¿Político o periodista?

La noticia no fue muy importante: el Consejo de Estado despojó de su investidura al senador liberal Edgar Perea. Quizá por tratarse de alguien que, como Perea, ha sido un parlamentario folclórico, en apariencia de paso por el Congreso, en una breve escala en su vida periodística, no hubo grandes reacciones.

Pero dos días después, cuando el senador Germán Vargas Lleras leyó la carta de renuncia de María Isabel Rueda, columnista de esta revista, al Senado de la República, fue evidente la seriedad del debate iniciado por la providencia del alto tribunal. No por la diferencia entre un comentarista radial deportivo y una columnista de opinión, sino porque lo que comenzaba como un hecho aislado adquiere visos de epidemia y amenaza con transformar las relaciones entre el periodismo y la política, dos profesiones que han vivido de la mano desde comienzos de la vida republicana.

La sentencia del Consejo de Estado plantea tres debates relacionados con el trabajo legislativo de los próximos años y el ejercicio de la actividad periodística.

El primero de ellos gravita sobre el alto tribunal pues Rueda, en su carta de renuncia, consideró que el fallo “pone en juego, ni más ni menos, que a la libertad de expresión” de los parlamentarios.

Para el Consejo de Estado la medida tomada en el caso de Perea se desprende de la evaluación que el tribunal hizo sobre la conducta del senador y el artículo de la Constitución Política que prohíbe a los parlamentarios “desempeñar cargo o empleo público o privado”, so pena de perder su investidura.

Para 14 de los 23 magistrados resultó claro que la actividad de locutor de Perea se debe entender como un “cargo”, independientemente de que no exista uno de los tres elementos —sin duda el más importante— que configuran una relación de trabajo: el salario. “Lo verdaderamente interesante de la sentencia es que el elemento de la remuneración no es tenido en cuenta por el Consejo de Estado”, dijo a SEMANA el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Sin embargo, si bien es cierto que cortar la posibilidad de que un parlamentario ejerza la función de opinar de manera habitual en un medio de comunicación sí podría coartar la expresión de quien tiene el mandato de los ciudadanos de legislar y, por ende, la obligación de comunicarse con ellos, algunos de los analistas consultados opinaron que la sentencia del Consejo de Estado no va tan lejos en la medida en que el Congreso cuenta con un canal de televisión y los parlamentarios con la inviolabilidad del voto y en la opinión, que los hace invulnerables con respecto a lo que digan o voten.

Pero es evidente que al despojar de la investidura a un parlamentario por su oficio paralelo de comunicador tiene una consecuencia adicional en materia de imagen pública: equipara al parlamentario-periodista con el que fue privado de la libertad por algún delito. “No estoy dispuesta a correr el riesgo de que el Consejo de Estado resuelva despojarme de mi investidura y decretarme a mí también la muerte política, lo que me dejaría, ni más ni menos, en la situación de un congresista que ha cometido un grave delito”, escribió la periodista en su carta de renuncia.

Pero en las palabras del presidente del Consejo de Estado no pareciera existir espacio para que los demás se salven. Mario Alario Méndez señaló en el programa radial La FM que no importa que el parlamentario haya renunciado o no a la curul para ser objeto de la pérdida de la investidura puesto que ésta tiene el carácter de sanción “hacia el futuro”.

El segundo debate que planteó el fallo se refiere a la eventualidad de que decenas de parlamentarios pierdan su investidura por haber sido o sean aún columnistas de prensa, o comentaristas esporádicos. Pese a que Méndez ha subrayado que los fallos judiciales sólo tienen efectos sobre las partes y que “cada caso hay que analizarlo individualmente”, varios parlamentarios ya advirtieron que no renunciarán a su curul.

Aunque con aproximaciones distintas al tema, los congresistas que han ejercido el periodismo coinciden en afirmar que a ninguno de ellos les podrían quitar la investidura por no haber devengado remuneración. Argumento que desconoce que la sentencia no toma en cuenta el factor salarial al momento de evaluar el desempeño del “cargo”.

Para Ingrid Betancourt, quien era comentarista política en Panorama y columnista de la revista Diners, la sentencia afectará “la manera como vamos a hacer política en Colombia, si vamos a estar sometidos a las maquinarias o a hacer política moderna que, necesariamente, debe pasar por los medios de comunicación”, dijo a SEMANA.

Otra pregunta que surge es si de ahora en adelante los medios de comunicación deberán abstenerse de invitar a parlamentarios a participar en sus espacios informativos y de opinión. Los analistas consultados coinciden en que la sentencia no coarta la libertad del medio para invitar a un parlamentario a debatir los temas públicos a través de sus espacios, pero sí le prohíbe realizar las dos actividades simultáneamente y de manera permanente.

La norma constitucional busca que el parlamentario se dedique exclusivamente a su labor legislativa y de control sobre el Ejecutivo, pero además pretende evitar que, por estar vinculado a un medio de comunicación, viole el régimen de conflicto de interés cuando, por ejemplo, el congresista se vea abocado a votar iniciativas legislativas relacionadas con las empresas de comunicación, como el impuesto del papel o los artículos de la Ley de Televisión.

“Lo que la Constitución hizo fue profesionalizar la actividad del congresista al ampliar el número de las sesiones y ponerles un período de trabajo adicional, al imponer un régimen mucho más estricto de inhabilidades e incompatibilidades y al consagrar los conflictos de interés”, explicó a SEMANA Charry.

Y el tercero y último debate que el fallo puso sobre la mesa ha sido la relación entre periodismo y política. El senador Vargas Lleras lo ha considerado “una injusticia” porque el periodismo, según él, “es la esencia de la política”. La historia colombiana, además, está plagada de ejemplos de lo que se llama la “puerta giratoria” entre el periodismo y la política. Esta ha permitido que, aun en tiempos recientes, sean numerosos los periodistas que han alcanzado altos cargos del Estado, como es el caso del Presidente Pastrana.

Otros consideran que esa “puerta giratoria” es inconveniente para el periodismo y también para la política. Lo que plantea la doctrina constitucional, según el Consejo de Estado, estaría más de acuerdo con los estándares del periodismo anglosajón que con los tradicionales del periodismo europeo, esto es, que el político debe hacer política, el congresista las leyes y el periodista las noticias y las historias. Debate que, en nuestro país, apenas comienza.