Política de paz: sin despeje ni intercambio

En el marco de la ley de orden público, el Gobierno le pidió formalmente al Congreso suprimir las facultades especiales del poder Ejecutivo para decretar ‘zonas de despeje’ con el fin de adelantar eventuales negociaciones con grupos armados ilegales.
 
Aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reiteró que la política de paz del actual Gobierno “no lanza al mar la llave para eventuales diálogos”, afirmó que para ese eventual escenario “no se necesitan zonas de despeje”.
 
Por eso pidió mantener las otras facultades de la ley de orden público, como la posibilidad de que representantes autorizados por el Presidente de la República adelanten contactos, que se puedan entablar diálogos en otros países y hasta la suspensión de órdenes de captura para facilitar esos procesos.
 
Si el Congreso decide suprimir esta facultad, en el proyecto que busca la prórroga de la ley de orden público (que vence en diciembre del presente año) las zonas de despeje quedarían prohibidas, ya que este es el único mecanismo jurídico para su creación.
 
Por eso, varias voces en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le sugirieron al Gobierno que si su política de paz no contempla el despeje de municipios no haga uso de esas facultades, pero que no las suprima para que en un futuro puedan ser la llave para eventuales salidas negociadas.
 
Esa petición la hizo, entre otros, el representante del Polo, Germán Navas Talero, quien sugirió que se guardara la “posibilidad extrema” de zonas neutrales. “Esto es enviar un mensaje de que no se quiere ningún acuerdo” con los grupos ilegales.
 
Pero el ministro Vargas Lleras consideró que las zonas de despeje se han convertido en un caballo de batalla de los grupos ilegales. “Pedimos cerrar la compuerta de que sólo se puede negociar despejando municipios”.
 
Sin embargo, la política de paz del Gobierno puede tener mayores alcances que los de la supresión de estas facultades.
 
Según lo explicó el Ministro del Interior en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el Gobierno también tiene intenciones de cerrarle la puerta al intercambio humanitario como mecanismo para la libertad de los secuestrados.
 
Fue la representante de cambio Radical, Rosmery Martínez, la que pidió mantener este escenario, al recomendarle al Gobierno no suprimir las zonas de despeje.
 
La respuesta del Ejecutivo fue contundente: “el intercambio humanitario me suena peor que las zonas de despeje”, dijo Vargas Lleras, quien señaló que ese escenario sería entregar a los grupos ilegales el Estado Social de Derecho.
 
“Secuestrar a un policía resulta más fácil que capturar a un cabecilla, pues requiere mayores esfuerzos por parte del Estado. En el actual Gobierno jamás se abrirá la puerta a esa tesis”, agregó el ministro.
 
Este pronunciamiento surge apenas un día después de que el presidente del Congreso, Armando Benedetti, creara una comisión accidental para favorecer el ambiente hacia un intercambio humanitario.
 
En la primera discusión de la prórroga de la ley de orden público, establecida a finales del Gobierno de Ernesto Samper, quedó claro que el ambiente entre los partidos políticos gira en torno al consenso para suprimir las zonas de despeje. La próxima semana la Comisión Primera de la Cámara votará este proyecto.