Por buen camino

Jose Francisco Gonzalez, de 15 años, secuestrado por las Farc en Villeta, Cundinamarca, el 4 de noviembre de 2001, fue liberado en un operativo del DAS la semana pasada; Susana Correa, de 40 años, en manos del ELN desde hacía 13 meses, fue sacada por la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea, el 3 de enero de las selvas del Naya, en Cauca; y el 6 un Gaula policial rescató a Blanca Guerrero, de 30 años, y a su hija de 5 meses, secuestradas el 20 de diciembre en Soacha, y el Ejército evitó que el secuestro de Elizabeth Kuchldrig, ciudadana alemana residente en Colombia, el 23 de diciembre en Lebrija, Santander, llegara lejos, pues la rescató al día siguiente. Tantas buenas noticias de los últimos días han aupado las esperanzas de los colombianos de que, bajo el liderazgo del nuevo gobierno, las autoridades son más eficaces. ¿Es esta percepción real? ¿Se está iniciando, en efecto, un camino que terminará en la pronta derrota del atroz crimen? Una revisión cuidadosa de las últimas cifras y de las estrategias en marcha invita a ser más cauteloso. Falta trecho por recorrer para asegurar que el país esté encaminado a acabar esta desgracia nacional. Pero todos los expertos del tema coinciden en que hay factores que han cambiado definitivamente. Primero los datos. Aunque todavía no hay cálculos finales de 2002, pues la mesa de trabajo de Fondelibertad, que reúne a todas las entidades involucradas en el tema, no ha depurado las cifras de diciembre, para noviembre las autoridades habían rescatado a 628 personas. Detrás de esta cifra hay un trabajo excepcional de los Gaula y demás miembros de la Fuerza Pública, pues pocos países pueden hablar de centenares de rescates en un solo año. No obstante, en proporción al número de secuestros en ese período, 2.731, la tasa de rescates fue de 23 por ciento, la misma del año 2001, y en este sentido no hubo mejoría. Tampoco la hubo si se compara el período de gobierno de Alvaro Uribe de agosto a diciembre de 2002 con el mismo período del año anterior. En ambos lapsos se dio casi la misma cantidad de rescates según las cifras preliminares, en las que coinciden tanto Policía como Ejército. Las noticias sobre la efectividad del nuevo gobierno son más alentadoras por la caída en el número de secuestros. Entre agosto y diciembre de 2002, según la Policía, disminuyó en 13 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. ¿Qué se está haciendo bien? Varias cosas. La primera, hay un mayor compromiso y liderazgo al más alto nivel, del presidente Uribe, el vicepresidente, Francisco Santos, y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Por ejemplo, según lo anotó un experto, "el Conase -el consejo rector de la lucha antisecuestro- se volvió un organismo activo en el cual realmente se discuten los principales obstáculos y se buscan soluciones prácticas". Como sostiene Juan Francisco Mesa, director de la Fundación País Libre, la principal ONG en el tema, hoy "la presión sobre resultados es mucho mayor". Mesa, al igual que otros expertos consultados, asegura que la política desarrollada por el nuevo gobierno, que pone énfasis en el mayor control territorial, ha tenido un efecto positivo en disminuir los retenes de la guerrilla en las carreteras ( 'pescas milagrosas') y en frustrar este tipo de secuestros masivos. También la colaboración ciudadana ha sido otra clave. "Ahora hay más confianza de la gente, más voluntad de colaborar con la Fuerza Pública", dice el general Carlos Alberto Fracica, jefe de Inteligencia del Ejército. Y en este delito la colaboración de la gente es crucial. Según cifras de la mesa de trabajo de Fondelibertad, 88 de cada 100 rescates que hubo entre enero y noviembre de 2002 se dieron en la primera semana del secuestro; es más, 65 por ciento se dio el mismo día. Una reacción inmediata sube la probabilidad de quitarle un secuestrado a sus captores. A pesar de los logros recientes por una mayor presencia territorial de las Fuerzas Militares y de Policía el problema es que apenas el 16 por ciento de los secuestros se dan en pescas milagrosas, según estimados de País Libre. El resto es el secuestro selectivo, en el que el criminal investiga a la víctima, infiltra su círculo de amistades o empleados y se la lleva. Y en este terreno hay buenos proyectos pero todavía no se han puesto en acción para echarlos a andar. Según dos expertos consultados por SEMANA, entre otros cambios se necesitan protocolos de investigación y acción compartidos por todas las autoridades; normas que estimulen la delación de miembros de los mismos grupos delincuenciales que lleven a investigaciones y rescates más rápidos y prácticas para obtener mayor información de víctimas liberados y de sus familiares para que colaboren. Algunos rescates -sobre todo los de los secuestrados políticos- tampoco se dan porque las familias han solicitado expresamente que no se intenten. "Le prometí a mi esposo antes de morir que no autorizaríamos ninguna operación rescate de Ingrid", dijo a SEMANA Yolanda Pulecio, la madre de la ex candidata presidencial secuestrada en marzo pasado. Ella insiste en que lo más seguro para su hija es el intercambio humanitario con las Farc y que incluso estuvo en diciembre en La Modelo, donde habló con guerrilleros y les pidió que le ayudaran a conseguir una carta de puño y letra de Ingrid como prueba de su supervivencia. Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, uno de los 12 diputados del Valle secuestrados, coincide: "Como vocera de los diputados ratifico que no somos partidarios de una acción militar que busque rescatarlos; esas acciones ponen en riesgo sus vidas". "Nosotros respetamos la voluntad de la familia, pues no podemos garantizar el ciento por ciento de éxito", dijo el general Fracica. A pesar de que los indicadores de éxito en los rescates (una sola víctima en los casi 700 rescates de 2002, y ésta en una persecución en caliente y no en una operación planeada), es verdad que nadie puede garantizar que no va a haber una tragedia. Para algunos el Estado debería actuar de todos modos. "Es deber del Estado devolver a la libertad a todos los colombianos, con o sin la aprobación de la familia, con o sin la orden presidencial", dice Mesa. Un funcionario que ha colaborado en decenas de investigaciones coincide y asegura que el riesgo de muerte se eleva muchísimo mientras más tiempo pase la persona secuestrada. Lo que ocurre es que no es fácil liberar a muchos secuestrados -y menos a los custodiados políticos- que están en selvas o montañas. Ubicarlos exactamente, llegar al lugar, saltando anillos de seguridad y campos minados, es una misión casi imposible. Y la carrera del oficial que falle y se le muera una víctima puede quedar en la cuerda floja. Tanto es así que ni siquiera se ha logrado liberar a los 47 miembros de la Fuerza Pública que siguen secuestrados desde hace años, a pesar de que, como dijo el general Fracica, "consideramos una misión y un deber moral rescatarlos". En suma, a pesar del ruido de las últimas semanas, con el nuevo gobierno aún no suben los rescates. Su política de quitar a la guerrilla dominio territorial con mayor presencia de la Fuerza Pública en las carreteras ha tenido repercusiones positivas en la disminución de secuestros en retenes. Hay rescates muy difíciles de lograr y, si hay un error, tendrían un costo político muy alto. Por último, el gobierno le ha puesto mayor compromiso y dinámica a esta batalla y tiene buenos proyectos sobre la mesa, pero aún falta verlos puestos en práctica. Pero nadie puede esperar que a un problema que se le dejó coger mucha ventaja por tantos años se resuelva en cinco meses, y el futuro es esperanzador.