POLITICA A BALA (Urabá)

CUANDO EN EL MES DE marzo la Presidencia de la República lanzó el Plan Urabá -más de 130 mil millones de pesos destinados a inversiones en una zona tradicionalmente olvidada-, las cifras de la violencia comenzaron a ceder lentamente. De 84 muertes violentas en febrero, la región pasó a 33 en el transcurso de julio.
Una apretada agenda de reuniones destinadas a evaluar proyectos y a inaugurar obras mantenía al consejero presidencial para Urabá, José Noé Ríos, atareado en su labor de restarle espacio a la violencia por medio de la mejoría de la calidad de vida, el aumento de la presencia del Estado y el fortalecimiento de la justicia. Pero tras ese breve período de relativa estabilización, una nueva ola de violencia ha sacudido a la región. En menos de un mes, más de 120 asesinatos han diezmado las filas del Partido Comunista, la Unión Patriótica, y Esrperanza, Paz y Libertad, el movimiento político conformado por ex guerrilleros desmovilizados del EPL.
El fuego cruzado entre fracciones armadas que tradicionalmente ha convertido a Uraba en una de las regiones mas violentas y complejas del país, ha vuelto a cobrar sus víctimas; pero, a diferencia del pasado, todo parece indicar que no se trata ya de conflictos obrero-patronales, ni de enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. En esta ocasión, un novedoso frente de combate habría hecho su aparición: la lucha armada entre las izquierdas.
En plena época preelectoral, las Farc, el ELN, la disidencia del EPL de Francisco Caraballo y un nuevo grupo armado denominado Comandos Populares parecen estar dispuestos a todo para asegurar sus zonas de influencia política. El enfrentamiento, en el cual todas las fracciones se acusan mutuamente de desarrollar una campaña de exterminio con miras a controlar políticamente el eje bananero, ha llegado en pocos días a paralizar una de las regiones agrícolas más importantes del país.
Y aunque este era un proceso que se venía gastando lentamente, los hechos de la semana pasada dieron el campanazo de alerta. Para calmar la ola de violencia, los representantes de las fuerzas políticas de la zona se reunieron de manera extraordinaria a mediados de la semana. La asamblea estuvo marcada por las recriminaciones. Por un lado, el Partido Comunista y la Unión Patriótica acusaron a los miembros de Esperanza de haber creado un brazo armado -los Comandos Populares- para exterminar, con el beneplácito del Ejército, a los militantes de sus organizaciones.
Los miembros de Esperanza, por su parte, recriminan a la alianza PCC-UP el patrocinar los ataques de las Farc y el ELN contra su organización, ataques que se suman a los perpetrados por la disidencia del EPL de Caraballo contra sus ex compañeros desmovilizados para sabotear el proceso de reinsercion guerrillera.
Tras superar recriminaciones mutuas sobre la responsabilidad de los asesinatos, los movimientos y partidos políticos de la región firmaron un acuerdo que rechaza de manera unánime la violencia de los grupos armados de todas las tendencias, y sella el compromiso de respeto mutuo para los próximos comicios. Finalmente, la semana culminó con una visita sorpresiva a la región por parte del presidente Cesar Gaviria, ocasión que pretende reforzar los esfuerzos realizados por el Gobierno para recuperar una zona que, durante años, ha sido tierra de nadie.
Pero a pesar de que a hacia finales de la semana todo apuntaba a que la violencia había sido controlada, el endeble acuerdo de voluntades arrojo una vez más sombras de duda sobre los metodos que emplean los partidos legales para hacer política en la región. A ojos de muchos, no es coherente que un pacto firmado entre los partidos politicos legalmente constituídos -que, en principio, nada tienen que ver con los alzados en armas- esté en capacidad de suspender una violencia de la cual no son responsables. Si, como afirman las dirigencias los partidos, los grupos guerrilleros y paramilitares nada tienen que ver con sus organizaciones, la capacidad de convocatoria de los partidos sobre los violentos deja en entredicho la solidez del pacto.
No obstante, si, por el contrario, el acuerdo entre las partes llegara a amainar la violencia en la zona, ello confirma una vez más las acusaciones que desde hace décadas recaen sobre el Partido Comunista y sobre la Unión Patriótica en el sentido de servirse de las guerrillas como instrumento armado de proselitismo político. Son precisamente estas acusaciones de ponerle una vela a Dios y otra al diablo las que les costaron la vida a los más de mil militantes de la UP que han muerto muerto desde su creación.
Y las recientes afirmaciones de José Antonio López Bula, candidato a la Cámara por la alianza PCC-UP, en el sentido de que "o nos dejan trabajar políticamente en la zona, o nadie trabaja" parecen confirmar lo que todos sospechan pero nadie se atreve a decir.
"Sin embargo -dice el consejero José Noé Ríos-, a pesar de las bondades del acuerdo logrado, el único verdadero camino hacia la paz es que la gente de bien de la región, que constituye una gran mayoría, entienda que tiene un solo enemigo común que es la violencia, y que el único camino para derrotarlo es unirse". Asimismo, en este campo el único que no puede cesar en la lucha es el Gobierno, que debe asegurarse que el Plan para Urabá pase de ser un catálogo de buenas intensiones a ser una mejora sustancial en el nivel de vida de una de las regiones que más riqueza ha generado y paradójicamente, es una de las más olvididas por el Estado.