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| 2/6/1989 12:00:00 AM

POLVORA EN GALLINAZOS

Según un prestigioso periodista norteamericano, Colombia está peleando como nunca, pero perdiendo como siempre, la guerra contra el narcotráfico.

El periodista norteamericano Michael Massing visitó Colombia en la segunda mitad del año pasado, para conocer de primera mano el fenómeno de la droga en este país. El resultado de esa visita fue un artículo aparecido en la respetada publicación The New York Review of Books, en la que el autor expone una novedosa apreciación sobre el fracaso de las políticas aplicadas para reprimir el tráfico ilícito. SEMANA presenta los principales fragmentos de ese documento.
Son cada mes que transcurre, la "guerra contra las drogas" se parece cada vez más a la guerra del Vietnam Mientras más dinero y recursos humanos son dedicados a ella, más parece avanzar el enemigo. Durante los últimos cinco años, el presupuesto de la DEA casi se ha doblado, para llegar aproximadamente a US$500 millones. En el mismo periodo, el personal de la Aduana de los Estados Unidos ha crecido de 12 mil a 16 mil personas. Para detectar a los contrabandistas, la Administración de Ronald Reagan estableció un centro nacional de interdicción en El Paso, Texas, instaló dirigibles equipados con radar en la frontera con México y envió aviones AWAC a patrullar el Caribe. En Latinoamérica, los agentes de la CIA acumula información de inteligencia sobre los productores de cocaína, el Departamento de Estado contribuye con costosos helicópteros Huey y las Boinas
Verdes instruyen a las fuerzas locales de policía en el arte de la guerra paramilitar.
Pero a despecho de todo eso, los narcóticos continúan fluyendo con la misma facilidad con que las tropas del Vietcong se deslizaban por la ruta de Ho Chi Minh. La cocaína de las naciones andinas de Sur América, la heroína del "triangulo dorado" en el sureste asiático, la marihuana de México, Colombia y Jamaica--todas a través de nuestras fronteras como un ejército silencioso. Nada menos que 50 países están involucrados en la producción, procesamiento y transporte de los narcóticos, en una red internacional dirigida a complacer a los indulgentes consumidores norteamericanos. Cada año, los estadounidenses gastan entre 50 y 100 mil millones de dólares en drogas ilegales. Y esa suma no comienza siquiera a medir el costo real para la nación--el crimen, los accidentes, los días de trabajo perdidos, para no mencionar las vidas destruidas. La tarifa es tan grande que las drogas han sorprepasado al comunismo como el foco máximo de preocupación nacional (...).
¿Existe alguna solución? En la búsqueda de una respuesta, recientemente hice una visita a Colombia, la fuente de cerca del 80% de la cocaína que entra a los Estados Unidos. Luego de hablar con funcionarios en Bogotá, de pasear por los sectores de droga en Medellín y de visitar el corazón coquero de Colombia, regrese convencido de que las fallas de la política de los Estados Unidos hacía la droga resultan de una lectura equivocada en lo fundamental sobre la manera como funciona el comercio de la droga. Encontré que, de hecho, el negocio de la cocaína está sufriendo cambios importantes, que ofrecen una excepcional oportunidad de hacer algo. Eso, sin embargo, depende de un cambio radical en las políticas equivocadas (...).
Formalmente, Colombia es una democracia. Tiene un presidente elegido (Virgilio Barco). Dos partidos políticos principales (Liberal y Conservador), un sistema judicial independiente y una prensa libre (31 diarios). Pero la verdadera autoridad es asumida por la gente que tiene armas y el deseo de usarlas. La violencia inspirada por los traficantes de drogas --los narcos--ha destruido el sistema judicial y las guerrillas han convertido grandes porciones del territorio en zonas vedadas para el gobierno. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)--el grupo guerrillero más antiguo del hemisferio occidental--tienen alrededor de 30 frentes, algunos de los cuales funcionan virtualmente como miniestados.
