Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/12/12 21:00

¿Servirá la comisión especial que investigará a la Policía?

La fórmula para investigar lo que está sucediendo en la institución no soluciona el problema a corto plazo y, por el contrario, podría ahondar la crisis.

El presidente anunció una comisión para investigar lo que sucede en la Policía, integrada por la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez y por Jorge Hernán Cárdenas. Foto: Alejandro Acosta

El pasado miércoles 9 de diciembre el presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a realizar un anuncio con el fin de tratar de capotear la crisis que está atravesando la Policía Nacional.

“He decidido nombrar una comisión de muy alto nivel, totalmente independiente, para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la institución”, afirmó Santos. Dijo, además, que tendrá “un plazo máximo de 90 días para que nos presente un informe detallado sobre sus hallazgos y recomendaciones”. El mandatario anunció que la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez coordinará la comisión, y que la integrarán además Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, exministros de Defensa, y Jorge Hernán Cárdenas.

El presidente adoptó esa determinación luego de conocerse una serie de denuncias en las últimas semanas. Una de estas fue publicada la semana pasada por el columnista Daniel Coronell, quien dió detalles de millonarios negocios inmobiliarios del director de la Policía, general Rodolfo Palomino. Esas denuncias, sumadas a que las explicaciones del alto oficial a diversos medios resultaron poco convincentes, dejaron mal parado a Palomino y despertaron dudas sobre la transparencia de sus actuaciones.

Pocos días antes, la directora de la FM, Vicky Dávila, afirmó que ella y su equipo de periodistas eran objeto de seguimientos y vigilancias. El mismo día Dávila puso en conocimiento de la Fiscalía la situación y el fiscal Eduardo Montealegre informó que la institución entraría a determinar la veracidad de los hechos.

El martes 8 de diciembre varios medios publicaron las denuncias de Dávila basadas en los anónimos que recibió. Esas publicaciones dejaban en evidencia la existencia de intereses oscuros en la propia Policía ya que se trata de una mezcla de verdades a medias con mucha desinformación. Algo que ha venido ocurriendo desde hace ya varias semanas cuando comenzaron las primeras denuncias enmarcadas por una dura pugna por el poder.

Todo este ambiente enrarecido desencadenó el nacimiento de la famosa comisión. La realidad, sin embargo, es que independientemente de las indudables capacidades de quienes la integran, la intención del gobierno de capotear la crisis y apagar el incendio en la Policía difícilmente funcionará. Pocas horas después del anuncio, avalanchas de anónimos comenzaron a inundar los medios de comunicación, e incluso los buzones de los congresistas, para denunciar nuevas supuestas irregularidades. La mayoría carecen de fundamento pero alcanzarán los titulares, ahondarán el daño que ya se ha hecho e incluso podrían sacrificar a justos por pecadores.

El plazo de 90 días para entregar resultados sobre lo que está ocurriendo es extremadamente largo. Es un hecho que Palomino se ha quedado sin margen de maniobra y su liderazgo tanto en la Policía Nacional como frente a la opinión pública ha sufrido un daño difícil de reparar. Tanto en el Ministerio de Defensa como en la propia Casa de Nariño son conscientes de esa realidad, a pesar de que el titular de esa cartera, Luis Carlos Villegas, ha apoyado reiterada y públicamente a Palomino. Pero saben que detrás de lo que está ocurriendo hay oscuros pasos de interesados en quedarse con el puesto del director de la Policía.

Y es claro, también, que hay problemas estructurales de fondo que hay que solucionar. Lo que no es claro es si esta comisión está en capacidad de sacar a la Policía Nacional de la encrucijada en la que se encuentra. Y sobre todo, si lo puede hacer rápidamente.

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