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| 1/28/2012 12:00:00 AM

Popular o populista

El gobierno está decidido a ‘meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas, al promover manifestaciones campesinas como la de Barranquilla. ¿Qué lleva a Juan Manuel Santos a hacerlo?

La escena en el estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado viernes 27 hablaba por sí sola. El presidente de la república echándose un discurso de plaza pública en una concentración de algunos miles de campesinos, convocada con apoyo del gobierno para respaldar el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, es algo con pocos precedentes. Los gobernantes hacen grandes concentraciones, en ocasiones electorales y para algunos objetivos puntuales. Pero, salvo contadas excepciones, han sido en general alérgicos a ‘meterle pueblo’ a temas distintos a la paz o el secuestro. ¿Cuáles son entonces las razones que llevan a Juan Manuel Santos a fomentar la movilización de miles de campesinos y afectados por la guerra en respaldo a la Ley de Víctimas?

La concentración no fue la que los organizadores esperaban. No se llenaron las graderías inferiores del estadio barranquillero y la tribuna alta estaba vacía. Tampoco se trató de una marcha sino de un “encuentro”, como lo llaman en Presidencia. Asistieron, a lo sumo, unas 10.000 personas. Pero es apenas lo que se anuncia como el comienzo de un proceso en el que están planeadas nuevas manifestaciones, como la del próximo 11 de febrero en Necoclí, Antioquia (el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, quien la tiene a su cargo, promete 40.000 asistentes), y que seguirá a lo largo de este año en Bogotá y en numeras zonas del país. Ahí se pondrá a prueba, también, la capacidad de convocatoria del gobierno y las organizaciones que apoyan la restitución de tierras y la reparación a las víctimas.

Más allá de la asistencia a esta y a nuevas manifestaciones, quedan sobre la mesa preguntas de fondo. ¿De qué se trata este proceso? ¿De inyectarle pueblo a la restitución de tierras para blindarla frente a sus múltiples enemigos en la izquierda y la derecha extremas? ¿Es una bandera que cae como anillo al dedo para que la agenda presidencial continúe capturando la atención dominante en los medios? ¿O, incluso, un recurso de largo aliento, tan popular como populista, que podría enarbolarse hasta para la reelección?

La idea, según varios de los involucrados consultados por SEMANA, surgió desde las organizaciones de la sociedad civil. Preocupadas por los asesinatos de líderes sociales y reclamantes de tierras despojadas, buscaron a uno de los promotores de la ley, Juan Fernando Cristo, y se organizó una reunión en Palacio el domingo 4 de diciembre con el presidente, varios ministros y la plana mayor de las Fuerzas Armadas en donde una decena de líderes de organizaciones hablaron de las amenazas y los riesgos a los que están expuestos y que son la espada de Damocles sobre la aplicación de la Ley de Víctimas. Allí se afinó la idea de “meterle base social” al proceso, como dice Vargas Lleras. En el alto gobierno creen que, si bien la ley y sus mecanismos están listos, eso no es suficiente. Hay cierta preocupación por el bajo registro de víctimas y se tiene la convicción de que estas manifestaciones masivas pueden ayudar a motivarlas. “Sin este apoyo, la implementación (de la ley) se complica; el acompañamiento es fundamental. La ley tiene muchos enemigos”, dice Cristo.

Por una parte, es claro que un proceso de restitución como el que ya ha devuelto a sus dueños 800.000 hectáreas, y que este año devolverá otras 130.000, tiene, como lo dijo el presidente en su discurso, “enemigos de la extrema izquierda y (…) de la extrema derecha”. A la guerrilla le disputa una bandera histórica, y a los sectores ligados al paramilitarismo y al despojo los afecta directamente. No faltarán, desde la derecha, quienes digan que estas campañas gubernamentales van a terminar fomentando la invasión de tierras. Acompañar el proceso con la movilización de miles de personas puede contribuir a blindarlo, a darle legitimidad y a proteger a quienes reciban esas tierras, cuya seguridad es uno de los grandes interrogantes que trae consigo la aplicación de la Ley de Víctimas.