Incuestionablemente, sin embargo la institución dominante en Colombia es la militar. Con una línea dura semejante a la de cualquier otra en el hemisferio, el Ejército colombiano hace la guerra contra la izquierda con pocas restricciones impuestas por el gobierno civil. La mayoría de los grupos paramilitares están compuestos por personal militar. Con nombres como Terminator, Kojak y Vampiros, esos escuadrones de la muerte se conducen con la impunidad más grande, mientras matan estudiantes profesores, sindicalistas, campesinos, miembros de los partidos de oposición, mendigos, vagos y homosexuales. Entre enero y agosto de 1988, unas dos mil personas fueron asesinadas o desaparecidas por razones políticas. De acuerdo con Americas Watch, Colombia tiene uno de los peores récords en materia de derechos humanos en Latinoamérica.
Para los diplomáticos norteamericanos, Bogotá está considerada la segunda plaza más peligrosa del mundo (Beirut es el primera). A los empleados del gobierno se les prohibe traer sus hijos y la mayoría también dejan a sus esposas. Muchos llevan armas y los funcionarios más altos nunca viajan sin guardaespaldas; el jefe de la DEA tiene cuatro. La embajada en si, un enorme bunker de concreto situado en un sector comercial, es patrullada por guardias armados y está rodeada por una valla verde de acero de más de 2 metros de alto (...)
En contraste con la oscura situación fuera de la embajada, el ambiente dentro de ella me pareció sorprendentemente optimista. Los funcionarios con los que hablé indicaron que las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia nunca han estado mejores. "Ha habido un cambio de actitud en Colombia", me dijo el embajador Thomas McNamara (...).
"Si usted hubiera mirado la situación hace un año, había menos cooperación que ahora", dijo McNamara, quien tiene 48 años, es alto y tiene maneras de hombre de negocios. "Hace un año, los militares estaban relativamente desentendidos. Hace un año, el gobierno no estaba siguiendo el programa de erradicación en forma tan vigorosa como lo está haciendo ahora. Hace un año, usted no hubiera ni comenzado a ver la destrucción de laboratorios que está teniendo lugar ahora. Miles de kilos de cocaína han sido decomisados--una cantidad ampliamente superior a cualquiera del pasado". (...)
El cambio ocurrio el 25 de enero de 1988. En esa fecha, el procurador general de Colombia Carlos Mauro Hoyos, quien estaba en Medellín para investigar la liberación de Ochoa, fue asesinado en medio de lo que pareció un intemo de secuestro. El país quedó perplejo ante este crimen. En una transmisión de cubrimiento nacional el presidente Barco, asegurando que nunca se "rendiría" ante el narcotráfico, le declaró la guerra a los traficantes de armas. El Presidente invocó poderes de estado de sitio y anunció que estaba aumentando el pie de fuerza de la Policía Nacional, de 70 mil hombres, en 5 mil más.
Más importante que eso, los militares colombianos decidieron unirse a la guerra de las drogas. Era en muchos sentidos un paso natural, ya que las Fuerzas Armadas parecían el único poder en Colombia capaz de enfrentarse a los traficantes. Pero los generales del país se habían resistido durante largo tiempo a seguir ese camino. Ellos veían en las guerrillas, no en los narcos, a sus verdaderos enemigos y se oponían a cualquier compromiso que pudiera distraer a sus fuerzas de su guerra "verdadera". Adicionalmente, los generales conocían muy bien el poder corruptor del tráfico de drogas y temían que sus propios hombres pudieran ser arrastrados por él.
Sin embargo, la creciente sensación de pánico que se apoderaba del país combinada con la presión del gobierno de Reagan, convencieron a los militares de entrar en la guerra de la droga. Comenzando en marzo, la Cuarta Brigada, asentada en Medellín, lanzó una ofensiva contra el cartel. Guiada pot el carismático general Jaime Ruiz Barrera, la brigada atacó los laboralorios, ocupó escondites y desbarató redes de transporte. La campaña se adelanto durante meses, en los que se logró una victoria tras otra. Los resultados ciertamente parecían impresionantes. Durante la primera mitad de 1988, el gobierno colombiano informó que 3.545 personas habían sido arrestadas, 30 aeroplanos decomisados, 681 laboratorios destruidos, 39 pistas clandestinas inhabilitadas, 125.050 galones de éter capturados y 12.819 kilogramos de cocaína--más de 14 toneladas--destruidos (...)
