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Ahora Petro considera que solo las medidas cautelares de la CIDH podrán mantenerlo en el cargo. | Foto: Daniel Reina

BOGOTÁ

¿Cómo va la discusión en la Judicatura por el caso Petro?

El Consejo Superior de la Judicatura se pone a favor de la decisión del procurador.

3 de marzo de 2014

En las próximas horas el Consejo Superior de la Judicatura tomará una decisión sobre el futuro político del alcalde Gustavo Petro. También lo hará sobre la sanción que le puso la Procuraduría cuando lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. La suerte parece echada para el mandatario capitalino: la ponencia del magistrado Pedro Sanabria va totalmente en contravía de los intereses de mandatario. Así se deduce tras la lectura del documento.

Este lunes en la Sala Disciplinaria, que tardó cerca de tres horas en los preámbulos del estudio del texto, se conoció una parte del sentido de la ponencia del magistrado Pedro Sanabria. Él adicionó a su proyecto de fallo la idea de que se debatiría la posible vulneración a los derechos políticos de los ciudadanos con la decisión del procurador y no se tendrían en cuenta solicitudes de pruebas y análisis de fondo del fallo del Ministerio Público.

En uno de los aspectos modificados en la nueva ponencia se precisa lo siguiente: “Los derechos políticos no tienen carácter absoluto, y por tanto de ninguna manera su ejercicio puede impedir la existencia de procesos disciplinarios y la imposición de sanciones que en derecho corresponda”.

Igualmente indica que la Constitución y la Ley han dejado claramente establecido que el procurador general de la Nación tiene total competencia para sancionar disciplinariamente funcionarios de elección popular, en este caso, al alcalde de Bogotá. Por esto, para el magistrado la decisión del Ministerio Público estuvo ajustada a derecho.

El magistrado Sanabria argumenta que para esa corporación, “la Procuraduría, con la sanción impuesta a Gustavo Petro, no les ha vulnerado los derechos a los accionantes aducidos en las demandas de tutela, como tampoco los de otra naturaleza, así cada ciudadano tenga la libertad para aducirlos”.

En el documento conocido por Semana.com se dice que con el fallo de la Procuraduría, tampoco se han desconocido los derechos políticos a la ciudadanía, es decir, a elegir y ser elegidos como dicen los accionantes.

“En caso de demostrarse algún perjuicio irremediable con la decisión atacada (fallo de la Procuraduría) a través de la tutela, sería para quien recibió la sanción, es decir, el señor alcalde, pero nunca para terceros completamente ajenos a ese proceso disciplinario, como ya se dijo”, se lee en la ponencia.

Petro se movió jurídicamente y a través de sus abogados solicitó unas pruebas como las declaraciones del contratista Emilio Tapia y del abogado Manuel Sánchez para demostrar que todo el caos originado por las basuras fue provocado por un complot de los operadores privados, quienes estaban en contra de que la prestación del servicio de aseo la asumiera el Distrito.

Con este panorama, parece que la suerte de Petro está echada, tanto, que el propio mandatario escribió la semana pasada en su cuenta de Twitter: “[sic] con la rapidez con q van los amigos del procurador en la justicia, tendríamos sustitución del gobierno elegido en Bogotá la semana entrante”.

Ahora los abogados y el propio mandatario consideran que sólo las medidas cautelares de la CIDH podrán mantenerlo en el cargo.