luego revenderlos en el mercado negro.

La investigación, aunque avanzada, está lejos de que termine pronto. Los agentes de la Policía están determinando la forma en que sacan las telas del batallón. Al parecer, a la hora de consignar en actas los sobrantes, se registran cantidades muy inferiores a las que se entregan a la empresa encargada de la pulverización.

Otra línea de investigación está encaminada a determinar quiénes son los que reciben los uniformes de confección no autorizada. Está establecido que una parte se venden sin control en los locales de prendas militares de aledaños a la Casa de Nariño y son comprados por militares que están “descuadrados” con su dotación. Este sería el mal menor.

Puede leer: ¿Cómo cambiará el Ejército? Habla su comandante

Dentro de las pesquisas se encontró que buena parte de las telas son enviadas por empresas de mensajería y van a parar a departamentos como el Meta, Guainía y Guaviare, zonas de influencia de las FARC y otros grupos ilegales.

Esta es la primera fase de la investigación. Lo grave del asunto es que por las indagaciones adelantadas ya fue amenazada la fiscal que llevaba el caso. La segunda etapa busca determinar quién o quiénes están detrás de este lucrativo negocio. Hay indicios de que altos oficiales del Ejército estarían involucrados.

Semana.com consultó con fuentes del Ejército que confirmaron los hallazgos. Señalaron que en la segunda fase de la investigación contrainteligencia busca establecer los responsables del hurto de las telas. Es más, señalaron que, aunque en la audiencia de judicialización el sargento señaló a un alto oficial, al final se abstuvo de entregar nombres.