Sin embargo, la campaña militar no tuvo efecto observable sobre la cantidad de cocaína que entraba a los Estados Unidos (...) "Aplaudimos lo que los militares colombianos están haciendo, pero yo no creo que están haciendo el más mínimo daño, principalmente por cuanto no han sido capaces de arrestar a ningún traficante mayor", dijo Johnny Phelps, un funcionario de la DEA que pasó tres años y medio en Colombia (...)
En la superficie al menos, Medellín es una de las ciudades más atractivas de Sur América. Situada en un valle pendiente de una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar, Medellín disfruta un clima de primavera que dura todo el año y que permite una bella y variada vegetación. Durante el día, la multitud pasea a través de las estrechas callejuelas del centro, llenas de almacenes, cafés y restaurantes. Para ayudar a aliviar la congestión del tránsito, la ciudad está construyendo un sistema de metro elevado. Lo más impresionante de todo son los edificios de oficinas, rascacielos que son testigos de la posición de Medellín como centro industrial del país. Esta es una ciudad de empresarios y comerciantes quienes, a través de los años, han construido fortunas en café, textiles, ganado, madera y, ahora, cocaína (...)
Los narcos de Medellín, aunque escondidos de la ley, son claramente visibles para todos los demás. Los hombres más buscados del país, no tienen inconveniente en moverse a sus anchas. La corrupción, por supuesto, juega un papel en ello. Un policía promedio gana cerca de US$100 por mes, así que le es difícil rechazar un soborno. Pero algo más fundamental tiene lugar. Para ponerlo simplemente, decenas de miles de personas se han beneficiado del tráfico de cocaína. Para labriegos y migrantes rurales, trabajar como "mula" puede ser una de las pocas rutas de escape contra la miseria. Y eso es sólo el comienzo. De acuerdo con una estimación, si el tráfico de cocaína desapareciera de un momento a otro, la tasa de desempleo de Medellín se doblaría para llegar al 25% (...).


Aun si los lideres fueran capturados, no es claro cuál sería el beneficio de esa acción. La estrategia de la administración de Reagan se basa sobre una premisa: si apresamos a las cabezas del Cartel de Medellín, el negocio de las drogas entraría en colapso. El problema es que no hay un verdadero cartel. El término "cartel" se refiere a una organización capaz de controlar el precio de un producto básico, y el mejor ejemplo es la OPEP del petróleo en los años 70. Pero la cocaína es difícil de regular (...) No es difícil entar en el negocio (...).
Con tanta gente luchando por su tajada del ponqué, es difícil ver lo que sucedería si se extraditara a un par de ellos. "Si capturaran o mataran a Pablo Escobar, dos segundos más tarde habría otro Pablo Escobar", me dijo un periodista colombiano. El caso de Carlos Lehder parece demostrarlo. Cuando Lehder fue capturado y extraditado al comienzo de 1987, los funcionarios del Departamento de Justicia sostuvieron que era el comienzo del fin del Cartel de Medellín. Estaban equivocados: Lehder cumple condena de por vida en la Florida, pero el tráfico está más fuerte que nunca.
Más aún, luchar contra los "narcos" parece convertirse en algo aún más difícil en el futuro dada la nueva actitud que toma fuerza en Colombia. Hasta hace poco, eran los pobres e ignorantes, aspirantes a convertirse ellos mismos en traficantes, los que constituian el mayor soporte de la mafia. Los colombianos más prósperos detestaban a los capos, a quienes veían como asesinos avarientos que preferirian matar a una familia antes que perder un negocio. Pero eso está comenzando a cambiar. Aunque no abrazan a la mafia, los colombianos de clase media están, poco a poco, acomodándose a ella.
