Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/07/02 00:00

¿Popeye al Senado?

La sola noticia estremeció a muchos, pero legalmente no es posible. El gran interrogante es si en Colombia el jefe de sicarios de Pablo Escobar hubiera obtenido los votos para llegar.

Jhon Jairo Velásquez alias Popeye. Foto: Pablo Andres Monsalve

Jhon Jairo Velásquez –alias Popeye–, según su propio testimonio, mató personalmente a unas 300 personas y coordinó el asesinato de otras 3.000. Por cuenta de su sometimiento a la justicia, pasó 23 años y 3 meses en la cárcel. Después de salir intentó aprovechar la tribuna de YouTube para lavar su pasado. Pero la noticia más desafiante fue la última: aspira a convertirse en senador de la República en las elecciones de 2018.

La noticia ha despertado una mezcla de sorpresa e indignación. A nadie se le habría ocurrido que el sicario más famoso de Pablo Escobar pudiera o quisiera ser congresista. Si se tiene en cuenta que Al Capone en toda su vida fue acusado de asesinar a no más de 20 personas, comparado con Popeye y sus 3.000 jamás llegó a esos niveles de sevicia. Y aun así es considerado el gánster más famoso de la historia.

Tres interrogantes surgen del aspirante al Senado Jhon Jairo Velásquez Vásquez: 1) Cuál es la lógica de ese absurdo. 2) Cuál es la legislación que le permitiría tener ese derecho. 3) Qué posibilidades tendría de obtener los votos necesarios para ser elegido.

Desde el ángulo de Popeye –y de algunos sectores de la derecha colombiana– la lógica no suena tan irracional. Su planteamiento es que si los asesinos que no van a pagar un solo día de cárcel –las Farc– van a tener el derecho a participar en política, ¿por qué no lo va a tener un criminal que ha pagado 23 años de condena? Esa, sin embargo, es más una interpretación personal que una realidad viable. Según la legislación colombiana, no podrán ser congresistas “quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”. Los primeros son los de los actores del conflicto armado, y los segundos –los culposos– son los que se cometen por imprudencia o por negligencia, es decir, sin intención. Los 300 asesinatos que Popeye ejecutó personalmente o los 3.000 que coordinó definitivamente no entran en ninguna de esas categorías.

Por lo tanto él se estaría jugando la carta de considerar sus asesinatos como delitos políticos. En ese escenario él cree que podría presentarse ante el Tribunal de Paz de la justicia transicional y obtener los mismos beneficios que los guerrilleros o los militares, los cuales incluyen la recuperación de los derechos políticos.

El anterior escenario es totalmente imposible. Para acceder a la justicia transicional es necesario ser uno de los actores del conflicto y a los narcotraficantes no se les reconoce esa condición. Algunos lograron disfrazarse de paramilitares comprando bloques de autodefensas, pero Popeye no es uno de ellos. Por consiguiente la inhabilidad que tiene en razón de su macabra hoja de vida es irrevocable.

El gran interrogante es: ¿si hubiera tenido el derecho a aspirar, cuáles hubieran sido sus posibilidades de contar con el número de votos necesarios para ser elegido? No le hubiera quedado fácil. Se ha dicho que por ser un éxito en YouTube con 134.500 seguidores, contaría con el respaldo suficiente. Sin embargo, como ningún partido le daría su aval, tendría que lanzarse por firmas, y una elección individual bajo esa modalidad requiere muchos votos. Nombres como el de Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Sergio Fajardo se han hundido en ese experimento. En teoría para ser elegido por firmas se requiere alcanzar el 3 por ciento del umbral. Si se toma como referente la última elección, esa cifra correspondería a más de 300.000 votos. En Colombia seguramente hay innumerables hampones, pero no todos siguen a Popeye, pues en los partidos tradicionales también los reciben.

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