Por otra parte, un primer efecto colateral de esta campaña del gobierno es que va, con toda probabilidad, a enfurecer al uribismo más puro y duro y a profundizar el abismo abierto entre el actual mandatario y su antecesor. No es un secreto que Álvaro Uribe y sus partidarios se opusieron a la ley. Verla ahora respaldada con movilizaciones va a generar en algunos sectores señalamientos de demagogia y populismo contra el gobierno de Santos, y de los riesgos de polarización que pueden generar este tipo de manifestaciones en zonas muy afectadas por el conflicto armado.

No deja de ser cierto que, quiéralo o no el gobierno, esta campaña tiene su tinte populista. Sobre todo si, como temen algunos, el despliegue de concentraciones, marchas y discursos no se ve acompañado de medidas prácticas que garanticen la implementación de la Ley de Víctimas en el terreno. “Esto no puede quedarse solo en movilizaciones sino en hechos efectivos de reparación y restitución”, dice Ana Teresa Bernal, coordinadora de la Alta Consejería para las Víctimas en Bogotá,  quien estuvo entre los promotores de la reunión de diciembre con el presidente para lanzar las manifestaciones de apoyo a la ley. Los desafíos de seguridad, institucionalidad y justicia que deben superarse para hacer realidad la “revolución agraria” de la que habló Santos en Barranquilla son colosales y este gobierno no se evaluará por cuánta gente movilice a favor de la misma sino por si logra hacer realidad la devolución de cientos de miles de hectáreas expoliadas, sin que, a la vuelta de unos meses, sus beneficiarios las vuelvan a perder. Eso sin contar con que se garantice la viabilidad económica de los proyectos de sus nuevos propietarios.

También es cierto que este gobierno ha mostrado una particular habilidad para que su agenda sea dominante en los medios y sus anuncios acaparen las primeras planas. Este plan de manifestaciones por todo el país, donde víctimas y campesinos se mezclan con el presidente y sus ministros, cumple a la perfección esa misión. Seguir los avatares de miles de fincas devueltas a sus dueños es mucho más difícil para la prensa que cubrir los mítines y los discursos presidenciales, como lo sabe cualquier experto oficial en las sutiles artes de la comunicación política.

Están, por otro lado, organizaciones de víctimas que consideran insuficientes algunos aspectos de la ley tal cual se aprobó en el Congreso y que, además de demandas que buscan que la Corte Constitucional module sus alcances introduciendo mayores garantías, preparan movilizaciones para airear sus críticas y pedir cambios. Las que apoya el gobierno tienen también, de hecho, el ingrediente de salirles al paso a estos críticos. Será interesante ver, a lo largo del año, este pulso en calles y plazas en torno a los alcances de la Ley de Víctimas.

Todas estas no son sino manifestaciones de lo crucial que será 2012 para la implementación de esta  histórica pieza legislativa (aún está por verse qué dirá la Corte Constitucional que, como lo hizo con la Ley de Justicia y Paz, puede introducir no pocos cambios en sus sentencias a las 19 demandas que ya ha recibido). La aprobación de leyes como esta y sus anuncios de gran impacto mediático han contribuido a que el gobierno Santos mantenga altos índices de popularidad en su primer año y medio. Ahora ha llegado la etapa crucial, la de la ejecución. ‘Meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas va a contribuir a sacarla adelante y a blindarla contra sus muchos enemigos. Pero, como dijo a SEMANA Héctor Gutiérrez, un campesino de Juan de Acosta, Atlántico, uno de los muchos asistentes a la concentración en el estadio Metropolitano de Barranquilla que lo han perdido todo, lo que él espera es “tierra”. Y no son solo manifestaciones y discursos las que se la pueden entregar. Este es el gran desafío del presidente Santos.
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