Una razón para el cambio es el nacionalismo. Los colombianos están cansados de pelear la que ven como una guerra de Estados Unidos. Esa guerra les ha costado un ministro de Justicia, un procurador general, el jefe de la Policía Antinarcóticos, dos docenas de periodistas, más de 50 jueces y cientos de policías y soldados. ¿Y qué han conseguido a cambio? Insultos del Congreso de EE.UU., mala prensa y requisas humillantes en el aeropuerto de Miami. Cada vez más las operaciones antidroga de los Estados Unidos en Colombia son vistas como forma de intervencionismo. Los colombianos están particularmente resentidos con la DEA, a la que le dan el mismo oprobio que en otras partes recibe la CIA. En pocas palabras, el sentimiento anti-Estados Unidos está creciendo en Colombia y la mafia es el primer beneficiario (...) "El tráfico de drogas es como un río", observó Francisco Leal, director del Instituto de estudios políticos y asuntos internacionales de la Universidad Nacional. "Es una fuerza de la naturaleza. Se puede canalizar, ponerle diques, sacarle electricidad. Pero el río no desaparecerá. Todo lo que puede esperarse hacer con él es manejarlo". Controlar el tráfico de drogas, dijo Leal, requeriría una alternativa a los métodos represivos que generalmente favorecen los Estados Unidos. Muchas otras personas expresaron el mismo punto de vista durante mi estadia en Colombia. Se requeriría una nueva aproximación, se me dijo, una que tuviera en cuenta en pleno las dimensiones sociales y económicas del negocio de la cocaína (...).
A una hora de vuelo hacia el suroriente de Bogotá San José es la capital del Guaviare una región boscosa e inexplotada que produce el 80% de la coca colombiana. Hace 10 años, Colombia no producía coca alguna, y San José tenía sólo algunos miles de habitantes. Hoy, Colombia produce 30 mil hectáreas y San José es una pequeña y atareada ciudad de 25 mil personas. Ultimamente, sin embargo, la fortuna del pueblo ha decaído. En contraste con los capos de Medellín, que continúan disfrutando grandes utilidades de sus embarques, aquellos en la base de la pirámide de la cocaína han visto evaporarse sus utilidades. Ello es motivado principalmente por un programa de destinado a eliminar la coca de la región (...).
El escuadrón anticoca del gobierno era muy grande--sólo dos adminisiradores y un economista-pero parecía una de las pocas actividades gubernamentales asumidas con algún entusiasmo. Los tres hombres trabajaban con el Plan Nacional de Rehabilitación, un ambicioso programa lanzado por el presidente-Barco en 1986 para ayudar al desarrollo de las regiones más apartadas de Colombia. Día tras día, el equipo del PNR viajaba a las aldeas más remotas del Guaviare, para urgir a los pobladores abandonar la coca y plantar cultivos sustitutos tales como maíz, arroz, yua y cacao (...).
Los representantes del PNR me llevaron a la oficina de José Francisco Gómez, comisario del Guaviare, un hombre locuaz cuyas entrevistas tienden a convertirse en monólogos. El me contó que el gobierno de Barco estaba tratando de convertir al Guaviare en un "modelo nacional", para demostrar cómo una región en la retaguardia económica puede ser proyectada al mundo moderno. En toda la región, el gobierno estaba trabajando en la instalación de acueductos y generadores, levantando escuelas y hospitales. También estaba trabajando en el remplazo de la coca. Los sembrados eran una amenaza, dijo Gómez, que traía violencia.y corrupción y la destrucción de la salud de la gente. Observó que el gobierno ya ha eliminado el 40% de la siembra del Guaviare y está empeñado en terminar con el resto. Los labriegos resultaban amigables ciertamente: "Todo el mundo, observó, quiere salir de la coca" (...)
"No podemos decirles a los campesinos que se salgan de la coca sin darles una alternativa", me dijo el comisario durante su entrevista. Allí hizo su entrada el PNR. Ofreció a los campesinos comprar las semillas, los fertilizantes y otros materiales necesarios para los nuevos cultivos. Existía un gran obstáculo, sin embargo. "El Estado es muy pobre", explicó Gómez. "La gente me dice que quiere dejar de sembrar coca, pero no tenemos suficiente dinero como para ayudarles".
