Sábado, 1 de noviembre de 2014

| 2013/09/12 00:00

“Gobierno quiere criminalizar la protesta”: Clara López

La presidenta del Polo dice que hay un 'mico' en proyecto que sanciona a quienes bloqueen las vías en los paros.

Clara López, presidenta del Polo y candidata presidencial. Foto: SEMANA.

El Polo Democrático se declaró altamente preocupado con uno de los tres proyectos de ley que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puso en consideración del Congreso para la presente legislatura.

Se trata del proyecto denominado ‘medidas contra el terrorismo y la criminalidad que busca elevar las penas para los delitos que para el gobierno suponen la mayor amenaza de seguridad en el país: extorsión, microtráfico, contrabando de combustibles y minería criminal.

Sin embargo, ese proyecto incluye un capítulo de medidas contra los hechos que generen desmanes en las protestas o movilizaciones sociales, al aumentar las penas para quien participe de los bloqueos de vías y quien recurra a actos de violencia ocultando su identidad, es decir utilizando capuchas.

Este capítulo es precisamente el que ha puesto en alerta al Polo Democrático. El proyecto del gobierno pretende modificar la norma del código penal que castiga con cárcel a una de las conductas más generalizadas durante los recientes paros que se han producido en el país, el bloqueo de vías.

La actual norma señala que son objeto de sanción quien “por medios ilícitos” incite a la protesta. Pero fue precisamente ese término el que el gobierno propone excluir de la norma. El argumento, según está señalado en la exposición de motivos del proyecto, es que la expresión “por medios ilícitos” “dificulta la judicialización en este tipo de situaciones”. Además el proyecto propone incluir el verbo rector de “participación” para poder proceder a la judicialización.

Estas modificaciones fueron rechazadas por la presidenta del Polo Democrático, Clara López, uno de los movimientos que ha sido estigmatizado por funcionarios del propio gobierno, como el entonces ministro del Interior Fernando Carrillo, de estar promoviendo la violencia en los paros, tal como lo insinuó al referirse al senador Jorge Robledo.

Para López, las autoridades no pueden escudarse en que el vandalismo no está penalizado, o que es difícil de judicializar, para evadir la responsabilidad de adelantar las investigaciones y establecer, de una vez por todas, quienes son los que están pagando a los jóvenes para que cometan toda suerte de actos de violencia con el objetivo de deslegitimar la protesta social.

La candidata presidencial del Polo dice que al eliminar de la norma vigente el termino “medios ilícitos” y el verbo rector de la participación podría estar sujeto a varias interpretaciones y deja avocados a los promotores y participantes de cualquier movilización social a ser penalizados por protestar contra el gobierno y le quita legitimidad a la protesta. Por eso considera que con esta fórmula el gobierno, antes que enfrentar los reclamos sociales, lo que pretende es “criminalizar la protesta”.

Sin embargo el gobierno rechaza estas afirmaciones al explicar que con la iniciativa no se pretende criminalizar la protesta. Pero lo que se ha evidenciado es que estos espacios democráticos “han venido siendo utilizados por grupos delincuenciales y grupos armados al margen de la ley para promover la violencia, la utilización de vías de hecho y los bloqueos de las vías públicas, hechos que afectan gravemente los derechos de los ciudadanos e impactan el orden público”.

El ministro de Defensa considera que en aras a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social pero con el fin de proteger los derechos de todos los colombianos en el territorio nacional, “es necesario fortalecer las medidas penales para sancionar efectivamente a las personas que promueven los actos de violencia y vías de hecho que afectan el orden público y la normalidad de las actividades de los ciudadanos en distintas regiones del país”.

El proyecto excluye de estas medidas solo a las protestas y movilizaciones que sean autorizadas por las autoridades competentes.

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