Política tóxica

Las consecuencias peligrosas que tienen los desechos tóxicos generalmente se ven con el paso del tiempo. Y si no, que lo digan los ex ministros de Ambiente, Sandra Suárez, y de Minas, Luis Ernesto Mejía, quienes han empezado a sufrir transformaciones y quemaduras en los últimos días.

Los dos salientes funcionarios del gobierno Uribe se encuentran envueltos en una polémica desde cuando Suárez derogó una resolución que prohibía introducir desechos tóxicos, nucleares, infecciosos, inflamables, corrosivos, volátiles o reactivos al país. Y que, según algunos artículos publicados en varios medios, favorece al ex ministro Mejía porque la empresa de su padre, Baterías MAC, habría obtenido gracias a la derogatoria una licencia para importar baterías usadas. De hecho, desde 1991, el gobierno nunca había aprobado introducir este tipo de desechos tóxicos al país.

El origen de la polémica comenzó el 10 de mayo de este año, cuando la entonces ministra, Sandra Suárez, expidió un escueto decreto en el que derogaba la Resolución 189 de 1994, que prohibía introducir al país residuos peligrosos, incluidos los nucleares y radiactivos, que ya estaban prohibidos por la Constitución Política de 1991.

De inmediato los ambientalistas empezaron a advertir que esta medida creaba un vacío que podía ser aprovechado por los traficantes de desechos tóxicos para ingresarlos al país, tal y como había ocurrido en 1994, cuando un barco dejó en Santa Marta una carga de basura química. Este hecho obligó al gobierno Gaviria a expedir una norma y una lista de desechos prohibidos.

Esa norma fue la que derogó la ministra Suárez, con el argumento de que el acuerdo de Basilea -ratificado en 1996-, del que hace parte Colombia, ya controlaba y prohibía el tráfico de esos desechos. Lo que implicaba que la resolución de 1994 era innecesaria y estaba tácitamente derogada. "Estamos ante una tormenta en un vaso de agua... es lamentable que algunos, en nombre de los intereses de la patria y del ambiente, busquen desacreditar (mi) labor", escribió la ex ministra, quien se encuentra estudiando en el exterior.

Más allá de la polémica sobre si la derogación de la medida benefició a la firma de la familia del ex ministro Mejía, el tema es importante desde el punto de vista ambiental. El nuevo ministro de Ambiente, Juan Lozano, le salió al paso al debate. Expidió una nueva resolución para derogar la de su antecesora y prohibió importar desechos tóxicos. "Colombia no se puede convertir en un cementerio de basura tecnológica", dijo el nuevo funcionario.

El peligro continúa. El jueves pasado, todos los ex ministros del Medio Ambiente se reunieron con Lozano y le hicieron saber que frente a la evolución que ha sufrido la industria, especialmente la de las telecomunicaciones y los computadores, es necesario expedir un nuevo listado de desechos y sustancias tóxicas que no pueden ser ingresadas al país, más aun cuando no hay ni la tecnología ni la posibilidad de que sean destruidos o transformados.

Según los ex ministros, como están las normas, la aprobación para introducir ciertos residuos está en manos del Ministro o funcionario de turno, lo que representa una amenaza mayor, pues en un futuro puede haber algún mal juicio o un acto de corrupción que permita la entrada de basura tóxica.

Ante el panorama que mostraron sus antecesores, Lozano les explicó que frente a las leyes y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, esa es la legislación más dura que puede haber. Pero para cerrar definitivamente cualquier puerta, realizarán un estudio para elaborar el listado de desechos que no se deben importar e incluirlo "en un proyecto de ley que presentaré al Congreso en las próximas semanas. Sigo comprometido en que Colombia no será un cementerio de desechos tóxicos", dijo el ministro a SEMANA.

Lozano tiene una valiosa oportunidad para corregir y empezar un buen ministerio, no sólo al recomponer la legislación, sino al aclarar lo sucedido.