Cuando yo pregunté si los Estados Unidos habían ofrecido alguna ayuda, Gómez dijo que no y comenzó a hablar duro: "En lugar de gastar millones de dólares en tratar de evitar el flujo de cocaína que entra a los Estados Unidos, ustedes deberían ayudarnos a construir la infraestructuray a hacer préstamos a los agricultores. En vez de gastar todo ese dinero en la Florida, mándenlo aqui, a la fuente. Este es el mejor lugar para luchar la guerra contra la cocaína". La preocupación principal de los funcionarios de la región, era encontrar una vía que permitiera a los agricultores llevar sus productos al mercado. Para una mirada de cerca al problema, el PNR me arregló una visita a Calamar, el mayor centro de narcotráfico cincuenta millas al sur. El camino hacia allá era tan malo, que Jaime, el representante del PNR, y Juan Carlos, su ayudante, un agrónomo, reservaron un aerotaxi de 4 asientos. A lo largo, de todo el vuelo, el piloto mantuvo la avioneta volando muy bajo, para que pudiéramos tener una buena vista del paisaje. A diez minutos de San José, volamos sobre un pequeño parche de tierra cuya brillante vegetación verde contrastaba con los alrededores: coca. Cuatro o cinco veces durante el vuelo, Jaime señaló áreas similares, muchas menos, me aseguro, que las que había antes de la ocupación del Ejército, que ha estimulado nuevos cultivos(...)
Calamar no tiene teléfonos. Cuando alguien es requerido, se le llama por un altoparlante, como en "Mash". Preguntamos por el alcalde, quien se presentó unos minutos más tarde. Le expliqué mi interés en el problema de la coca. El alcalde, un hombre de 70 años llamado Vicente Ferrer Londoño, comenzó a describir los muchos clamores de Calamar. "La coca está murendo", dijo. "Ya no es rentable. La única gente que continúa cultivándola es la que no consigue ningún trabajo". Muchos traficantes han dejado de venir.
"El programa de ayuda del gobierno no lo está haciendo bien" dijo. El estaba particularmente descontento con el estado del sistema de vías. "Los agricultores pueden producir aqui cantidades de maíz y arroz", dijo Ferrer. "Pero ¿cómo van a venderlas si no hay caminos? Si el gobierno pavimentara la carretera entre Calamary San José"--la entrada a los mercados del país--, "la coca desaparecería por completo" (...)
De regreso en San José, hablé con el jefe de la policía antinarcóticos. El capitán Omar Humberto Díaz tiene sólo 26 años, pero comanda una fuerza de 120 hombres que es responsable por todos los esfuerzos de erradicación del sector. Por una vez, encontre alguien dispuesto a defender a la DEA. "Sin la DEA, nosotros no hubiéramos podido hacer nada, dijo el capitán Díaz. La contribución más importante de la agencia, son los helicópteros que ha proporcionado. Cuando los helicópteros están aquí, podemos hacer mucho por encontrar los campos de coca y quemarlos". Desafortunadamente, agregó, los helicópteros sólo vienen por un par de días cada dos o tres semanas antes de volar a otros distritos. Cuando le mencioné mi viaje a Calamar, y los clamores de los agricultores por ayuda, Díaz dejó en claro que sabía de lo que yo estaba hablando. "Yo necesito más helicópteros para hacer mi trabajo, pero también es importante dar a los agricultores los medios para remplazar la coca con otros cultivos". Le anoté que los Estados Unidos tenían sólo unos recursos limitados para el efecto. "Si usted tuviera que escoger entre más helicópteros y créditos para los agricultores, ¿que escogeria?" Respondió sin dudarlo un instante: "Los créditos"(...)

