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| 6/17/2015 11:00:00 PM

Policía podrá seguir usando las Taser

El Consejo de Estado no admitió la demanda que buscaba ‘tumbar’ la resolución que habilitó a la Policía usar armas de descarga eléctrica.

La polémica resolución 02686 de la Policía Nacional, del 31 de julio del 2012, que habilitó a los miembros de la fuerza pública el uso de las llamadas pistolas tipo Taser (o dispositivos de descarga eléctrica), causó revuelo en la sociedad colombiana. Unos sectores consideraron un mecanismo efectivo para que la fuerza pública pudiera controlar riñas y desmanes. Otros como el personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, consideraron el uso de estos dispositivos como una “tortura”.

Ante este dilema, el funcionario decidió demandar dicha resolución ante el Consejo de Estado, buscando que el uso de estas armas fuera suspendido de forma inmediata en todo el país.

Cañón argumentó que el uso de las Taser constituye un método de tortura, ya que el Código Penal colombiano la tipificó como “quien inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón…”.

La acción fue estudiada por el magistrado Guillermo Vargas Ayala, quien determinó inadmitir la demanda presentada por el personero, bajo el argumento de que no cumplía todos los requisitos exigidos por la ley para este tipo de acciones.

Según el auto, “se observa que el escrito de demanda no cumple los requisitos exigidos en el numeral primero del artículo 166 del Código Contencioso Administrativo, en el que se indica que toda demanda debe incluir copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación, comunicación y/o ejecución”.

Igualmente, en el documento se precisa que el demandante debe indicar que “el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales. Lo anterior por cuanto el demandante no aportó la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto acusado”.
 
En la parte resolutiva del auto, firmado por el togado, le dan un plazo de diez días tras la notificación, para que nuevamente sea revisada la acción judicial interpuesta por el personero de Bogotá, de lo contrario, será rechazada de plano.

Pero, por ahora, los miembros de la fuerza pública podrán seguir usando las polémicas Taser.
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