Por ahora, todo bien

Ni las catástrofes naturales ni el déficit fiscal de Estados Unidos impidieron que el Congreso norteamericano aumentara para 2006 los fondos que destinará a los países andinos y, especialmente, a Colombia. Sin embargo, la demora en la extradición de los paramilitares y las dudas que genera la Ley de Justicia y Paz hicieron que el apoyo al proceso de desmovilización, al que se destinaron 20 millones de dólares -de los 80 solicitados inicialmente-, haya quedado condicionada a la certificación por parte del Departamento de Estado de que "Colombia está cooperando plenamente con la extradición de líderes y miembros de organizaciones terroristas que son requeridos por la justicia de Estados Unidos". Con estos dos anuncios la semana pasada concluyó una larga estrategia de lobby del gobierno Uribe en Washington. El resultado tiene dos caras: un triunfo de la diplomacia colombiana, por un lado, y la desconfianza que genera un proceso de desmovilización de los paramilitares, por el otro. El resultado es ambiguo. El monto aprobado para los países andinos fue de 734 millones de dólares, de los cuales Colombia recibirá casi 600. Lograr esta asignación no fue fácil. Además de los problemas fiscales, existen dudas sobre la efectividad de los programas de erradicación de cultivos. Las cifras son motivo de controversia. El pasado 31 de octubre la ex embajadora en Bogotá Anne Patterson, en audiencia de confirmación ante el Senado como subsecretaria de Estado para asuntos de narcóticos internacionales, afirmó que "Estados Unidos y Colombia están buscando cambios estratégicos, tecnológicos y legales para contrarrestar la acelerada tasa de replantación de cultivos ilegales del narcotráfico". Este tema será clave a la hora de definir la viabilidad del anuncio hecho por el embajador Andrés Pastrana a SEMANA, según el cual el gobierno Uribe espera presentar para 2007 un nuevo presupuesto para asegurar el segundo capítulo del Plan Colombia durante cinco años más. A pesar de que el Congreso suavizó finalmente las condiciones en materia de derechos humanos, el leguaje manifiesta una evidente desconfianza frente a la aplicación de la Ley de justicia y paz. La primera condición establece que el Departamento de Estado debe certificar que el dinero "será utilizado sólo en aquellos que hayan renunciado de forma terminante a su afiliación con grupos ilegales". La segunda, y la más compleja, es la extradición de los jefes paras. Un punto clave para algunos exponentes de la línea dura, como el senador Patrick Leahy. Sin embargo, la redacción se debe interpretar más como un mecanismo de presión hacia el gobierno de Colombia, que como una obligación tajante que podría poner en juego el proceso de paz. La norma, como quedó aprobada, deja un espacio para manejar el espinoso asunto dentro de la fórmula que ha utilizado el gobierno Uribe en los casos de Salvatore Mancuso y 'Don Berna'. Es decir, aprobar sus extradiciones, pero suspenderlas. La tercera condición pide que "la secretaría de estado certifique que Colombia implementa su marco jurídico para el verdadero desmonte de las estructuras paramilitares". Gran parte de este lenguaje fue redactada y exigida por el senador Leahy. El Senado y algunos líderes demócratas de la cámara también siguen pronunciándose con firmeza. Pero hasta la fecha, la línea dura guarda, silenciosa, un compás de espera y no es la que está dictando la política hacia Colombia. Falta ver si este margen puede llegar a agotarse. Es decir, si la Casa Blanca, en medio de una débil situación política, es capaz de mantener a los halcones a raya.