Por supuesto, no hay una estrategia que por si sola pueda ser efectiva. En sí mismos, las carreteras y los créditos no pueden eliminar el tráfico de drogas. Los obstáculos son demasiado grandes. La corrupción, por ejemplo. En el caso de la carretera San José-Calamar, el gobierno colombiano realmente dispuso el dinero para acometer las obras, sólo para verlo esfumarse en manos de funcionarios inescrupulosos. Claramente, cualquier programa de ayuda debería ir acompañado por un cuerpo de contadores. La seguridad es otra preocupación. En el valle de Huallaga, por ejemplo, los guerrilleros de Sendero Luminoso están tan atrincherados, que los trabajadores deberían llevar como equipo rifles M-16. Aun cuando fuera costoso, un programa de sustitución de cultivos podría resultar autodestructivo, pues mientras más cultivos de coca se eliminen, mayor presión hacia arriba se aplica a los precios. A menos que la demanda se reduzca drásticamente un programa de ayuda podría, en forma paradójica, aumentar el atractivo de la coca.
Todas las discusiones sobre la coca terminan en últimas en la demanda. Durante años los latinoamericanos han urgido a los Estados Unidos para que hagan algo contra el consumo, y por años la administración Reagan se contentó con los slogans y las conferencias. Hoy, finalmente, estamos siguiendo el consejo de los latinoamericanos. La ley recientemente promulgada autoriza cerca de US$500 millones adicionales, la mitad de los cuales para educación y tratamiento. Ese es un paso modesto, dada la amplitud del problema, pero por lo menos está dado en la dirección correcta. Mientras la demanda no baje, hasta la asistencia para el desarrollo podría resultar fútil.
La aparente invencibilidad del problema de las drogas ha incrementado el apoyo a la legalización. Durante mucho tiempo considerada un tema demasiado rudo como para ser mencionado en compañía de gente decente, la propuesta de legalización aparece ahora en las carátulas de las revistas. En Colombia pregunte sobre la legalización, con la esperanza de encontrar alguna perspectiva nueva sobre el punto. No lo logre. La legalización de las drogas tiene un atractivo incuestionable en Colombia, por lo que puede prometer en la eliminación de buena parte de la violencia asociada con los narcos, pero aun así, la resistencia a la legalización es fuerte. Durante los últimos años, el consumo de drogas en Colombia ha explotado, llenando las calles de las ciudades con bandas de gente joven completamente perdida. La gente teme que cualquier movimiento hacia la legalización podría incrementar el problema de la adicción.
Esa, por supuesto, es la principal preocupación de los Estados Unidos también. Los proponentes de la legalización han sido muy vagos en cuando a los efectos que su tesis podría tener en el consumo. ¿Cómo se proponen contenerlo? ¿Imponiendo una alta edad minima? ¿Limitando el número de expendios? ¿Requiriendo alguna forma de prescripción? Desafortunadamente, mientras más restricciones se impongan, más oportunidades habrá de que aparezca un mercado negro, y mientras más grande sea ese mercado negro, mayores el crimen y la violencia. En una forma u otra, las proposiciones para la legalización parecen prematuras, especialmente desde que los esfuerzos para reducir la demanda no han producido los resultados que merecen.
Pero es claro que la política seguida durante los últimos años, con su fuerte énfasis en la persecución y erradicación, no puede ser efectiva. Esto se hizo claro para mí hacia el fin de mi estancia en Colombia, cuando desayuné con un funcionario de la DEA. Me contó que 1988 había sido, desde el punto de vista policivo, el año más exitoso de Colombia hasta ahora. Dentro de uno o dos años, predijo los líderes de los Carteles de Cali y Medellín estarían o muertos o en la cárcel. Si el presupuesto de los Estados Unidos para la persecución se incrementara en 5 ó 10 veces, dijo con entusiasmo, "siento que podríamos sacar a los narcotraficantes de Colombia".
No bien completó el comentario sin embargo, terminó por darle su verdadero valor: "Eso solucionaria el problema en Colombia, pero no la disponibilidad mundial de cocaína". Ya se sabe, dijo el funcionario, que los narcotraficantes se están trasladando al Brasil. Comenzó a describir los problemas logisticos de ese país, las selvas, el medio salvaje, la enormidad del territorio. "Ese es el problema del futuro, y me asusta".
Michael Massing. (Tonmado) de The New York Review of Books).
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