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| 10/9/2010 12:00:00 AM

Poniendo el pecho

El ex presidente Álvaro Uribe asume la responsabilidad en el escándalo de las 'chuzadas'. Esto, sin embargo, lejos de resolver el caso, lo complica aún más.

¡Mátenme! Si quieren matar a su Presidente, mátenme", gritó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, jalándose la corbata en la ventana donde estaba durante el minigolpe de Estado. Algo similar, de manera simbólica, hizo el ex presidente Álvaro Uribe el lunes pasado, cuando dio a conocer un comunicado en el que decía que él asumía la responsabilidad jurídica y política por las actuaciones de quien fue su secretario general, Bernardo Moreno. Lo que les estaba diciendo a sus críticos, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia era que él ponía el pecho con el prestigio de la Presidencia de la República por Moreno. El pronunciamiento de Uribe ocurrió unas horas después de que se dio a conocer el fallo de la Procuraduría General en el que le impuso al ex secretario general una sanción que lo inhabilita por 18 años para ejercer cargos públicos a raíz de la investigación por el caso del espionaje ilegal del DAS contra la Corte Suprema y otros.

A pesar de lo desafiante del comunicado, algunos leían entre líneas una defensa menos incondicional de la impresión que dejó inicialmente. Llamó la atención la frase "Si aquello que hizo el doctor Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, nunca sugirió actividades ilegales yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta". Con esto dejaba en claro que solo respondería por las actuaciones legales. Para algunos esto significaba que el comunicado no tenía tanto peso como quiso resaltar Moreno cuando afirmó que era una muestra de un respaldo incondicional de su ex jefe. Si Uribe solamente respondía por lo legal, le estaba quitando el cuerpo al meollo del asunto, que era lo ilegal. Otros más mal pensados llegaron a interpretar esa frase como que el ex mandatario estaba insinuando que si ocurrió algo non sancto habría sido a sus espaldas. Sea cual sea la intención del comunicado del ex presidente, lo que es evidente es que no resuelve los interrogantes sobre lo que ocurrió entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia.

La sanción de la Procuraduría, una de las más altas impuestas a funcionario alguno, se basó en un único cargo: Moreno se extralimitó en sus funciones al reunirse el 24 de abril de 2008 con funcionarios del DAS y de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) para conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes.

La historia de este encuentro se inició en noviembre de 2007, cuando Moreno le entregó a Mario Aranguren, director de la Uiaf, un sobre que tenía información de un vuelo chárter que hicieron a Neiva en 2006 algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El viaje, de acuerdo con la información que tenía el entonces funcionario de la Presidencia, había sido patrocinado por la agencia de viajes Basan, propiedad de Ascencio Reyes, quien, supuestamente, tenía vínculos con el narcotráfico.

Moreno le entregó aquella información a Aranguren para que hiciera las verificaciones necesarias. En ese mismo mes, el ex secretario le pidió a María del Pilar Hurtado, entonces directora del DAS, que verificara información del señor Ascencio Reyes, sus presuntos nexos con el narcotráfico y la posible infiltración de la Corte Suprema de Justicia. Hasta esta parte, la historia no presenta nada raro, según la Procuraduría, "pues es deber de todo servidor público remitir al competente aquellos asuntos que sean de su conocimiento y respecto de los cuales carezca de competencia para tramitarlos".

Para el Ministerio Público lo grave ocurrió siete meses después, el 24 de abril de 2008. Ese día, Moreno "llamó a la Uiaf para pedir información de los avances del caso relacionado con el sobre que había entregado al director de la Uiaf en el mes de noviembre de 2007. Ese mismo día, también se comunicó con la doctora María del Pilar Hurtado, directora del Departamento DAS, para que asistiera a su despacho con el fin de tratar asuntos relacionados con el señor Ascencio Reyes", dice la Procuraduría.

En efecto, la Uiaf envió a dos funcionarios con la información financiera de Reyes y su familia. "Las pruebas indican que el doctor Bernardo Moreno dedicó buena parte del día 24 de abril de 2008, en su oficina de la Presidencia de la República, a controlar los avances y resultados de las instrucciones que meses atrás había dado a los respectivos directores del DAS y de la Uiaf, sobre el tema Ascencio Reyes y su relación con la Corte Suprema de Justicia", encontró la Procuraduría.

"El despacho, a lo largo de este fallo, ha establecido que el motivo por el cual Ascencio Reyes merecía la atención del Secretario General, del Director de la Uiaf y de la Directora del DAS, es porque tiene presuntos vínculos con el narcotráfico y se relaciona con la Corte Suprema de Justicia y a través de ello se podría desprestigiar al alto tribunal", dijo uno de los apartes de la providencia. Sin embargo, el procurador general, Alejandro Ordóñez, hace una aclaración fundamental, que es la base de la larga inhabilidad impuesta a Moreno. "Reyes fue el medio para desprestigiar a la Corte, por lo tanto no es fortuito que el Secretario General le entregue la información a los directores de dos entidades del Estado con funciones de inteligencia y luego requiera los avances y resultados. El Secretario General no tiene funciones asignadas o relacionadas con temas de seguridad o inteligencia del Estado. Por lo que se concluye que el apoyo que le brinda el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al señor Presidente es de carácter administrativo", concluyó Ordóñez.

El fallo del Procurador, a pesar de su tono, no revela un contenido muy escandaloso. Da la impresión de que el Ministerio Público quería quedar bien con la opinión sin ofender al funcionario. El verdadero meollo del asunto es que había un enfrentamiento a muerte entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, y el nombre de Ascencio Reyes fue utilizado para tratar de darle un marco legal a una sacada de clavo. No obstante, el caso tiene más arandelas de las que menciona la providencia.

Por un lado, hay unas diferencias de fechas que dejan la impresión que Moreno no ha dicho toda la verdad. Según él, fue a finales de noviembre de 2007 cuando informó verbalmente a la Uiaf y al DAS para que indagaran sobre Reyes. Sin embargo, desde comienzos de ese mes, Moreno ya había recibido toda la documentación del viaje, pues él mismo la había pedido a la Aerocivil. Por lo tanto, cuando recurrió al DAS para solicitar que hiciera esa investigación podía estar legalizando lo que ya había hecho debido a que la investigación financiera no está dentro de la competencia de la Presidencia de República, pero sí de la Uiaf y del DAS.

Queda por verse el desarrollo de la investigación en la Fiscalía, donde los asuntos no son disciplinarios sino penales. El eje de todo este enredo es que ante una investigación ordenada por el secretario general de la Presidencia, a instancias del propio Presidente de la Republica, acabó siendo efectuada a través de múltiples actividades ilegales. Manifestar una preocupación por la infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia no constituye un delito. Pero poner una grabadora debajo de la mesa del salón de sesiones de eso organismo definitivamente sí. El fiscal del caso se encuentra en la incómoda situación de determinar hasta dónde sube en la cadena de intermediarios la responsabilidad penal. Pues en lo que todo el mundo está de acuerdo es que no puede limitarse en la pobre señora de los tintos que puso la grabadora. Por encima de ella estaban, en primer lugar, la detective del DAS Alba Luz Flórez, conocida como 'la Mata Hari', luego los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia de ese organismo, Fernando Tabares y Jorge Lagos. Arriba de ellos, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. Por encima de ella, el secretario general y, por último, el propio Presidente, quien ha asumido él mismo la responsabilidad política y jurídica del caso. De lo que determine la Fiscalía se verá quién va a la cárcel y quién no.
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